Esta semana, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y al Ministerio de Seguridad que informen si durante el gobierno de Mauricio Macri se adquirieron equipos de “intercepción” de correos electrónicos y de mensajería instantánea, algo que está vedado por la ley de inteligencia.

Fue después de que Tribuna de Periodistas publicara que el gobierno macrista había adquirido el software Pegasus: “Fue adquirido en septiembre de 2017, en el marco de la visita al país del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Entonces se dijo que este último había venido en el marco de acuerdos y negocios en el área de Seguridad y Defensa”, según artículo de Christian Sanz del 19 de abril.

Como sea, el magistrado envió sendos oficios a ambas dependencias del Estado en el marco de la causa en la que se investiga el hallazgo de un disco rígido en la AFI, en el cual se encontraron los supuestos rastros de e-mails interceptados de dirigentes políticos y periodistas.

El juez pidió que se informe si a partir del 10 de diciembre de 2015 la AFI o el ministerio de Seguridad adquirieron “equipamiento para interceptar comunicaciones electrónicas” y que “en caso positivo”, se especifique “si se han expedido certificaciones de usuarios habilitados para su uso”.

Días atrás Martínez de Giorgi había ordenado que se realice un peritaje sobre el disco rígido hallado en la AFI al hacer lugar a las medidas de prueba solicitadas por el fiscal del caso, Jorge Di Lello, quien impulsó la investigación de la denuncia presentada por la interventora de ese organismo, Cristina Caamaño, e imputó al ex presidente Mauricio Macri y a los ex jefes de ese organismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La medida dispuesta por el juez de la causa podría generar que se ampliara la cantidad de imputados si surgiera que el ministerio de Seguridad, durante la gestión de Patricia Bullrich, adquirió los equipos prohibidos.