Desde 1994, la dirigencia de la comunidad judía mantiene un cerrado pacto de silencio y una pertinaz negativa a revisar su responsabilidad en el silenciamiento de lo ocurrido en la masacre de la AMIA. La DAIA, con Rubem Beraja a la cabeza y sus principales abogados, acompañaron desde inicio las maniobras de encubrimiento, que no se limitaron al pago de un soborno de más de U$400.000 a un preso -Carlos Alberto Telleldín- para obtener de él una declaración falsa con la cual desviar la investigación hacia un grupo de corruptos policías bonaerenses ajenos al atentado. Los encubridores necesitaban que declarara haber entregado la fantasmal Trafic-bomba a cualquiera que alejara la pesquisa de la pista siria, local y federal, y de preguntas incómodas sobre el tráfico de armas.

Es imprescindible recordar cómo sucedió, y cómo fueron desoídas algunas advertencias:

El primer intento -antes de la coima pagada para culpar a los policías bonaerenses- se perpetró en los primeros meses de 1995, un año antes de la consumación del soborno, cuando se le ofrecieron a Telleldín un millón de dólares a cambio de que culpara a unos libaneses detenidos en Paraguay.

Esa turbia gestión, que no prosperó, fue encabezada con el aval del gobierno de Menem y del juez Juan José Galeano por el militar genocida Héctor Vergés, entonces colaborador de la SIDE, luego condenado por torturas, homicidios y otros delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura como jefe del campo de concentración cordobés La Perla.

Vergés era acompañado por el agente de la SIDE Daniel Romero, chofer del jefe de los espías Hugo Anzorreguy (condedado por gravísimas maniobras de encubrimiento del atentado). Según explicó la fiscalía en el juicio por el verdadero encubrimiento (“AMIA 2”), el espía Romero se reunió a hablar del tema con Beraja en las oficinas del Banco Mayo. Fueron varios los represores, algunos abiertamente nazis, los que asesoraron a los dirigentes judíos.

Vergés le ofreció el dinero a Telleldín en nombre del gobierno nacional de entonces, como quedó registrado en una escucha telefónica de las pocas que no se alcanzaron a destruir.

Ese encubrimiento fue prematuramente denunciado en Estados Unidos por el rabino norteamericano Avi Weiss, quien fue desautorizado en sus alertas por el titular de la DAIA Rubén Beraja. El 28 de setiembre de 1995 tuvo lugar una audiencia sobre el atentado a la AMIA en el Congreso de los Estados Unidos, Washington, ocasión en la que Weiss afirmó:

“Es mi convicción que el gobierno de Argentina está desviando la investigación y llevando a cabo un encubrimiento. Esta conclusión no es una mera especulación”.

Weiss se refirió a los lazos de Menem con el terrorista sirio Monzer Al Kassar, y a circunstancias concretas, como la ausencia de los policías que debían custodiar tanto la Embajada como la AMIA, el desoimiento de advertencias previas, y el interés de dejar afuera de la investigación a los sirios.

Dijo Weiss que el juez Galeano estaba desviando la investigación, y consumando el encubrimiento siguiendo órdenes de Menem. Ya entonces, en septiembre de 1995, Weiss denunció el primer intento de sobornar a Telleldín, cuando todavía no se había consumado el segundo: le contó a los congresistas que el genocida Héctor Vergéz (en nombre del jefe de Gabinete, Carlos Coirach, y por instrucciones directas de su secuaz, la camarista María Luisa «La Piru» Riva Aramayo, N. del E.) le había ofrecido al doblador de autos un millón de pesos-dólares y su libertad a cambio de culpar falsamente a unos libaneses detenidos en Paraguay. Beraja replicó descalificando por completo esas denuncias, respaldando al juez, a la SIDE y al presidente Menem, y sosteniendo que el atentado estaba prácticamente esclarecido.

Con el apoyo mediático y del establishment comunitario al patético juez Galeano y al menemismo, poco después del fracaso del primer intento de compra de su declaración para cerrar la causa mediante una falsa acusación a los libaneses de Paraguay, Telleldín se entrevistó en el juzgado con un tal Eldad Gaffner, a partir de un pedido que lleva el sello de la Procuración General del Estado de Israel. El motivo alegado: obtener cooperación de Telleldín para el esclarecimiento de atentados terroristas cometidos… en Israel!. Tuvieron tres encuentros reservados, de cuyo contenido no quedó constancia, en absoluta violación a las normas locales. El enviado, que hablaba perfecto castellano y «parecía un abogado más», según lo reconstruido por diversos elementos probatorios, le habría ofrecido a Telleldín trabajar para el Mossad a cambio de un sueldo, en lo que constituyó el segundo intento de soborno. Por diversas razones, Telleldín se asustó y no aceptó.

