A partir del lunes 23 de diciembre entró en vigencia la Ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, una herramienta clave para la administración del presidente Alberto Fernández destinada a proteger las reservas del Banco Central, aumentar la recaudación y reorientar el gasto público, evitando recurrir a una emisión montería desmedida. Esta mega ley delegó al presidente Alberto Fernández amplias facultades en materia económica, administrativa, tarifaria, financiera, previsional, sanitaria y social.

Entre las medidas más salientes de esta normativa para los próximos 180 días se encuentran el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, la doble indemnización por despido y la suspensión de los aumentos de las jubilaciones, que se ajustaban según una fórmula que tomaba en consideración la inflación y que pasarán a ser de carácter discrecional por parte del Poder Ejecutivo a partir de marzo.

También contempla el aumento del impuesto a los Bienes Personales, volviéndose a aplicar las alícuotas del año 2015, antes de la reducción realizada por la gestión de Macri (entre 0,5% y 1,25%) y se gravarán con una alícuota mayor los capitales de los argentinos en el exterior. Aunque el componente recaudatorio más importante provendrá del aumento de las retenciones a las exportaciones de soja, trigo, maíz y otros productos del sector agrícola y del impuesto “Para una Argentina Inclusiva y Solidaria” (PAIS),del 30% sobre la compra de dólares para atesoramiento y las compras con tarjeta de crédito en esa divisa.

El único artículo que vetó el presidente fue el 52 que especificaba que “en ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras", un guiño dirigido a Vaca Muerta, entre otros proyectos energéticos que se buscan impulsar en el país.Así, las exportaciones hidrocarburíferas deberán pagar según el valor neto de venta al exterior, una vez descontadas las retenciones.

Como resultado de todo este paquete, los mercados financieros mostraron una reacción positiva, se dispararon las acciones argentinas y el Riesgo País cayó y perforó los 1800 puntos básicos, volviendo a niveles que no mostraba desde agosto. Pero, por el otro lado, cosechó un amplio rechazo en varios sectores, especialmente el vinculado al campo, expresado en el rechazo al llamado al diálogo social por parte del gobierno por la Mesa de Enlace (SRA, CRA, Coninagro y Federación Agraria).

Quedó ratificado que el objetivo prioritario del gobierno de Fernández es la renegociación de la deuda externa y demostrar la voluntad de pago que tiene la Argentina. A principios de diciembre, junto a D´Alessio- Irol realizamos una encuesta para conocer el estado de la opinión pública respecto de estos temas y quisimos cotejar si después de la promulgación de esta Ley de Emergencia, los encuestados mantenían o no sus respuestas. Respecto de si el Estado argentino debe pagar la deuda externa, el 95% sigue sosteniendo que su pago está fuera de cuestionamientos, aunque existen diferencias acerca del momento adecuado para hacerlo, creciendo el porcentaje que opina que debe hacerse cuando las condiciones de la Argentina sean favorables que pasan del 50% al 57% de una medición a otra, mientras que los que expresan que se debe pagar siempre decrece del 45% al 38%.

Si analizamos estos resultados bajo la lupa del voto en octubre, los electores del Frente de Todos se inclinan por esperar una mejora en la economía, mientras que los de Juntos por el Cambio priorizan las obligaciones con las entidades financieras por sobre la coyuntura. Sin embargo, es entre los votantes de Macri en octubre donde se observan los mayores cambios: el porcentaje que expresa que se debe pagar siempre desciende del 85 al 76% al mismo tiempo que aumenta de 15 a 24% los que ahora optan por esperar a que los pagos se realicen cuando las condiciones económicas de la Argentina sean más favorables. (Datos pertenecientes a la medición realizada en forma online a 1118 encuestados, mayores de 18 años de todo el país, entre el 20 y 23 de diciembre).

Los ciudadanos son conscientes de las desventajas que conlleva el incumplimiento de los pagos, y no se observan diferencias significativas respecto de la medición realizada a principios de mes: para el 63% de los consultados, no hacerlo conlleva pocos beneficios y muchos costos. Entre el electorado de Juntos por el Cambio, este porcentaje se eleva al 92%. Quienes apoyan al Frente de Todos muestran una postura más cauta, expresando el 58% que traerían algunos beneficios y algunos costos.

Consultados acerca de la importancia de evitar el default, persiste el amplio acuerdo expresado en la medición anterior, que incluso supera la grieta: para 8 de cada 10 votantes del Frente de Todos es importante evitarlo, alcanzando la totalidad entre los de Juntos por el Cambio. Incluso la convicción acerca de la importancia de evitar el default atraviesa a todas las edades, los niveles educativos y socioeconómicos.

Pero, si bien existe un amplio consenso respecto de saldar las deudas, 7 de cada 10 encuestados expresa que bajo ninguna condición la deuda pública debe provocar un mayor ajuste fiscal por parte del Estado, pasando del 64 al 69% respecto de la medición realizada a principios de mes.

Al analizar los resultados según el voto en octubre pasado, es donde aparecen las mayores diferencias: si bien el 86% del electorado del Frente de Todos establece su límite al negarse a aceptar mayores ajustes fiscales en pos de priorizar el pago de la deuda, crece de 9 al 14% los que ahora opinan que estarían dispuestos a afrontarlo. Del otro lado de la grieta, entre los que apoyaron a Juntos por el Cambio en las urnas reina la indecisión: un 48% opina ahora que bajo ninguna condición estaría dispuesto a soportar un mayor ajuste fiscal, contra el 52% que opina que lo aceptaría, cuando los porcentajes en la medición anterior eran de 34% y 66%, respectivamente. Quizás se habrán percatado que cuando el presidente Fernández expresó que “a diferencia de otros ajustes, este no está pagado por los que menos tienen, sino por los que mejor están: los que exportan, los que producen petróleo o metales, el campo, los que están en mejor situación con sus bienes personales”, alcanzaba a buena parte del electorado de Juntos por el Cambio.

Lo cierto es que todavía no se sabe cuál será el resultado que tendrán estas medidas de “solidaridad”, puesto que existe mucha confusión respecto de a quiénes alcanzan y dependerá de la evolución de la inflación y de la actividad económica en los próximos meses, ya que todavía la ciudadanía no tiene conciencia de la real magnitud con que impactarán en sus bolsillos. Entonces estos cambios en la opinión pública hay que tomarlos con cautela, como una base para futuras mediciones, que se mantendrán o no a medida que estos anuncios tengan efectos.