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La presurosa intervención y el proyecto de expropiación del conglomerado Vicentin encierra muchas incógnitas y deja al gobierno al desnudo de una decisión no sólo polémica y sino también al borde de la ilegalidad. Lo primero que hay que preguntarse es por qué razón el gobierno se mete en un negocio privado que se encuentra en concurso de acreedores, una tutela judicial que no sólo le protege de una eventual quiebra sino que salvaguarda el derecho de los acreedores.
La empresa se encuentra concursada debido a una expansión y exposición financiera que fue luego afectada fuertemente por todas las devaluaciones y por los congelamientos de precios que menguaron su flujo de caja proyectado.
Se podría resumir groseramente que Vicentin salió de compras y se expandió mediante operaciones de apalancamiento que luego no pudieron ser canceladas debido al descalce de monedas provocado por los saltos cambiarios y por la aguda caída de ventas y el congelamiento de los precios de sus principales productos en el mercado interno.
Tras la compra del 50% de Renova, la planta de molino de cereales más grande del mundo, se esperaba que el flujo de caja de este emprendimiento pudiera cubrir la exposición financiera del holding y pudiera cancelar sus deudas.
Pero el negocio exportador no respondió como se esperaba porque la planta rinde en la medida que trabaje al máximo de su capacidad. La falta de insumos por efecto de la sequía, obligó a Vicentin a “importar” soja del Paraguay, creando Vicentin Paraguay y aumentando los costos. También afectaron el negocio los problemas derivados del comercio internacional en especial, la caída de las compras de aceites y harina de soja por parte de China y las trabas aplicadas a la exportación de biodiesel.
Todo esto complicó la caja del holding Vicentin que además posee gran parte de empresas que venden al mercado doméstico pero que están afectadas por los distintos congelamientos de precios.
Hasta diciembre de 2019, Glencore y Vicentin poseían Renova en partes iguales. Pero ante la crisis de la firma argentina, Glencore avanzó con la compra de un 16,7 por ciento adicional para pasar a controlar dos tercios de las acciones.
Hace dos meses, el gigante suizo de los commodities ofreció comprar el 33,3% restante de Renova a un precio de 325 millones de dólares lo que le permitiría a Vicentin salir del concurso de acreedores.
Lo curioso de toda esta operación montada por la administración de los Fernández es que se produce un día antes del vencimiento del plazo para que el juez pudiera concluir con la verificación de créditos dentro del proceso concursal. Y en todo caso, ¿por qué razón el gobierno avanza sobre una empresa concursada cuando ésta podría tener chances de viabilizar su negocio y avasallando el derecho de otros acreedores? ¿Cuánto le va a pagar el gobierno a Vicentin por la expropiación de su conglomerado industrial? ¿A quién quiere beneficiar el gobierno con este accionar? Muchas preguntas por ahora sin respuesta. Sólo por ahora.
