A medida que se acerca el 8 de mayo, dead line autoimpuesto por el gobierno argentino para arreglar con los acreedores bajo ley extranjera, queda más a la vista que el arreglo está lejos, y los negociadores argentinos deberán darse a sí mismos más plazo, seguramente hasta el 22 de este mes, cuando el default se declararía por sí solo, para tratar de evitar ese resultado.

¿Por qué esto es así? ¿Por qué además en los últimos tiempos creció la posibilidad de que no haya arreglo y la Argentina ratifique sus títulos como incumplidor serial? ¿Es porque los acreedores resultaron más inflexibles de lo que se esperaba y, como dice el ministro Guzmán, se niegan a “ganar menos”?

Esa idea parece haber sido en realidad resultado del primero de los errores cometido por quien negocia en nuestro nombre: atribuir a la inflexibilidad de la otra parte la suya propia. Encima, una inflexibilidad propia que fue incrementándose en el tiempo. Desde el principio los principales fondos tenedores de bonos argentinos, se manifestaron dispuestos a aceptar una quita, solo que el gobierno argentino les fue corriendo el arco.

Primero habló de una solución amistosa “a la uruguaya”, con poca quita. Después, la fueron incrementando, con los autointeresados avales de Joseph Stiglitz y el FMI, que curiosamente se pusieron de acuerdo en este asunto, uno porque quiere validar sus teorías y el otro porque quiere que sí le devuelvan su dinero más o menos pronto. Para al final proponer una quita de más de la mitad de la adeudado, y con la excusa de la pandemia, plantearla como un “tómalo o déjalo”. Esa es la “mala fe” de la que hablan los bonistas, no refiriéndose solo a Guzmán, también al Fondo.

Esto se justificó, segundo error, en una clara subestimación de la capacidad de pago del país, que según el ministro se justificaría por la emergencia, y se sostiene en unos cálculos de las cuentas públicas y nacionales que están diseñados para mostrar el resultado deseado, que no hay plata. Pero son contradichos por los números contantes y sonantes que los acreedores tienen ante sus ojos, y que más bien muestran lo contrario, dólares no le van a faltar al país en los próximos años, ese al menos no va a ser su principal problema: la parte argentina dice que no va a haber capacidad de pago por tres años porque no puede hacer recortes de gastos en medio de una feroz recesión, pero no toma en cuenta que existe ya ahora un fenomenal superávit comercial, que puede llegar a los 20.000 millones este año y el próximo, y da margen de libertad para honrar aunque más no sea una parte menor de los intereses. De ahí, otra vez, la acusación de “mala fe”.

Pero lo peor de todo fue que Guzmán y sus colaboradores no hicieron mucho por coordinar las expectativas de cobro de los fondos mejor dispuestos, sino todo lo contrario, estimularon a todos los acreedores a coordinarse, pero en contra de la propuesta argentina. De ahí que tomaran la voz cantante, en nombre de los demás, los más beligerantes. ¿Cómo lo lograron? Con la peregrina idea de no pagar nada por tres años, no por nada el tiempo que falta para que termine su mandato Alberto. Con esa idea, se puso a fondos necesitados de cobrar algo, aunque más no fuera una suma simbólica, en la misma situación que a los que calculaban que les convendría rechazar la propuesta y esperar a que cambie el gobierno, o el ministro, o ir a juicio y esperar una sentencia. Así se convirtió a contrapartes flexibles, en inflexibles.

Finalmente, terminó siendo en esas posiciones extremas en las que se llegó a una tácita coincidencia, no en torno al acuerdo: tanto los fondos como el gobierno argentino evolucionaron hacia la convicción de que les convendría romper. Y esto por otro diagnóstico equivocado, al menos de nuestro lado: que la incertidumbre generada por la pandemia justifica tomar una decisión arriesgada. Cuando más bien se podría haber actuado al revés: reducir los riesgos de pagar altos costos por la incertidumbre actual, postergando una decisión hasta que la situación se calmara, que es lo que están tratando de hacer otros países con fuertes deudas y vencimientos inmediatos.

Y eso no es todo. El error definitivo del ministro parece ser haberse convencido, y estar convenciendo a otros, de que los costos potenciales de un default serían menores que los de un “mal acuerdo”. Tal vez también el presidente esté pensando ahora que “no sería tan grave”, “porque la cesación de pagos ya se produjo y la decidió Macri” y porque “otros países van a seguirnos por ese camino”.

De esta manera, Guzmán ha puesto a su jefe ante dos peligros letales y entrelazados. El primero, político: que Alberto incumpla la promesa que hizo de marcar una diferencia tanto con Cristina como con Macri. Él pretendía haber venido a arreglar lo que estos dos habían manejado mal, por opuestas razones. ¿Qué quedaría del proyecto de Alberto si fracasa en cerrar la incertidumbre financiera que esos dos experimentos opuestos generaron, y ofrecerle de este modo una vía a los capitalistas argentinos para volver a tomar crédito y recuperarse de diez años de fracasos? Muy poco.

Segundo, los considerables costos económicos que de ese fracaso se seguirían: sin moneda y sin recaudación, con la producción y el comercio colapsados, solo el comercio y el ahorro externos, es decir, las exportaciones y los flujos financieros de créditos o inversiones, podrían sacarnos del pozo más o menos rápido. Si solo nos quedan las exportaciones, y a media máquina porque la inversión que las podría incrementar también escasea, las posibilidades de tener un 2021 más o menos promisorio se alejan. Y las de que Alberto sea un presidente “de transición” crecen.

El año que viene se recordará tal vez todavía su mérito en haber puesto a la Argentina entre los primeros países en reaccionar a la pandemia. Y que gracias a él la curva se acható.

Pero se lo juzgará por haber puesto a la economía argentina entre las últimas en recuperarse. Ese sería finalmente su legado, y el criterio de juicio en las encuestas durante el año electoral. Entre los primeros en la cuarentena pero entre los últimos en la recuperación económica, no podría ser reelecto, y el Frente de Todos buscaría entonces otro candidato. Adivinen quién ya lo escogió.

Podría decirse, en contra de estas especulaciones, que en verdad Guzmán y Alberto están apretando al máximo a los acreedores pero no para romper, sino para arreglar en los mejores términos para el país. No se endurecieron, se hacen los duros. Si esto es así, es muy discutible que sea una buena estrategia: volvamos al efecto que esto ha tenido entre los acreedores, los ayudó a coordinarse, y los empujó a hacerlo alrededor de las posiciones más duras. Así que si finalmente quienes negocian en nuestro nombre llegan al filo del abismo pero no saltan, sino que retroceden, lo más probable es que tengan que retroceder mucho más de lo que se hubiera necesitado si se mostraban más conciliadores desde el principio.

Es la misma trampa en que nos metió Nestor Kirchner en 2005, que a él le permitió sacar chapa de astuto matón nacionalista, algo que lamentablemente vende, pero al país lo cargó con un arreglo bastante desfavorable. Porque por los famosos cupones atados al crecimiento se terminó pagando mucho más de lo que se calculó en un comienzo. Y encima un arreglo parcial, así que además tuvimos que pagar y seguimos pagando un montón de juicios. Algún día entenderemos que la desconfianza se paga, y es un lujo que no nos podemos seguir dando.