“El relativismo ético que abraza el posmodernismo apunta a que no habría tal cosa como lo bueno y lo malo. Así, el incumplimiento de la palabra empeñada o el estímulo a la antropofagia no serían malos o inmorales en abstracto”. Alberto Benegas Lynch (h)

Si bien muchos estábamos convencidos de que el kirchnerismo volvería a la Casa Rosada envuelto en sus viejas banderas de falso relato, falta de principios, corrupción y venganza, nadie imaginó que las llevaría al campo de batalla político y social con tanta rapidez. Ahora están robando la ética y el valor de la palabra.

La compulsión por reescribir la historia que padece Cristina Fernández, que ya la llevó a intentar subordinar el Poder Judicial argentino a un consejo de juristas internacionales en el caso del memorándum con Irán, hizo que una de sus principales espadas jurídicas, el Dr. Eduardo Barcesat (miembro del Partido Comunista y defensor de Hebe de Bonafini y Milagro Salas), se autodesigne como árbitro –un verdadero okupa- de la moral y pase a integrar un curioso “tribunal de ética” internacional.

El engendro, parido en Madrid en noviembre pasado, es presidido por Baltasar Garzón, ese ex Juez de la Audiencia Nacional española eyectado del cargo por sus pares por prevaricato, que recaló en la Argentina en 2012 a sueldo de la ex Presidente; lo integran, entre otros, los abogados que defienden a los más notorios ex funcionarios prófugos, procesados o ya condenados por corrupción en sus respectivos países: nuestra ilustre Vicepresidente y su ex Ministro Julio de Vido, Rafael Correa, Luiz Inácio Lula da Silva, etc..

Por supuesto, en todos los casos se las califica como persecuciones políticas disfrazadas de procesos judiciales –el famoso “lawfare”, esgrimido por Cristina Fernández y hecho suyo por S.S. Francisco- y, como es obvio, busca la impunidad de los nombrados y al invertir la realidad, imputar a quienes los juzgaron, como Claudio Bonadio, Julián Ercolini y Sérgio Moro. Pero “nuestro” representante ante ese curioso engendro no se detuvo allí y pretende reproducir la persecución a la prensa que tanto practicó su patrona; es más, dijo que deberían presentarse ante ese mamarracho periodistas prestigiosos como Luis Majul, Jorge Lanata y Daniel Santoro.

Hasta en este posmodernismo que padece el mundo, tan plagado de líderes creadores de la posverdad, que pretenden permanecer en el poder a como dé lugar, vaciando las instituciones democráticas y transformándolas en meros instrumentos de su ambición, los argentinos conseguimos destacarnos.

Alberto Fernández ha obtenido una ley violatoria -¡cuándo no!- de la Constitución Nacional por las facultades legislativos que le delega, a la que llamó “de solidaridad”. La manipulación nuevamente queda expuesta ya que, si cualquier afectado se opone a ella, automáticamente se transformará en un egoísta carente de todo principio a favor de la sociedad.

Lo absurdo es que, en esta nueva persecución a quienes han construido legítimamente un patrimonio o, simplemente, superan el nivel de miseria de las jubilaciones mínimas, no se requiera esa misma solidaridad a los saqueadores monumentales de la década anterior ni se deje de nombrar a privilegiados en cargos públicos de inmenso salario. ¿Cuánto se aliviarían los problemas del Fisco si la Vicepresidente y sus hijos, Lázaro Báez y los suyos, Cristóbal López y Fabián de Souza, los gremialistas eternos, y tantos otros devolvieran lo robado? No conozco la cifra, pero un amigo sugirió que, en lugar de recurrir al FMI en busca de fondos, mejor hubiera sido pedírselos a los jueces; olvidó que éstos, y los legisladores que se niegan a votar la ley de extinción de dominio, son tan deshonestos como aquéllos.

A la vez, el Presidente ha consentido -¿tenía otra opción?- en ceder a Cristina Fernández inmensos resortes de poder no sólo en lo que respecta a la Justicia sino en los organismos de control y de recaudación, precisamente aquéllos que, cumpliendo sus obligaciones, actúan como querellantes en las causas por corrupción que tanto le preocupan; ya están en sus manos la AFIP, la DGI, la UIF y la Oficina Anticorrupción. Seguramente, todos ellos desistirán de sus acciones, y la Vicepresidente y sus cómplices –funcionarios y empresarios- habrán dado así un inmenso paso hacia la impunidad pretendida. Falta ver cómo reaccionaremos todos si ello ocurre.

Hoy se cumplen cinco años del asesinato –lo dice la pericia judicial firmada por más de cincuenta expertos y lo dijo esta semana el propio Mohsen Rabbani, el principal acusado como autor intelectual- del Fiscal Alberto Nisman, tres días después de denunciar a la entonces Presidente, Cristina Kirchner, y otros por traición a la Patria y un día antes de exponer el caso ante el Congreso, y aún no sabemos quién y cómo lo mataron por cumplir su deber. La Ministra de Seguridad, Sabina Fréderic, para encharcar aún más la investigación, pretende “revisar” esa pericia, y el Presidente, el mismo que dijo las peores atrocidades de su actual Vicepresidente sobre el tema durante diez años y ahora pretende que lo olvidemos, la respaldó públicamente.

El robo de la palabra también aparece aquí en una marquesina destellante: basta con recurrir a los archivos que tanto circulan por WhatsApp para comprobar las estruendosas contradicciones en que incurrieron al respecto Alberto y Cristina, Sergio Massa y hasta los jueces, fiscales, espías y policías que intervinieron en el caso.

Hoy mismo, a las 18;30, la ciudadanía tiene una cita de honor y se reunirá en la Plaza del Vaticano (Viamonte, entre Libertad y Cerrito) de la ciudad de Buenos Aires y en todas las plazas del país y de las capitales del mundo para honrar al Fiscal muerto y reclamar, una vez más, el definitivo esclarecimiento de lo sucedido bajo el milenario lema bíblico: “Justicia perseguirás”. No habrá banderas políticas ni discursos, pero todos leeremos en voz alta un documento.