La actividad económica de marzo puso al desnudo no sólo los efectos de la cuarentena sobre ella, sino también el rezago con que los agentes económicos vienen padeciendo los efectos de un esquema económico que ha fracasado en estos primeros 20 años de este siglo. En efecto, el modelo estatista, con sus más y sus menos, de Kirchner a Macri, ha fracasado de manera contundente.
El PBI en marzo respecto de igual mes del año anterior cayó más del 11%, con sólo 15 días de confinamiento, lo cual pone de manifiesto que la aguda baja en la actividad económica viene con un arrastre de al menos 6%.
Son números que no se veían desde hacía mucho tiempo y ratifican que la estanflación ha venido para quedarse durante mucho tiempo. Sin embargo, y con las salvedades que pueden aceptarse por los efectos de la emergencia sanitaria, la brusca baja del ritmo económico muestran como reverso de la moneda, un aún más pronunciado descenso del salario real.
Este deterioro del poder de compra se vio en la paupérrima temporada estival que mostró su rostro triste, con una fuerte contracción del consumo interno. La economía argentina ha cruzado la puerta del infierno y la administración de los Fernández como lo fue el gobierno de Macri, manifiestan una fuerte disociación con la realidad.
El endeudamiento de las empresas y de las familias con el sistema financiero, representan unos 10.000 millones de dólares tomando un tipo de cambio promedio de 100 pesos. La cifra no asusta, sólo porque está licuada por la constante devaluación. Pero como los salarios también están licuados, la recuperación está también muy lejana.
Con un salario promedio en torno de los 700 dólares, la economía argentina se encuentra todavía a mitad de camino de poder aumentar su competitividad relativa, respecto de sus pares regionales, lo cual la descoloca como una opción de inversión para el capital extranjero.
Mientras tanto, el gobierno insiste en subsidiar desde el sector de ingresos fijos a sectores cuasimonopólicos, mediante un precio sostén para el crudo local que no sólo parece favorecer al cartel petrolero sino también a las ineficientes administraciones de las provincias productoras de hidrocarburos y a la estatal YPF con su tan meneada “soberanía económica”.
Así lo reconoce un reciente informe de la agencia Moody’s en la que destaca que “el precio de referencia del crudo nacional aumentará las regalías a las provincias, que han sido afectadas negativamente por la reciente caída de los precios internacionales del petróleo. Provincias productoras de petróleo como Chubut y Tierra del Fuego dependen en gran medida de las regalías porque este flujo de ingresos sirve como garantía para sus bonos en moneda extranjera.
Las regalías se pagan en moneda local al tipo de cambio de venta del dólar, que proporciona una cobertura natural a la deuda denominada en dólares de las provincias. En el contexto actual de depreciación significativa de la moneda, las coberturas de moneda extranjera son una consideración crediticia sustancial. Tanto Chubut y Tierra del Fuego había tensado las posiciones de liquidez y las métricas financieras débiles antes de la caída de los precios del petróleo.
Por lo tanto, un mayor deterioro de los flujos de efectivo de las regalías tiene graves efectos negativos en la calidad crediticia de estas provincias”. En otras palabras, el precio sostén del barril criollo es un salvavidas para que muchas provincias no caigan en default.