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La batería de medidas anunciadas por el gobierno como estímulo a la economía representan un justificativo para que se lance una gran emisión monetaria, bajo el paraguas de la crisis sanitaria, sin medir las consecuencias.
Algunas, por cierto, tienen sentido estricto de vinculación con la pandemia, como es la suspensión de los aportes patronales a las empresas vinculadas con el turismo y el entretenimiento.
Pero otras como las líneas de crédito para capital de trabajo y para fomentar la construcción de viviendas e infraestructura, no son más que combustible para la inflación.
Lo mismo ocurre con los aumentos en los subsidios sociales como la AUH y el refuerzo del pago de jubilaciones que perciben la mínima que calentarán la demanda.
Lo que no parece adecuado es impulsar la demanda solamente cuando el problema que plantea la crisis sanitaria, también afecta a la oferta creando cuellos de botella, dado que la gente no puede ir a trabajar o se la licenció para neutralizar la expansión del virus.
En otros términos, si estimulo la demanda pero no la oferta, el resultado será un mayor aumento de precios, y si este esquema lo mantengo apalancado artificialmente con emisión monetaria y con créditos subsidiados, la hoguera inflacionaria arderá durante mucho tiempo.
Otras medidas como los créditos para vivienda y obras de infraestructura no garantizan el desarrollo de la actividad, en la medida que no haya una demanda que lo sostenga.
Además, ¿qué tiene que ver la construcción de viviendas u obras públicas con el Coronavirus?
El otorgamiento de créditos para capital de trabajo apunta a generar un mayor ahogo financiero para muchas empresas, en especial PYME, que encuentran su capacidad de repago desbordada.
Hubiera sido más útil que el Estado “suspendiera por el tiempo que dura la crisis”, el pago de aportes patronales para todas las empresas y autónomos y monotributistas, el pago de los servicios públicos, los embargos y ejecuciones de la AFIP y del sector financiero y que suspendiera el cobro de intereses tanto por deudas bancarias como comerciales.
Estas medidas tendrían un efecto monetario neutro ya que podrían ser compensadas entre el Estado y las empresas de servicios y los bancos mediante transacciones mutuas, sin necesidad de movilizar y aumentar agregados monetarios.
Una vez más, se eligió el camino más tortuoso.
