El aumento de casos de Covid 19 en los últimos días puso en cortocircuito la relación entre salud y economía, y disparó las alarmas en la Presidencia y la Jefatura de gobierno de la ciudad. Si los contagios siguen escalando en los próximos días, con foco en la CABA como en la semana que pasó, será indicio de que la reapertura de actividades fue al menos inoportuna, o se manejó mal. Y Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta serán los que paguen el mayor costo político.

Más en general, los datos preocupan porque amenazan con descomponer del todo la ya desde el vamos precaria diagonal por la que el país intentaba avanzar minimizando el daño tanto para la salud como para la economía.

Desde mediados de abril que se sabía que esa diagonal se había trazado al comienzo de la emergencia con excesiva atención a lo que sugerían los epidemiólogos, y la terapia era por tanto cada vez más insostenible para la frágil economía del país, por más compensaciones que ofrecieran las autoridades.

Si ahora resulta que la decisión del 9 de mayo pasado, a la inversa, tiró por la borda el achatamiento de la curva de contagios logrado con la cuarentena, y los casos positivos se multiplican de modo similar a lo que viene sucediendo, por razones semejantes, en Santiago de Chile, tanto la gestión nacional como la porteña se verán en figurillas para minimizar los daños y volver a encontrar un rumbo, trazar una “nueva diagonal”. Y si, para terminar de complicarlas cosas, la actividad económica no se recupera al ritmo que se esperaba, nos habremos quedado sin el pan y sin la torta.

De allí que bastara que esos datos de contagios salieran a la luz, para que los intendentes del conurbano, con especial énfasis los más kirchneristas, rompieran la relativa paz que hasta aquí mantenían con la gestión porteña: la acusaron de irresponsable y de estar transmitiéndoles la enfermedad. Que supuestamente ellos tendrían bajo control en sus distritos. El gobernador bonaerense acompañó esas críticas, que le permitirán tal vez lavarse las manos de lo que suceda cuando se empiece a testear en las villas de emergencia de su distrito.

Porque ese es uno de los motivos de que los casos hayan crecido tanto en la CABA, y no lo hayan hecho en el conurbano en igual medida. O en la periferia de otras grandes ciudades. La administración porteña, en coordinación con el gobierno nacional, empezó a testear más, en particular en poblaciones de riesgo, como son los habitantes de barrios precarios. Así lo reconoció una de las asesoras del comité de crisis presidencial: “Estamos yendo a buscar a los contagiados”. Dando a entender que hasta ahora no lo hacían, sólo testeaban a los que llamaban al 107, el 120 o el 148, y solo si tenían todos los síntomas y reclamaban atención.

¿Qué pasará cuando se aplique el mismo criterio en el conurbano? ¿Se encontrarán con un panorama muy distinto en los miles de asentamientos, en ocasiones más populosos y aún más precarios que los de la CABA? Es probable que no. Pero lo seguro es que los responsables de atenderlos tendrán ya listo un argumento para desresponsabilizarse: la culpa será de Larreta, que como buen neoliberal derechista e insensible a los padecimientos populares se preocupó más por la economía que por la salud, abrió los comercios y multiplicó los contagios “en nuestros barrios” y “nuestra gente”.

Lo más interesante del caso fue, de todos modos, que mientras el kirchnerismo se esmeraba en hallar un culpable, y escogía a Larreta para ese rol, el presidente se mantuvo fiel a su estrategia de cooperar con él. Lo citó a Olivos, lo hizo participar del festejo por el desarrollo de un kit de testeo “nacional”, y ratificó su aval a la reapertura de actividades comerciales en la ciudad. ¿Por qué lo hizo?

Difícilmente se haya debido a que confía en que la situación esté bajo control, el aumento de casos haya sido pasajero y se origine solo en el cambio de criterio para administrar los testeos, y en que los problemas económicos son igual de transitorios.

Debe saber que desde hace 10 días camina por una terra incógnita, y corre riesgos mucho mayores que mientras rigió la cuarentena estricta. Y debe entender también que no hay vuelta atrás. Aún si los resultados, tanto sanitarios como económicos, no son buenos, y como él mismo advirtió, es preciso “volver a endurecer las restricciones”, no hay forma de reiniciar una cuarentena general, porque ni la economía ni la sociedad la aguantarían.

Respecto a lo cual seguramente influye otra constatación que ya ha tenido tiempo de hacer y asimilar: la ayuda estatal tiene límites bastante acotados, primero porque no hay cómo financiarla, y segundo porque no llega a la velocidad ni con la amplitud que debería. Ya pasaron casi dos meses desde que él dispuso transferir recursos a quienes perdieron sus fuentes de ingresos, pagar parte de los salarios de quienes trabajan en empresas en problemas y otorgar créditos a tasas negativas a las que los necesitan para no ir a la quiebra. Pero la mayor parte de los destinatarios de esas decisiones no han logrado acceder sus beneficios. De lo que se deduce que sólo permitiendo a la economía privada volver a funcionar, se puede evitar un derrumbe aún más pronunciado de la actividad, y por tanto de la recaudación.

