El gobierno nacional sigue bregando por un acuerdo con los acreedores externos para reprogramar la deuda pública en dólares. La posición argentina, basada en criterios de sostenibilidad, plantea que no se puede prometer más de lo que se ofreció (período de gracia hasta finales 2022, fuerte baja de intereses y comienzo de pago de capital en 2026). Los acreedores, por su parte, consideran que esto genera pérdidas excesivas. Ayudaría mucho a conciliar ambas posiciones un plan de ordenamiento del sector público.

Una prioridad en el ordenamiento es el sistema previsional porque representa prácticamente la mitad del gasto público. Es urgente definir una nueva fórmula de movilidad previsional ya que los aumentos discrecionales, como se vienen dando desde que empezó la nueva gestión, no son tolerados por la Justicia. Pero también hay temas más estructurales que deben ser revisados porque son fuentes de inequidades y exceso de gasto público. Uno de los más relevantes es la regla de pensión por sobrevivencia. Esto es, la pensión que se otorga al cónyuge cuando fallece el titular.

Para tener una idea de la naturaleza y el orden de magnitud del problema, la firma IDESA ha elaborado un informe sobre la base del Boletín Estadístico de Seguridad Social, el cual a diciembre del 2019 observa que de las 1,6 millones de pensiones por sobrevivencia que paga la ANSES:

-El 15% son personas mayores de 60 años y no cobran otro beneficio de ANSES.

-El 10% son personas en edad laboralmente activa (entre 20 y 60 años).

-El 75% cobran, además de la pensión, una jubilación de ANSES.

Estos datos muestran que las pensiones por sobrevivencia han perdido el rol para el cual fueron creadas. “En no menos del 85% de los casos la pensión es un ingreso adicional para la persona, ya que muchas de ellas seguramente están trabajando y una gran cantidad tiene su jubilación. La duplicación, en realidad, es superior porque no se está computando la superposición de beneficios de ANSES con los de las cajas previsionales provinciales, de profesionales, de militares y fuerzas de seguridad”, asegura IDESA.

Las pensiones por sobrevivencia son un claro ejemplo de cómo la falta de actualización de las normas erosiona la sostenibilidad y la equidad del sistema previsional: “Este beneficio fue diseñado hace un siglo bajo el supuesto de que el varón era el único sostén familiar ya que la mayoría de las mujeres eran recluidas a actividades domésticas. Con el aumento en la tasa de participación laboral femenina y las facilidades para acceder a un beneficio que dieron las moratorias previsionales, prácticamente todos los adultos mayores acceden a una jubilación. De esta forma, cuando un titular de jubilación fallece y deja una pensión por sobrevivencia, casi con seguridad que se produce una doble cobertura. Prueba de ello es que, en los últimos años, el 90% del crecimiento de las pensiones por sobrevivencia fueron doble cobertura. La desidia también opera en el sentido contrario. La pensión por hijo se suspende al cumplir los 18 años. Se trata de una norma también desactualizada ya que, a diferencia del pasado, una gran cantidad de jóvenes prolongan su dependencia económica debido a que prosiguen estudios superiores”, avanza la misma firma.

Córdoba abordó esta problemática en el ámbito de su caja de jubilaciones provincial. Por un lado, se estableció un aporte solidario del 20% para quienes sean titulares de más de un beneficio previsional o bien perciban otro ingreso remunerado y la suma de sus ingresos superen un determinado umbral (6 haberes mínimos). En el caso de la pensión para hijos, se la extendió hasta los 23 años en la medida que el joven se mantenga estudiando. Son adaptaciones previsionales que apunta a ganar sostenibilidad con mayor equidad.

Por eso, “abordar un ordenamiento integral del sector público es la forma de evitar el default. También es el paso decisivo para salir de la crisis e iniciar una senda de crecimiento económico y social. Si esta innovación sobre la pensión por sobrevivencia se extendiera al resto de los regímenes previsionales, especialmente el nacional administrado por la ANSES, se podría avanzar hacia la sostenibilidad con equidad en el sistema previsional argentino”, culmina IDESA.