Era el más reservado del grupo de agentes de inteligencia ligados al espionaje ilegal de la AFI. También el único al que los jefes no le pedían que realizara “tareas de campo”. Jamás se levantaba de su improvisado escritorio. Su perfil técnico lo llevaba a no salir de la “cueva” que la banda había montado en pleno barrio porteño de Mataderos sobre la calle Pilar al 1458.

Allí pasaba más de doce horas por día procesando toda la información que los espías colectaban mientras hacían los seguimientos clandestinos a los principales referentes del círculo rojo argentino. Con la paciencia de un orfebre ordenaba imágenes, filmaciones y todo tipo de información que le suministraba el resto de la organización.

Muchos de sus compañeros se referían a él como “El Informático”, por sus conocimientos técnicos y por sus cualidades a la hora de confeccionar las carpetas y archivar con orden, y buen criterio, los datos colectados.

Su nombre es Mariano Ignacio Flores y esta semana el juez federal Federico Villena le otorgó la eximición de prisión en una causa federal que genera un alto impacto político. Su llegada a la AFI fue extraña.

No es un espía formado en “La Casa”, como suelen referirse al organismo los propios agentes. Primero, se desempeñó como integrante de la Policía de la Ciudad, pero en 2018 recibió la orden de pasar “en comisión” a un grupo de inteligencia dependiente de la AFI.

“Flores no se pudo negar a esta decisión ya que cumplía funciones formales y esta orden fue un traslado dispuesto por la superioridad”, le aclaró a A24.com José Vera, su abogado defensor en esta causa.

Muchas de las carpetas que terminaba de ultimar "El Informático" eran entregadas al jefe de los espías, Alan Ruíz, para sus retoques finales. Luego, la documentación clandestina llegaba directamente a la Casa Rosada.

En las últimas horas, otro exespía de la Agencia Federal de Inteligencia, Leandro Araque, declaró durante tres horas ante la comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia y reveló que actuó en distintas operaciones de seguimiento contra dirigentes políticos como Diego Santilli, Emilio Monzó o Nicolás Massot.

A24.com anticipó, en forma exclusiva, el 24 de mayo todo lo que el espía terminó ratificando en sede parlamentaria. Araque también reconoció que se hicieron tareas de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y admitió que solían llevarle informes a la casa de gobierno “que eran recepcionados por la coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo”.

"El Informático" recibía mucha información de dos hackers que aún no fueron indentificados en la causa. Uno de ellos bajo el apodo de “Jony” solía enviarle datos sensibles que Flores ampliaba con una fina tarea de cyberpatrullaje.

“En ningún momento hackeó a nadie. Las actividades que realizó mi cliente eran derivadas de las tareas formales que él realizaba en el ámbito del cumplimiento de sus funciones como policía. El cumplía ordenes”, aclara el abogado Vera.

La estructura de la banda se completaba con otros espías, muchos de ellos también provenientes de las filas de la Policía de la Ciudad como era el caso de Jorge "el Turco" Sáez, un ex agente penitenciario.

En la segunda línea de la banda estaba Facundo Melo, el abogado de barrabravas de Independiente y propio Araque, un especialista en inteligencia criminal. A los dos se les negó la eximición de prisión con lo cual no se descarta que sean detenidos en las próximas horas.

También en el equipo de agentes habría participado Cristian Suriano, jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, cuya oficina fue allanada y de donde extrajeron pruebas fundamentales para el avance del expediente.

Tras el operativo, Suriano pidió el pase a retiro voluntario de la fuerza. "El Informático" solía mantener un contacto más estrecho con dos analistas de inteligencia: Andrea Fermani y Mercedes Funes Silva.

Incluso esta última fue quien aportó el departamento de la calle Pilar donde funcionaba una de las sedes del espionaje ilegal. El departamento no llegó a ser allanado porque los investigadores advirtieron que el lugar había sido “levantado” en finales de octubre de 2019. Una coincidencia temporal con la derrota de Mauricio Macri en la elecciones presidenciales.