Este aprendizaje es muy útil para poner entre paréntesis la ensoñación que en principio parece el presidente compartió con los fanáticos de su coalición, según la cual la crisis “relegitimaba el rol del Estado”, e iba a permitir infligirle una derrota definitiva a los liberales y derechistas. Por como van las cosas, sin un pragmático y urgente recurso a la iniciativa privada y los mercados, la espiral de la crisis puede llevarse puesto al bendito Estado. Y al gobierno “popular” con él. Así que no le viene mal contar con algunos aliados bien dispuestos entre los “voceros” de esos mercados. Y tener algo con lo que contrapesar, en la toma de decisiones que tiene por delante, el protagonismo descollante que hasta aquí han tenido los voceros del sanitarismo y del Estado provindencial.

Además, esta no fue la única evidencia de que las cosas se complicaban, y que las mismas fuerzas que habían justificado una inicial concentración de poder en sus manos, y empujado hacia arriba su imagen en las encuestas, podían hundirlo en la impotencia y el descrédito en un abrir y cerrar de ojos. A la evidencia anticipatoria que ofrecieron al respecto los actores de la economía real, se sumó el baño de realidad al que lo sometieron los fondos de inversión con papeles de la deuda.

El viernes 9, mientras reabría la economía, Alberto Fernández debe haber estado pensando que de nada había servido el apoyo moral de varios Nobel de economía, del Papa y del mismísimo FMI. Y que tenía que sentarse a negociar en serio con los acreedores, antes de que fuera tarde.

Y para eso lo primero que debió hacer (lo encaró el sábado siguiente, bien temprano) fue dejarle en claro al ministro a cargo de la negociación que tenía que abandonar toda veleidad intelectual, pues su trabajo no consistía en “tener razón”, sino solo en “partir la diferencia”. Para lo cual el presidente también debió aclarar su propia mente: si permitió que Martín Guzmán perdiera cinco meses en prolegómenos y devaneos intelectuales, ¿no fue acaso porque él también creyó que el trabajo que debían realizar se asemejaba a probar una tesis, como le criticó Carlos Melconian días atrás?

Estas lecciones que brindó la realidad a nuestro primer mandatario lamentablemente aún no han llegado al terreno institucional. Que es el otro costado de esta peculiar crisis que vivimos: la diagonal que hace falta es en realidad tridimensional, además minimizar el daño para la salud y la economía, hay que minimizarlo para la república.

Pero por ahora al menos Alberto Fernández de eso no se ocupa, y sigue “dejando hacer” a los socios mayoritarios de su gobierno. Y estos siguen empecinados en mostrar que la emergencia les da la razón, o si no se las da, al menos sirve para que ellos impongan sin resistencia su versión de las cosas, apostando a que la opinión pública y la oposición estén demasiado ocupadas atajándose del desastre.

Apenas pasada la tormenta desatada por la liberación de presos, primero de los propios y después de todos los demás (que sirvió para mostrar que tan desatentas aquellas no están ante los atropellos, y que la emergencia puede justificar muchas cosas pero no cualquier cosa), el kirchnerismo judicial se dedicó a inventar presiones macristas sobre la Justicia supuestamente ocurridas durante los “horribles cuatro años”, y ventilarlas sonoramente en sus medios adictos, como cortina de humo para hacer más digerible la operación de desmonte definitivo de las investigaciones aún en curso por delitos de corrupción contra la jefa y su séquito.

Operación a la que se abocaron los funcionarios más entusiastas del Ejecutivo, como el simpático jefe de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, quien retiró al Estado de la acusación en varias causas. Y los representantes oficiales en el Consejo de la Magistratura, que salvaron de las muchas acusaciones en su contra a Rodolfo Canicoba Corral. El juez probablemente menos confiable de Comodoro Py. Pero también el encargado de investigar varios casos que interesan especialmente a Cristina y cía.

¿Qué queda, ante estos avances, de la pretensión de Alberto, proclamada al iniciar su mandato, de “limpiar Comodoro Py”, y terminar con las interferencias políticas sobre el Poder Judicial? ¿Y qué utilidad le resta a su cacareada “reforma de la Justicia”, que justamente en estos días el Ejecutivo intentó relanzar? La oposición ya concluyó que no es más que otra cortina de humo, porque el presidente finalmente no hace más que apañar la autoamnistía kirchnerista. Y el propio kirchnerismo se desentiende del proyecto, porque no cree que le vaya a servir para nada. O mejor dicho, solo le sirve a Alberto en su pretensión de darle largas al asunto de los juicios por corrupción, desactivarlos pero sin que se note, y sin pagar costos ante los votantes moderados, negándose por tanto a disponer rápida y expeditivamente la inocencia de los “compañeros presos y perseguidos”. Otro que tiene bien ganado el mote de “zapatitos blancos”.