Un tribunal suizo dispuso que el gobierno helvético se pronuncie sobre “los derechos humanos” de Néstor Marcelo Ramos, presumiblemente enfermo de cáncer en fase terminal, frente al reclamo de su extradición por Argentina desde el 2016, al atribuirle vínculos delictivos con Lázaro Báez, el empresario que está siendo juzgado en Buenos Aires, imputado por hechos de corrupción durante los gobiernos del matrimonio Kirchner (2003-2015), según un fallo judicial adoptado en Bellinzona.

Para los casos de extradición solicitados a Suiza, la decisión recae en la Oficina Federal de Justicia (OFJ), órgano gubernamental. No obstante el implicado puede oponerse formulando un recurso judicial ante el Tribunal Penal Federal (TPF), equivalente a la Cámara Nacional de Casación en Argentina. Ramos lo formalizó 2019. Aportó denuncias sobre hacinamiento carcelario y torturas en Argentina, y certificados médicos que le dan una esperanza de vida “inferior a un año”.

Asimismo manifestó “fuertes dudas sobre la independencia e imparcialidad de la justicia argentina”. Alegó que la petición de extradición en su contra “está motivada por delitos de derecho común pero que es probable que su situación se agrave por razones políticas”. Afirmó que “nunca ha conocido a Báez ni a los Kirchner”, y se erigió en víctima colateral de una “venganza del gobierno Macri contra sus oponentes políticos”.

El Tribunal de Bellinzona estimó que no hay “nada concreto que permita concluir” la existencia de “una connotación política” en el requerimiento argentino. Consideró valida la demanda de extradición contra Ramos, que podría “subsumirse en Suiza al delito de blanqueo de dinero”. Recordó también que Báez era una “persona políticamente expuesta”, cuando Ramos viajó a Buenos Aires en 2011 para actuar como “su agente” en el traspaso de la sociedad SGI Argentina.

Precisó además que dicha sociedad “iba a ser utilizada como vehículo financiero para la disposición de fondos negros acumulados” en actividades ilegales en Argentina, “mientras que al mismo tiempo se ocultaba la propiedad de” ese dinero, sociedad que Báez empleó “para este propósito antes y después de que se vendiera”, tomando en consideración que Ramos viajó a la Argentina “por lo menos hasta 2012, donde todavía tenía familiares y clientes”.

Añadió que “entre diciembre de 2012 y abril de 2013, Ramos presuntamente ayudó a Báez a devolver a la Argentina los fondos negros depositados en cuentas de bancos suizos”, siendo los beneficiarios de algunas de ellas “los hijos de Báez”, dinero con el que se adquirió “valores argentinos” que “fueron liquidados … en la Bolsa de Rosario”, cuya venta “se pagó mediante la emisión de 9 cheques por … 2.750.000 dólares”, destinados a una empresa argentina de Báez.

Estas operaciones del clan Báez, verificadas ahora por el Tribunal Penal Federal, a las que conjeturalmente se vinculara Ramos, titular en el Ticino de Helvetic Services Group, hipotético instrumento para lavar dinero sucio de la Argentina, fueron evocadas en diarios locales desde el 2013. Motivaron dos interpelaciones parlamentarias federales rechazadas. Tampoco merecieron que la fiscalía federal helvética (MPC) abriera una investigación penal nacional por blanqueo de dinero.

Al contrario, en diciembre de 2014 el MPC autorizó desbloquear alrededor de 10 millones de dolares de los Báez y Ramos, en los bancos Lombard Odier y Safra Sarasin de Ginebra, y en el PKB del Ticino, desconociéndose lo sucedido con los haberes de otra cuenta revelada por el portal suizo Gotham City, el 3 de octubre del 2019, en el Indosuez de Ginebra. Cabe agregar que Ramos querelló a tres periodistas en Suiza que ventilaron sus andanzas, quienes fueron absueltos.

Al concluir que la diligencia de extradición “cumple todos los requisitos formales y no contiene contradicciones ni otras criticas que puedan socavar su validez”, los tres jueces de Bellinzona (dos hombres y una mujer), aceptaron sin embargo “parcialmente” la apelación de Ramos, porque falta “aclarar inequívocamente … el estado de salud y la transportabilidad, … así como verificar las posibilidades terapéuticas en la Argentina para el tratamiento de su grave enfermedad”.

En consecuencia anularon la recurrida sentencia de extradición de la Oficina Federal de Justicia (OFJ) del gobierno, le devolvieron el expediente “para una nueva decisión … posiblemente acompañada de una solicitud a las autoridades extranjeras de garantías a la luz de los informes médicos oficiales”, que respeten “los derechos humanos … en el ámbito de la atención de una persona enferma en prisión”, resolución que si le fuera adversa, Ramos podría nuevamente apelar.