En un discurso apaciguado un diplomático estadounidense se plegó a la posición de la Unión Europea por una solución pacífica, mediante elecciones parlamentarias y presidenciales bajo control internacional, para resolver democráticamente la crisis venezolana. Se deduce que sería el fruto de un consenso pactado entre el gobierno de Nicolás Maduro, y la oposición liderada por el diputado Juan Guaido. La inesperada manifestación oral del funcionario sucedió durante una reunión pública presidida por Canadá, con presencia de dirigentes de oeneges venezolanas y periodistas, hoy martes por la tarde en la sede europea de la ONU en Ginebra.

El giro evidentemente concertado entre Washington y Bruselas se debería al fracaso de la estrategia del derrocamiento por asfixia propiciando por el Presidente Donald Trump, ante los resultados en Corea del Norte, Irán, Venezuela y Nicaragua, que solo han conseguido endurecer los regímenes de los gobiernos cuestionados.

Fueron dos los diplomáticos estadounidenses que concurrieron al encuentro, en el que participaron otros dos representantes de la Unión Europea ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que acaba de comenzar sus sesiones anuales en Ginebra. El debate fue dirigido por la embajadora de Canadá, en nombre del Grupo de Lima, el colectivo de países latinoamericanos además integrado por Colombia, Brasil, Chile, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú.

México se mantiene al margen del citado grupo, aunque su presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha mostrado predispuesto a contribuir a una solución negociada entre las partes en conflicto en Venezuela, con sintonías análogas que se escuchan desde Uruguay y Argentina.

Minutos antes del evento, Colombia leyó en la sala del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una declaración del Grupo de Lima, afirmando que el “sufrimiento”, en Venezuela “ha alcanzado un nivel intolerable”, recordándole al gobierno de Nicolas Maduro, que ha retornado el presente año a este Consejo, “que tiene la obligación de aplicar las normas más estrictas de derechos humanos y cooperar “con la ONU, y “sus mecanismos”.

En particular destacaron la “Comisión de Determinación de Hechos”, es decir una comisión investigadora integrada por tres expertos internacionales independientes, mandatados por el Consejo, que Venezuela no autoriza a entrar al país. De momento, la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urge al gobierno “bolivariano” que arroje luz sobre múltiples denuncias de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas, y la represión de grupos parapoliciales, que han sofocado las revueltas antigubernamentales, mediante el uso excesivo de la fuerza y las violaciones masivas de los derechos humanos desde 2014 hasta septiembre del 2019. Una actualización de esas denuncias serán presentadas por Bachelet el próximo jueves, y el 10 de marzo venidero, que podría abrir las puertas nuevas decisiones de este Consejo, que faciliten una rendición de cuentas en Venezuela.

En esta perspectiva se inscribe la intervención hoy mismo en este Consejo de Jorge Arreaza, Canciller venezolano, que fustigó “la implementación de medidas coercitivas unilaterales” por parte de Estados Unidos, “en formas de sanciones económicas… bajo criterios ideologizados, con intención de obligar a otros Estados a renunciar al ejercicio de sus derechos soberanos”. Explicó que “se trata de una modalidad enmascarada de guerra. Los tanques, los aviones, las bombas y los misiles son sustituidos por bloqueos financieros y limitaciones a la producción nacional y al comercio internacional”. Estarían “dirigidas a afectar la producción, a bloquear todas las vías de comercialización del petróleo y otros bienes venezolanos, generando consecuencias económicas y humanitarias, que es lo peor”. Calculó que han ocasionado “una abrupta disminución del ingreso petrolero, que ha caído en un 90%, pasando de cerca de 42 mil millones de dólares en el año 2013, a 4 mil millones de dólares en el año 2018”. Las pérdidas para Venezuela ascenderían a “120 mil millones de dólares”.

Arreaza evaluó estar frente a “un ataque sistemático y generalizado contra la población venezolana, ejecutado por las autoridades estadounidenses con clara intencionalidad y conocimiento de los efectos causados y por causar”. Por tales razones, su gobierno “acudió ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el pasado 13 de febrero, para solicitar una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades de Estados Unidos”.

Así las cosas, resta por saber, si los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre los que figura Venezuela, pero también las Islas Marshall, a las que se le atribuye una inigualable afinidad con la diplomacia de los Estados Unidos, que renunció a este Consejo en 2018, podrán alcanzar un principio de acuerdo para apaciguar una tragedia que ha provocado el éxodo de 4.600.000 venezolanos, según las cifras oficiales de la Organización de Estados Americanos (OEA).