Generó gran conmoción en ámbitos académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el inadmisible acto de censura contra el ex Juez y ex Ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro. El letrado había sido invitado a una charla por el Centro de Estudios Sobre Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de dicha Facultad. Este Centro de Estudios fue creado por la Resolución Nº 652/18 del Consejo Directivo y tiene como fin: “...promover la investigación, el debate y la capacitación en materia de políticas de transparencia, ética pública, control y lucha contra la corrupción.” Para ello, se ha facultado al ente a “Realizar o coordinar investigaciones, o conformar grupos de estudio, sobre materias vinculadas a su objetivo. Desarrollar actividades de capacitación... intervenir en el diseño de programas de posgrado o en cursos de distinto nivel formativo, especialmente concebidos para funcionarios públicos, otros operadores jurídicos, o público general. Organizar jornadas y foros de debate sobre temas de su incumbencia. Generar y publicar textos científicos relativos a las materias que constituyen su objeto de estudio.” Queda claro, entonces, que no es un órgano político ni de conducción de la Facultad, sino una entidad netamente académica.

Según fuentes especialmente consultadas para la realización de esta nota, para la suspensión de la actividad en cuestión, no tuvieron incidencia las autoridades que conducen la Facultad de Derecho, sino la fuerte presión sobre Carlos Balbín, director del Centro, que ejercieron el kirchnerismo más autoritario, y algunos integrantes del propio Consejo Consultivo del ente organizador. En efecto, algunos miembros, con la excusa de no haber sido consultados, se opusieron a la conferencia ya anunciada. Esta oposición interna fue la que derivó en que el propio Centro de Estudios Sobre Transparencia y Lucha Contra la Corrupción desistiera de la actividad.

Natalia Volosín, abogada y twittera de cierta fama que integra el mencionado Consejo Consultivo, presentó la renuncia al Consejo y se opuso a la participación de Sergio Moro, básicamente, porque le cuestiona el encarcelamiento de Lula y su posterior participación en el gobierno de Bolsonaro. En ningún momento sus críticas apuntaron a razones académicas, pero pareciera que algunos integrantes del Consejo Consultivo del Centro consideran que fueron convocados a esa función para hacer valer sus opiniones políticas, y no sus conocimientos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. 

Cabe recordar, por otra parte, que nada dijo la abogada y militante feminista Natalia Volosín cuando Luis D´Elía (procesado por un delito de lesa humanidad, como es el encubrimiento de funcionarios del régimen iraní que habrían atentado contra la AMIA) moderó una charla en esa misma Facultad, en la que participaron, entre otros, un jurista cuestionado porque en varias de sus propiedades se ejercía la prostitución. Y está muy bien que no lo haya hecho, lo que está mal es la doble vara, y excluir por razones ideológicas a una persona que ha sido invitada por cuestiones académicas y que, para muchos interesados en la materia, tiene cosas muy importantes para decir.

Cursada la invitación a Sergio Moro y convocada la actividad, fue un grave error suspenderla, aún con diferencias internas en el cuerpo consultivo del órgano convocante. Porque está claro que esas diferencias no obedecen a razones académicas (por lo que exceden las competencias del Consejo Consultivo). Y está claro, también, que una entidad consultiva no tiene a su cargo la toma de decisiones.

Cuestionada en las redes por su postura, la abogada Volosín, manifestó en twitter: “Lo de la libertad de expresión en el caso de Moro vayan a reclamárselo a la UBA, señores, o vamos a pensar que nuestras expresiones de repudio no les parecen igual de protegidas por la Constitución Nacional”. Así, en una muestra pocas veces vista de cinismo, la doctora pide censura, pero luego exige que los reclamos vayan a quien, supuestamente, acató tu petición de censurar. Y lo que es peor aún, involucra a toda la Universidad de Buenos Aires, en un repudiable acto que fue ejecutado por un pequeño órgano académico de una Facultad, a partir de una crisis institucional provocada con sus reclamos antidemocráticos y contrarios al pluralismo que debe regir en las universidades públicas.