El maltrato y las pésimas condiciones de alojamiento que sufren más de 120 ciudadanos formoseños por el solo hecho de haber arribado a su provincia, desde otros distritos del país, pone en aprietos a Gildo Insfrán.

Luego de que varios abogados presentaran hábeas corpus en defensa de las personas recluidas contra su voluntad por razones sanitarias, esta semana, la Justicia Federal cuestionó el centro de detención del régimen feudal formoseño, instalado en la escuela de cadetes de la policía de esa provincia.

En su fallo, el Juez Federal Fernando Carbajal –luego de inspeccionar el lugar de alojamiento- exigió que los recluidos tuvieran habitaciones individuales o dobles, intimidad, baños privados para cada grupo familiar, provisión y cambios de ropa de cama y toallas, acondicionamiento de las habitaciones que permitan soportar el clima, provisión de alimentos e insumos de limpieza, garantizar la higiene personal, ingreso a medios de comunicación social y de entretenimiento, agua potable fría y caliente, asistencia médica, farmacológica y psicológica, y asignación de personal especializado del Estado que no pertenezcan a la institución policial de alojamiento.

Pero además de las indignas condiciones que la Justicia Federal mandó corregir, la ineptitud sanitaria del gobierno formoseño es desesperante. En efecto, durante la inspección judicial, en “uno de los sectores se detectó la presencia de personas que habían ingresado hacía un solo día, mezcladas con otras que tenían ya varios días de confinamiento. ¿Qué sentido tiene la cuarentena, si antes de que terminen los catorce días, se vuelve a exponer a las personas sanas que ya están más cerca de irse, a la posibilidad de contagio, por compartir el mismo cuartel policial con los recién ingresados?

Paralelamente, el Dr. Marcelo López Picabea, juez provincial que también tenía en sus manos un habeas corpus, decidió rechazarlo, a contramano de la Justicia Federal y en claro alineamiento con el régimen de Gildo. El magistrado, que ni siquiera concurrió a verificar las condiciones del lugar y que sólo se valió de informes oficiales, se atrevió a sostener que no había “mengua de la libertad ambulatoria” en las personas que se encuentran en el establecimiento policial. Más aún, exhibiendo un localismo barato y discriminatorio, el magistrado cita a la Fiscal de Estado de la provincia, que llamó “repatriados” a las personas detenidas por venir de otras provincias de nuestro país. Sí, leyó bien: “Repatriados”.

El abogado Juan Javier Barrios, autor de la presentación que resolvió negativamente el Juez López Picabea, sostuvo que el fallo estuvo “amañado” y que se vulneró el derecho de defensa, ya que nunca se le concedió acceso a los informes oficiales, durante el proceso. Sin perjuicio de ello, y en virtud de lo decidido por la Justicia Federal, Barrios consideró que no apelará la decisión del magistrado provincial.

Mientras todo esto ocurre, las autoridades del gobierno de Gildo agravian a los abogados que presentan hábeas corpus y a quienes difunden estos hechos en los medios de comunicación y en las redes sociales. El Ministro de Gobierno Jorge González, según informó el portal “Noticias Formosa”, repudió “todo intento de descontextualizar y falsear hechos de por sí delicados en esta emergencia sanitaria, generando un temor infundado en la población con el único fin de obtener de manera individual y mezquina una ventaja en una causa judicial.” El discurso oficial destaca “la mezquindad” del derecho de defensa y de la libertad de expresión, mientras oculta la mezquindad de no contratar hoteles para realizar confinamientos dignos.

En esa misma línea, la Fiscal de Estado de la Provincia sostuvo, que el habeas corpus presentado por el Dr. Barrios era “un acto de irresponsabilidad social y falta de empatía y solidaridad mínimas para convivir en una sociedad organizada”. Sin dudas, una clara advertencia a los abogados que no comparten su criterio.

En fin, una nueva exhibición de peronismo feudal.