Eduardo Barcesat, a sus 79 años, se dio el gusto de su vida. El abogado cristinista se auto eligió como presidente de un tribunal que va a juzgar “la ética de la llamada guerra judicial o Lawfare”.

Se apropió de un poder casi sobre natural. Barcesat, abogado de Hebe de Bonafini y del empresario K, Gerardo Ferrerya no se priva de nada.

No solamente se colocó por arriba de la ley y la Constitución Nacional y como jefe de ese tribunal trucho, sino que además, eligió que funcione en Madrid y que entre sus integrantes esté el doctor Baltazar Garzón, ex empleado del gobierno de Cristina y de Rafael Correa.

Según Daniel Sabsay, el prestigioso presidente de la “Asociación Argentina de Derecho Constitucional”, no hay antecedentes de un tribunal que se integra por la sola voluntad de sus miembros. Es como si cualquiera se juntara con sus amigos y decidiera hacer un juicio ético y una sentencia al que se le ocurra. Es un disparate. Es ridículo.

Sabsay agregó que ni siquiera los inquisidores españoles se atrevieron a tanto. No se nombraron a sí mismos en ese Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fundado en 1478 en el que se condenaba a los herejes que llegaron a ser perseguidos, asesinados y marcados en el cuerpo con hierros al rojo vivo.

Se sabe, además que los tribunales especiales son inconstitucionales y una herramienta típica de las dictaduras. En este caso es la expresión más explícita del chavismo K.

El objetivo es transformar a los victimarios en víctimas. Esos señores que se van a masturbar con la ideología, van a juzgar no a los corruptos como Cristina, Lula, Rafael Correa o Julio de Vido. Van a juzgar a los periodistas y jueces que denunciaron e investigaron las estafas que se cometieron desde el estado a los pueblos de la región. Un cinismo pocas veces visto.

Barcesat, con la cara de piedra, dijo que van a juzgar el comportamiento, entre otros de Claudio Bonadío, Jorge Lanata, Daniel Santoro y Luis Majul. Y que van a dictar la sentencia en noviembre de este año. No hay dudas de que serán condenados.

¿Cuál será el castigo? Los obligarán a leer textos de Mempo Giardinelli o a escuchar canciones de Ignacio Copani? No creo que sean tan crueles. ¿Quién va a garantizar que las sentencias y las condenas se cumplan? ¿Las bandas parapoliciales chavistas de Nicolás Maduro o las milicias que se propone fundar Evo Morales en Bolivia?

A esta altura semejante fantochada de Barcesat es tragicómica. Pero preocupante por un par de cosas. Se sabe que el abogado del dueño de Electro ingeniería y de la Fundación más Pesadillas que sueños compartidos, es un soldado de Cristina.

La pregunta es si esta decisión es compartida por Alberto como presidente de la Nación. ¿Alberto avala o rechaza esto? Otra pregunta inquietante: ¿Este es un hecho aislado, una zarpada de un autoritario o el principio de una avanzada contra los periodistas?

Otro filósofo kirchnerista de nombre Dady y de apellido Brieva ya propuso crear una Conadep del periodismo. Y son muchos los K que plantean una reforma judicial a fondo para tirar por la ventana a los jueces y fiscales que se metieron con Cristina y para designar a los amigos y cómplices.

No es una fantasía lo que le planteo. Hay que seguir el rumbo de los acontecimientos y nombramientos. Carlos Zannini es el jefe de todos los abogados. Juan Martín Mena, ex capo de inteligencia es el segundo de la ministra de Justicia.

Felix Crous que se auto percibe como marxista y pertenece al estado mayor de Justicia Legítima quedó al frente de la Oficina Anticorrupción. Marcela Caamaño, la presidenta de Justicia Legítima es la interventora en los servicios de inteligencia, Gerónimo Ustarroz, hermano del camporista Wado de Pedro se sumó al Consejo de la Magistratura donde Cristina está a un paso de conseguir la mayoría.

Y como si esto fuera poco, han propuesto al juez Daniel Rafecas como jefe de todos los fiscales aunque todavía falta que su pliego sea aprobado por una mayoría calificada en el Senado de la Nación. Veremos si pasa. Todos ellos son los guardaespaldas que tiene Cristina en la justicia.

Y ahora, acaba de pedir que el mismísimo jefe de estado, vaya a declarar en la causa por la adjudicación de obras públicas. Buena manera de comprometerlo y meterlo en el barro que hasta ahora no había salpicado a Alberto.

Para que haya más presión todavía, Hebe de Bonafini, en una carta le exigió que se definiera al presidente y que dijera de qué lado está: ¿Del lado de la justicia corrupta o de los presos políticos como Amado Boudou?

Estamos hablando de condenados en segunda instancia por robarse la fábrica de billetes. ¿Acá también van a argumentar que jueces y periodistas apelaron al Lawfare? ¿Tienen estómago para tanto?

Lula fue condenado por corrupción. Rafael Correa no puede explicar su fortuna ni que hizo con las coimas de la empresa más coimera de la región: Odebrecht.

El prófugo de la justicia ecuatoriana debe declarar sobre 180 pruebas que existen sobre el funcionamiento de una organización delictiva cuyo jefe era Correa. De Cristina ni hablar. Nueve procesamientos, ocho elevaciones a juicio oral, un pedido de prisión preventiva confirmado por la Corte Suprema de Justicia.

Una vergüenza que Barcesat quiere tapar con esta payasada del tribunal de Etica de Madrid. Es un poco más sofisticado y cheto que el que hicieron en plena Plaza de Mayo con juicios populares musolinianos en los que se juzgó a periodistas y se los escrachó con afiches que fueron escupidos por chicos a instancias de sus revolucionarios padres.

Esto también está emparentado con el intento de hacer algo similar a lo que hizo el juez Ramos Padilla. Convocó a la Comisión de la Memoria bonaerense para que establecieran si las notas de Daniel Santoro eran operaciones sicológicas. Un delirio. Una de sus integrantes, Dora Barrancos, hoy es funcionaria de gobierno. Como se ve, todo muy imparcial y equilibrado.

Barcesat es tan prudente que en el 2017 calificó al gobierno de Mauricio Macri como una dictadura. Y eso que es un hombre de derecho aunque parece un hombre de izquierdo. Taty Almeida de Madres, Línea Fundadora acaba de decir algo parecido: que la Casa Rosada estuvo tomada durante cuatro años.

Baltazar no tuvo que bajar de su camello de rey mago como su homónimo, pero fue expulsado de la justicia española por el Tribunal Supremo, en febrero de 2012 por prevaricato.

Nadie puede ni debe estar por encima de la ley. Ni el abogado cristinista ni nosotros los periodistas ni ningún ciudadano. Todos debemos someternos a la justicia porque todos somos iguales ante la ley.

Es una mentira absoluta que la guerra judicial sea una manera de la derecha de sacar de la cancha a los líderes populares de izquierda a los que no se puede derrotar en las elecciones.

Si esta persecución fuera cierta, ¿Cuál es el motivo por el que Pepe Mujica, Tabaré Vázquez o Michelle Bachellet, por ejemplo, no fueron perseguidos por la justicia, pese a ser de izquierda?

La respuesta es muy sencilla. Nadie es perseguido por sus ideas. Fueron perseguidos por ladrones los que le robaron al pueblo pobre desde el estado. Mujica, Tabaré y Bachellet son personas honradas que tienen las manos limpias.

Cristina, ya se lo dije no es inocente ni decente. Por más tribunales truchos que hagan, la historia no la absolverá. De nada vale que corran, el incendio va con ella.