En las próximas horas, el ministro de Salud, Ginés González García, realizará una nueva denuncia contra el ex titular de la cartera Adolfo Rubinstein por una renegociación de precios con un laboratorio por más de 4 millones de pesos.

La acción de lesividad fue anunciada una semana después de definir que también avanzaría legalmente por haberle concedido a otro laboratorio "fondos complementarios sin justificativo legal" luego de haber ganado una licitación.

A través de la Resolución 1129/2020, publicada este martes en el Boletín Oficial, el titular la cartera sanitaria instruyó a la Dirección de Asuntos Judiciales para que realice una denuncia por la Resolución 1051/19 de la ex Secretaría de Salud, por la cual se aprobó la renegociación de precios a favor de la firma FERAVAL S.A. por 4.354.200 pesos.

Para González García la decisión tomada por Rubinstein estaba "afectada de nulidad absoluta" por haber avalado una redeterminación de precios con un 36 por ciento de aumento luego de que la empresa solicitara esa medida justificada en la devaluación del peso "durante los nueve meses anteriores a la firma del contrato".

"La improcedencia de su aplicación al caso se motiva en que las circunstancias alegadas para fundamentar el presunto desequilibrio del contrato fueron anteriores a su perfeccionamiento, lo cual impide reputarlas como sobrevinientes e imprevisibles y, por ende, como factor de ruptura de la ecuación económica financiera, sin perjuicio de que este último extremo no fue probado", explicó el Ministerio de Salud en la resolución publicada este martes por la agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, la cartera conducida por Ginés González García inició un sumario administrativo interno e informé sobre la situación a la Oficina Anticorrupción y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

También suspendió los efectos de la norma firmada por Rubinstein: "De ningún modo puede ampararse la subsistencia de un acto irregular, máxime cuando el mismo genera a favor de un tercero un derecho subjetivo que se traduce en un perjuicio económico para el Estado, toda vez que le impone al mismo la obligación de pagar una suma de dinero".