Concierne a Néstor Marcelo Ramos, titular de Helvetic Services Group, financiera suiza que habría participado en el lavado mediante bancos de Ginebra y el Ticino, de 60 millones de dolares atribuidos al clan Báez, recientemente beneficiado con la prisión domiciliaria mientras espera la reanudación del juicio oral en Buenos Aires relativo a la denominada “ruta del dinero K”, que conecta con Ramos y Suiza.

“La Oficina Federal de Justicia (OFJ) está actualmente examinando nuevamente la cuestión de una eventual extradición hacia la Argentina” de Ramos, un abogado de origen cordobés formado en la plaza off-shore de Montevideo, residente en Suiza desde el 2005, “según las consideraciones del Tribunal Penal Federal del 13 de febrero de 2020”, declaró Raphael Frei, portavoz de la OFJ, el órgano gubernamental encargado de responder a la solicitud del juez argentino, Sebastian Casanello, inicialmente presentada en 2016.

En efecto, dicho Tribunal, son sede en Bellinzona, equivalente a la Cámara Nacional de Casación en Argentina, rechazó parcialmente en la citada oportunidad una primera decisión que habilitaba la extradición formulada por la OFJ, ante un recurso de Ramos de 2019. El fiduciario entonces alegó ser víctima de una “venganza del gobierno de Macri”, aportó denuncias sobre hacinamiento carcelario y torturas en Argentina, y presentó certificados médicos referidos a padecimientos de un cáncer en un ojo.

Sin embargo, la resolución de los magistrados de Bellinzona le ordenó a la OFJ que volviera a pronunciarse respecto a la extradición requerida por Buenos Aires, solamente en cuanto a obtener de Argentina garantías de respeto a los derechos humanos de un prisionero potencialmente muy enfermo. Raphael Frei afirmó ahora que la OFJ “toma en cuenta el estado de salud de la persona” involucrada, y explicó que si se optara por la extradición, “el interesado” podrá nuevamente apelar judicialmente ante el tribunal de Bellinzona.

Siempre sobre el fondo del caso, el Tribunal Penal Federal impugnó en febrero pasado en la resolución antes aludida, las alegaciones de Ramos sobre la existencia de “una connotación política” en el pedido argentino de extradición. Estimó que la demanda del juez Casanello podría “subsumirse en Suiza al delito de blanqueo de dinero”. Recordó que Báez era en el momento de los hechos “una persona políticamente expuesta”, cuando Ramos viajó a Buenos Aires en 2011 para actuar como “su agente” en el traspaso de la sociedad SGI Argentina.

La Casación suiza dio en esa oportunidad por probado que esa sociedad, “iba a ser utilizada como vehículo financiero para la disposición de fondos negros acumulados” en actividades presumiblemente ilegales en Argentina, “mientras que al mismo tiempo se ocultaba la propiedad” de ese dinero, sociedad que Lázaro Báez empleó “para este propósito antes y después que se vendiera”, tomando en consideración que Ramos viajó a la Argentina “por lo menos hasta 2012, donde todavía tenía familiares y clientes”.

“Entre diciembre de 2012 y abril de 2013, Ramos presuntamente ayudó a Báez a devolver a la Argentina los fondos negros depositados en cuentas de bancos suizos”, siendo los beneficiarios de algunas de ellas “los hijos de Báez”, dinero con el que se adquirió “valores argentinos” que “fueron liquidados en la Bolsa de Rosario”, reconstruyeron las autoridades penales suizas de la Casación. Añadieron que la venta “se pagó mediante la emisión de 9 cheques por 2.750.000 dólares”, destinados a una empresa argentina de Báez.

El planteo de la Justicia suiza en febrero de 2020 que mantiene incólume su validez, concluyó que el requerimiento argentino “cumple todos los requisitos formales y no contiene contradicciones ni otras críticas que puedan socavar su validez”. No obstante, como se ha dicho, los tres jueces de Bellinzona admitieron “parcialmente” la apelación de Ramos. Para ellos, falta “aclarar inequívocamente el estado de salud y la transportabilidad (del patrón de Helvetic) así como verificar las posibilidades terapéuticas en la Argentina para el tratamiento de su grave enfermedad”.

Las operaciones suizas de la familia Báez, verificada así por primera vez por el Tribunal Penal Federal en febrero último, a las que conjeturalmente se vinculara Ramos, fueron evocadas en diarios locales desde 2013. Motivaron dos interpelaciones parlamentarias rechazadas, y pese a la veracidad finalmente reconocidas por la alta instancia penal de Bellinzona, no merecieron que la fiscalía federal helvética, el denominado Ministerio Público de la Confederación (MPC), abriera una investigación penal nacional por blanqueo de dinero, en virtud de hechos perpetrados dentro del territorio suizo.

En cambio, el MPC autorizó en diciembre de 2014, desbloquear los fondos existentes en la cuentas suizas del clan Báez y Ramos, alrededor de 15 millones de dólares, guarecidos en los bancos Lombard Odier y Safra Sarasin de Ginebra, y en el PKB del Ticino, pero se desconoce lo sucedido con los haberes de otra cuenta revelada por el portal suizo Gotham City, el 3 de octubre de 2019, en el Indosuez de Ginebra, encubiertos por la sociedad panameña Star Equities Holdings. Tal cual se ventilara oportunamente, parte del dinero liberado por la fiscalía federal helvética, fue luego girado de Suiza a las Bahamas, transferencia en la que se incrimina a Martín Báez, el hijo mayor de Lázaro, razón por la cual vienen de negarle la prisión domiciliaria, no como portador de apellido, como acaba de pretender su padre. Ramos querelló a tres periodistas en Suiza que dieron a conocer informaciones sobre éste escándalo, que ya dura 7 años. Todos fueron absueltos.