Una de las varias promesas de campaña del presidente Alberto Fernández es la de poner fin a la profunda grieta que divide a la sociedad argentina. "Se terminaron el nosotros y el ellos”, declaraba el día de la elección, en octubre pasado. Se trata de un enorme desafío que también prometió el expresidente Mauricio Macri y no solo no cumplió, sino que alimentó retomando el discurso amigo-enemigo, imperante en los años del kirchnerismo.

Pero ¿qué significa cerrar la grieta para el gobierno del Frente de Todos? Porque existen fuerzas contrapuestas entre los intentos de buscar el equilibrio en algunos temas tanto del ámbito internacional como doméstico, detallados en nuestra columna anterior, y las contradicciones que uno ve en el gobierno actual. En efecto, por un lado, encontramos múltiples gestos por parte del presidente Fernández para instalar (o al menos, tratar de hacerlo) una narrativa posgrietista, evidenciada en el uso del término solidaridad, en la emergencia o en las urgencias derivadas de la profunda crisis que atraviesa el país. Que no solo tiñe lo discursivo, sino que da nombre a las principales medidas de su gobierno, como, por ejemplo, la megaley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva o el Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), aplicado a la compra de moneda extranjera para la promoción y financiamiento de la inclusión social.

También está presente en el Consenso Fiscal firmado con los gobernadores que suspende “hasta el 31 de diciembre de 2020” la rebaja de Ingresos Brutos y otros impuestos distorsivos (como el impuesto inmobiliario y sellos) y en el espíritu de la eventual conformación del Consejo Económico y Social (CES) como ámbito de negociación de políticas entre empresarios, gobierno y sindicatos, cuya autoridad será nombrada por el Senado y su mandato trascenderá el cambio de gobierno.

El posgrietismo fue desde siempre una de las banderas de Fernández, con el objetivo, de alguna manera, de capturar el acotado apoyo, pero apoyo al fin, que tuvo Roberto Lavagna. Se observa en las reuniones que el gobierno nacional mantuvo con líderes territoriales cambiemistas, como es el caso del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que ratifican la buena predisposición para trabajar en conjunto, superando las diferencias o en la futura visita al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Así como también en la reciente visita del gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti al ministro del Interior, Wado de Pedro, como un intento de cerrar la larga brecha existente entre el kirchnerismo y la provincia más esquiva.

El plan antigrieta de Fernández también está presente en la convocatoria por parte de un equipo de la Jefatura de Gabinete a dirigentes, intelectuales, empresarios y referentes del campo que no simpatizan con el kirchnerismo, para, en palabras del coordinador de ese equipo, Fernando “Chino” Navarro, el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, “tratar de ver en qué puntos hay mayor coincidencia y buscar temas para establecer políticas de Estado a futuro”, estratégicas y de largo plazo como lo son la reactivación de la economía, la erradicación de la pobreza y el hambre, la generación de empleo y las relaciones con los países de la región.

Sin embargo, al mismo tiempo, hay señales de que el propio gobierno está propiciando o agrandando la grieta. Básicamente porque el diagnóstico de “tierra arrasada” es incompatible con el del relato del “acuerdo o consenso” y “superar las diferencias”, con el gran desafío de unir a los argentinos. El discurso del “desastre heredado” de la administración macrista, el “no hicieron nada” en la obra pública, es un gesto muy contundente, porque si había algo para mostrar era ahí, en la obra pública, y no hace más que alimentar la grieta, porque, al menos, un 41% no cree o no está de acuerdo con este relato. El gobierno nacional buscaría con esta dinámica de diferenciación, justificar medidas más duras, un ajuste evidente, postergar demandas salariales y contener críticas de sectores más radicalizados, “a lo Grabois”, poniendo como excusa la hipótesis de “tierra arrasada”.

¿Es eficaz un discurso posgrietista en un contexto donde el propio gobierno está fomentando esta brecha? ¿Se trata de algo transitorio para contener las fuerzas disidentes o las críticas dentro del propio espacio? ¿O seguirá esta ambigüedad por más tiempo? Porque si se trata de la primera opción y es algo simplemente coyuntural todavía hay posibilidad de recuperar terreno de cara a las elecciones de 2021. Pero si por el contrario la ambigüedad continua, puede generar costos políticos electorales al propio Alberto Fernández por no haber cumplido, sino todo lo contrario, con su promesa de campaña. El gran interrogante es si el presidente quiere cerrar la grieta o la necesita curiosamente viva para acotar el impacto que en su electorado puede tener este fuerte ajuste que está implementando para poder, por ejemplo, reestructurar la deuda que tiene con los acreedores, locales y externos. Veremos cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo esta disyuntiva, en principio contradictoria.