En el juicio por el verdadero encubrimiento –que el público argentino no pudo ver ni leer- la fiscalía reconstruyó el trayecto previo a la exitosa concreción del soborno a Telleldín para obtener la declaración falsa con la que se desvió la investigación por casi una década. Ese trayecto incluyó varias reuniones. En una de ellas –entre Telleldín, Beraja, el dirigente de DAIA y abogado Cichowolski y el abogado de la AMIA Luis Dobniewski– Beraja le dijo al preso Telleldín «que haga lo que tiene que hacer y se va a su casa«. Galeano en connivencia con Anzorreguy había decidido pagarle U$400.000 a Telleldín con fondos reservados (más U$5.000 por mes por un año y medio). El ex prosecretario de Galeano Claudio Lipschitz refirió que Beraja estaba al tanto del pago que se realizaría a Telleldín. Diversos testigos, entre ellos varios funcionarios o empleados judiciales, declararon que Galeano le exhibió a Beraja el video que el ex juez había grabado en secreto de su negociación con Telleldín, previa al pago.

En el juicio, Beraja no aceptó responder preguntas de la fiscalía ni de las querellas. En sus monólogos, hizo alusión a sus encuentros con gobernadores, jefes policiales mandatarios extranjeros y una serie de personas muy importantes del país y del Exterior. Justamente por ello Galeano lo había considerado una pieza necesaria para la maniobra a realizar. “De estar en desacuerdo con esa maniobra tenía el poder suficiente para desbaratarla”, señaló el fiscal, que recordó que Telleldín había condicionado su aceptación al aval de Beraja.

Tiempo después de perpetrada la maniobra, el video del juez Galeano negociando la coima con Telleldín fue robado. Los involucrados en el pago a Telleldín entraron en pánico ante su posible difusión pública. Beraja entonces apoyó a Galeano. En Comodoro Py, “se reunieron todos, estaban Beraja, Corach…”. “Hay un compromiso de que nadie va a pasar la cinta”, le decía Telleldín a su mujer en audios que fueron rescatados. El titular de la DAIA se comunicó con varias redacciones para pedir que no se divulgara. No obstante, finalmente el escandaloso video se divulgó en un programa de Jorge Lanata. (Corría 1997 y Lanata aún no se había vendido en cuerpo y alma al encubridor Grupo Clarín, N. del E.). Aún así, tuvieron que pasar varios años hasta que se anularon esas estafas procesales realizadas a partir de pagos ilegales. Mientras tanto, los resabios de verdad que quizás podrían aún rastrearse, terminaron de desintegrarse por el paso del tiempo, con el silencio o la complicidad de muchos.

Hace un año, un tribunal oral federal (TOF 2, alejado de cualquier sospecha de kirchnerismo o populismo), después de pasar meses y meses escuchando testigos, acusados y acusadores y de revisar documentación escandalosa con el control de los querellantes, no pudo más que sentenciar que estos y otros repugnantes hechos analizados, que tuvieron como objetivo y resultado el encubrimiento del atentado a la AMIA, constituían “graves violaciones a los derechos humanos”. Y constataron que se encubrió intencionadamente la llamada “pista siria”. En esa necesidad de encubrir, se destruyeron todo tipo de evidencias.

No obstante, en una lamentable solución de compromiso, el tribunal evitó que las responsabilidades lleguen a los mandantes políticos. Dispuso bajas penas de prisión a la mayoría de los acusados, dejando fuera de la condena a Menem y al ex titular de la DAIA, en un fallo que se encuentra apelado. Según los tiempos tribunalicios, probablemente la biología humana extinguirá la mayoría de las imputaciones.

Entretanto, el aparato mediático judicial con su dispositivo dirigencial comunitario habrá logrado enterrar definitivamente la causa AMIA y la verdad de lo ocurrido en lo trágicos años 90.

Fuera de lo judicial y su lógica perversa, a nadie parece sorprender la nula disposición de revisión y discusión de estos hechos, por parte de instituciones que siguen enarbolando la pretensión de ser representativas de la comunidad judía, a lo largo de un cuarto de siglo. Su silencio y ausencia de autocrítica (cuando no su abierto y ferviente aval) las involucra.