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“Cuando la patria está en peligro, se recurre a Dios y al soldado. Cuando el peligro pasa, Dios es olvidado, y el soldado … juzgado”.
Como parte importante de la blitzkrieg del peronismo pegoteado (impuestazos, degradación de las instituciones, abuso de medios públicos) la clara intención de Cristina Fernández de obtener total impunidad respecto a las innumerables causas por corrupción que la afectan –y, con ella, a sus hijos- se materializa diariamente a través de su control sobre los organismos que actúan como acusadores en las mismas y en el Consejo de la Magistratura, que controla la designación y la remoción de los jueces. Por lo que se ha visto en los últimos días, me atrevo a decir que la obtendrá.
Por otra parte y como era de esperar dada su ideología, Sabina Frederic, la ministra de Seguridad de Alberto Fernández, adoptó desde su designación, hace sólo dieciocho días, una serie de medidas que tendrán fuertes consecuencias sobre la sociedad.
Derogó el protocolo que había promulgado Patricia Bullrich sobre el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad bajo su mando (Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval) y, en la práctica, transformó a éstas en inocuas frente al delito en todas sus formas.
A partir de ahora, no solamente los uniformados deberán pedir por favor a los ladrones y asesinos que se entreguen sino que, si tuvieran que disparar para salvar su propia vida, quedarían a merced de los jueces y, dependiendo de cuán garantista (la famosa escuela de Raúl Zaffaroni) sea el magistrado que le toque en suerte, podría terminar absuelto o preso por larguísimo tiempo. La seguridad, ¡bien, gracias!
También retiró del equipamiento del que dispondrían los agentes que se desempeñan en sitios muy concurridos (estaciones ferroviarias o subterráneas, etc.), las famosas pistolas eléctricas Taser, diseñadas precisamente para evitar riesgos para los ciudadanos durante hechos de violencia en esos ambientes. Y suprimió el Servicio Cívico Voluntario en Valores, creado durante la gestión de Patricia Bullrich y que tuvo una enorme y positiva repercusión en la sociedad, sin dar otra explicación que no se trataba de una actividad específica de la Gendarmería.
Pero si algo peor cabía esperar, rápidamente se arrogó facultades judiciales –lo mismo que hizo Axel Kiciloff cuando designó dos ministros provinciales, pese a que se encuentran procesados, invocando la teoría del lawfare- cuando dijo que volverá a investigar la presunta responsabilidad de la Gendarmería en la muerte por ahogamiento de Santiago Maldonado y, además, que revisará la pericia que esa fuerza realizó, con control de los jueces, y concluyó en que Alberto Nisman fue asesinado.
Suprimió la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y hay fuertes rumores y trascendidos acerca de una suspensión total del famoso “Escudo Norte”, montado durante la presidencia de Mauricio Macri para terminar con la porosidad de nuestras fronteras y evitar el tráfico de drogas provenientes de Bolivia y Paraguay. Si esa medida se confirmara, obviamente se revitalizaría la alianza que tantos años vinculó a los grandes carteles con la asociación ilícita que encabeza la familia Kirchner.
Mientras tanto, la catarata de empresarios, gremialistas y políticos presos por corrupción que salen de la cárcel después del triunfo de Fernández² en las PASO –Julio de Vido, Roberto Baratta, Cristóbal López y Fabián de Souza, Carlos Kirchner, Gerardo Ferreyra, Oscar Thomas, Atanasio Pérez Osuna, Fernando Esteche, Miguel Angel Plo, Omar “Caballo” Suárez y César Milani- continúa sin pausa y, como dije más arriba, van cayendo las causas que involucran a Cristina y sus cómplices.
En todos los casos, esas excarcelaciones y prisiones domiciliarias obedecieron a la nueva norma que dictara el Hº Aguantadero para limitar el arbitrio de los jueces, o a razones humanitarias vinculadas con la salud de los detenidos, bajo el argumento de las carencias que tiene el Hospital Penitenciario Central, ubicado en el penal de Ezeiza.
Es entonces, cuando la indignación me supera. Porque es en ese mismo nosocomio donde se deben atender los militares y civiles, todos ellos ancianos, que se encuentran detenidos en las inventadas y tergiversadas causas llamadas “de lesa humanidad” y que debieran denominarse “de venganza”. Nuestro Congreso se cubrió aún más de indignidad cuando sancionó una “ley interpretativa”, que dispuso que sólo a ellos no le resulta aplicable la norma del 2x1, es decir, computar dos días soportados de prisión preventiva para reducir en uno cada condena.
No debería sorprenderme, ya que tampoco rigen con respecto a los dos mil ciudadanos que se encuentran en esa situación –los verdaderos presos políticos- los principios de inocencia, de la duda a favor del reo, de jueces naturales, de irretroactividad de la ley penal, del juzgamiento bajo el régimen jurídico imperante al momento de los hechos, de legalidad, de la ley más benigna ni, por supuesto, las limitaciones a la prisión preventiva.
En la medida en que las nuevas reglas establecidas para ésta, precisamente las que habilitaron tantas liberaciones de ladrones, debieran ser aplicadas también a estos soldados que, cuando jóvenes, cumplieron su deber con la Patria, no dudo que el inmundo Hº Aguantadero volverá a las andadas, como acaba de hacer con la nueva delegación de facultades legislativas al Presidente, y sancionará otra ley interpretativa que los margine de esos beneficios generales.
Como se ve, los seculares tangos siguen describiendo, como hiciera “Cambalache”, esta Argentina que vive siempre “el mismo, el mismo loco afán(o)”. Mientras tanto, que usted y su familia tengan el mejor 2020 posible, que seguramente no será mucho. ¡Hasta el año que viene!
