Tener en claro quiénes son los que poseen los bonos de la Argentina en este momento resulta clave para el “reperfilamiento” de vencimiento de deuda que espera llevar a cabo lo antes posible el gobierno de Alberto Fernández. Por eso esta semana Martín Guzman, el ministro de Economía, lanzó un llamado a empresas internacionales de información que se encargan de detectar acreedores.

¿Qué hay detrás de ello? Cuando el anterior ministro de Hacienda, Herńan Lacunza, envió al Congreso la ley para iniciar el reperfilamiento incluyó allí por primera vez en la historia económica argentina lo que se denominan “cláusulas de acción colectiva”. Esas cláusulas estipulan un piso de adhesión que debe tener el proceso de canje de bonos para forzar a los que no quieren entrar a aceptar las condiciones de la mayoría. Son cláusulas anti buitres. Se establece que si el 66% de los bonistas acepta la propuesta de reperfilamiento, el resto debe acatar, con un mínimo de 50% por especie.

El canje que está proponiendo ahora la Argentina se diferencia notablemente del que llevaron a cabo Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen hace ya casi 15 años. Los bonos no tenían cláusulas de acción colectiva, de modo que la manera de dar por válido un canje dependía de un juez. Habiendo conseguido una adhesión del 97% Argentina perdió los juicios de los holdouts.

¿Por qué pasó eso? Lavagna y Nielsen se negaron a usar los mecanismos previstos en la ley de quiebras de Estados Unidos para resolver el problema. Hay un capítulo de la ley dedicado a las deudas de estados que autoriza a cambiar condiciones de los contratos siempre que se mantenga el pago. De haberlo usado, con solo 51% de adhesiones de los acreedores, el juez hubiera autorizado los cambios en las condiciones.

La lógica indicaba que logrado eso, Argentina hubiera pedido al juez recuperar la inmunidad soberana, que impide que un país o estado sea embargado. En la siguiente fase, el resto de los acreedores hubieran ingresado al canje porque hubiera sido imposible hacerle un juicio al gobierno argentino.

El problema entonces, para esa estrategia, era saber quiénes tenían los bonos para ver si se podía alcanzar el 51% mínimo. En 2005 se estima que el 40% de los bonos de deuda estaban en manos de AFJP. El gobierno podría haberlas forzados a ingresas a “punta de pistola”, de modo que hubiera sido necesario conseguir apenas 11% de adherentes, algo que no era muy difícil. Esa estrategia fue seguida por el gobierno de Mendoza para lanzar su canje, unos meses antes que la nación. La estrategia no incluía quitas, solo estiramiento de plazos y logró llevarla a cabo con una adhesión inicial del 64%.

Esa manera de negociar, en definitiva, requiere de contar con la información correcta. Con los nuevos bonos, Guzman tiene que lograr que al menos la mitad de los tenedores de cada serie acepten las nuevas condiciones que presentará oportunamente y que en promedio, todos los bonos alcancen un 66%. En el gobierno dicen que tienen detectados los tenedores de al menos un 20% de la deuda. Y luego de ello tener en claro cuando arranquen las negociaciones, a cuantos habrá que convencer.