El debate en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, sobre la trágica suerte que se les reserva a las defensoras y defensores de los derechos humanos en Colombia, ha puesto en evidencia la gran diferencia entre la visión que defiende el Presidente Iván Duque, y lo que denuncian las organizaciones de la sociedad civil de lo acontecido en el terreno, refrendado por las observaciones del Relator Especial sobre defensores de la ONU, Michael Forst, tras visitar el país.

“Al menos 323 personas defensoras” fueron abatidas desde la firma de los Acuerdos de Paz hace tres años entre “el Gobierno de Colombia y las FARC-EP que puso fin a más de cinco decenios de conflicto entre las partes”, informó el experto independiente francés, Michael Forst en Ginebra. Recapituló que “Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado”.

Los criminalizados son “los que defienden la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrocolombianos frente a los intereses estatales y de actores no estatales, como empresas nacionales o internacionales y otros grupos de poder. Esto se debe a una combinación de factores y problemas estructurales todavía no resueltos”, constató Forst.

Las victimas abundan entre los defensores que se oponen a la “reorganización del poder a manos de grupos armados ilegales… en torno a economías ilícitas ante la inacción y/o ausencia del Estado”, dado el vacío ocasionado por la desmovilización de las FARC-EP, en virtud de los Acuerdos de Paz, y la sustitución por ocupación forzada mediante paramilitares de antiguo cuño, reactivados por la codicia para mantener y expandir los cultivos de coca.

Forst agregó “dos factores”: “la deuda histórica del Estado con las comunidades étnicas, su acceso a la tierra y el de los campesinos, que hasta ahora ha resultado en favor de los intereses” empresariales, “y ciertas elites”; sumado a “la falta de una reforma agraria y la restitución de tierras”. El conflicto se agravará “mientras el modelo de desarrollo y sus sostenibilidad no se aborde”, y se alcance “un acuerdo con las comunidades afectadas basado en los derechos humanos”.

Atenuando la temeridad de Bogotá, la diplomacia colombiana no desconoció los hechos, pero admitió “discrepancias” con el informe Forst. Los homicidios se concentrarían “en 66 municipios… el 5% del territorio nacional”. Aludió a “37 medidas para garantizar que los defensores puedan ejercer su trabajo sin riesgos”, cuyas muertes se habrían reducido “entre el 25% y el 33%”. Lamentó que no se reconocieran “sus esfuerzos” (para la) promoción y defensa de los Derechos Humanos”.

La Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), fustigó al gobierno de Iván Duque por descalificar “la gravedad de los asesinatos, las amenazas”, que “no es una forma constructiva de dialogar “con una Relatoría de la ONU, pues “estos mensajes pueden legitimar la acción de los violentos”, cuando la ministra del interior (Alicia Arango) banaliza diciendo que “en Colombia mueren más personas por el robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos”.

El director de la RIDH, Ramón Muñoz, señaló que “funcionarios de alto nivel, han hecho declaraciones que pretenden poner en duda la objetividad y pertinencia de de las recomendaciones del Relator Forst, presentándolas como una intromisión en la soberanía nacional”. Incluso “han planteado “¡fuera la ONU!”, tildándola de “guarida politiquera con sesgo ideológico pasional”.

La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) deploró que el gobierno haya “respondido atacando” la conclusiones del Relator, en vez de “participar de manera constructiva”. La Oficina Internacional para los Derechos Humanos – Acción Colombia criticó “la falta de implementación de medidas de desmantelamiento de grupos sucesores del paramilitarismo”, y la ausencia “de un instrumento de monitoreo” de sus exacciones.

Peace Brigades International y Women’s International League for peace an fredom, recordaron la cifra difundida por la Oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet en Colombia, con más de cien funcionarios, que apuntó al “escalamiento” de los asesinatos de defensores, a cerca de un 50% más en 2019 que en 2018. Añadieron “preocupación” por “la inteligencia ilegal”, realizada “desde instalaciones militares”, en perjuicio de “defensores, abogados y magistrados de las altas cortes”.

La Comisión Colombiana de Juristas urgió al gobierno a “reafirmar el compromiso con el Acuerdo de Paz”, y acabar con “la impunidad” de “otras agresiones” contra los defensores, ademas de los asesinatos. Le reprochó “insultar “al Relator, y menospreciar la labor de la Alta Comisionada, una irresponsabilidad “con su obligación de garantizarle los derechos humanos a la sociedad colombiana y no es leal con los compromisos contraídos con del Consejo de Derechos Humanos”.