Acceder al feed de los comentarios de este artículo
Ya, en reiteradas oportunidades, quedó expuesto el autoritarismo con el que se sabe manejar la vicepresidenta Cristina Fernández, aquella que ostenta el poder real de la Argentina tratando de manejar los tres poderes del Estado como ya ha descripto Tribuna de Periodistas.
Sin ir más lejos, el pasado miércoles surgieron puntuales problemas en el marco de la votación acontecida en la Cámara de Senadores –acaso el lugar donde reina la mandataria- para la creación de una Comisión Bicameral que revise la situación crediticia de la empresa agroexportadora Vicentín S.A.I.C.
La validez de la votación fue cuestionada, ya que según el reglamento de la Cámara Alta, en su artículo 88, se precisan dos tercios de los votos para aprobar la creación de dicha comisión.
En números concretos, se trata de 48 de los 72 senadores. No obstante, el proyecto se dio por aprobado con el voto de 41 legisladores, lo que representa un avasallamiento liso y llano del funcionamiento democrático de, ni más ni menos, una de las dos Cámaras que comprende el Poder Legislativo de la Nación.
Pero no se trata de la única falla. Se dieron dos situaciones que deberían haber invalidado la sesión: Se trata del silenciamiento discrecional de los senadores de la oposición y del voto positivo de la senadora por Neuquén Lucila Crexell, quien figuraba ausente al momento del sufragio parlamentario.
Entonces, la pregunta que queda en el aire: ¿Por qué, al menos hasta el momento de ser redactadas estas líneas, la Comisión de Asuntos Constitucionales no levantó la voz ante las claras faltas al reglamento de la propia Cámara?
Sin embargo, no es la primera vez que el autoritarismo se adueña de las decisiones del propio Gobierno. No se puede pasar por alto el hecho de que el Gobierno, con el pretexto del Coronavirus, logró concentrar el poder y brindarle “superpoderes” al jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, para manejar el presupuesto sin control del Congreso.
Tampoco puede eludirse el tema de la -hasta ahora- fallida expropiación de Vicentín, pero, ¿Por qué sorprenderse si fue el mismo vicepresidente de la segunda gestión de Cristina, Amado Boudou, quien intentó quedarse con la máquina de fabricar billetes?
Quizá suene raro, pero fue a mediados del 2012, en un discurso formulado frente a la Organización de las Naciones Unidas que la expresidenta dijo que le temía al autoritarismo.
“El temor más grande que tengo como militante política es que muchísimos occidentales dejen de creer que un sistema democrático pueda darle soluciones”, mencionó entonces.
Por entonces, los escándalos por el autoritarismo de quienes eran oficialismo, llegaban a puntos inusitados causando, en muchos casos, la repugnancia de la ciudadanía.
Intervención de empresas sin orden judicial, utilización de organismos oficiales para presionar e incluso, por entonces, se había logrado que un simple Decreto de Necesidad y Urgencia tenga el peso de una Ley con la aprobación de una sola cámara. Algo que resultaba inédito y totalmente inconstitucional.
Si a ello se le suman ciertas cuestiones que están en debate como la ampliación de la corte para que los integrantes sean militantes k o la creación de una Comisión Asesora cuyo titular será un claro militante oficialista –uno de los nombres que se barajan es el de Carlos Beraldi, abogado de CFK- se puede entender que el despotismo avanza a pasos agigantados.
Ya se ha referido Tribuna de Periodistas a la necesidad del control absoluto que ostenta la vicepresidenta y, si el resultado de ello es el autoritarismo, pues autoritarismo será.
