El kirchnerismo ha iniciado una ofensiva en el Senado, presidida, obviamente, por Cristina Fernández, para dejar completamente acéfala la Procuración General y desplazar a Eduardo Casal, el actual Procurador adjunto.

Recordemos que ese lugar no tiene un Procurador General con acuerdo del Senado desde que Alejandra Gils Carbó renunció al cargo en medio de denuncias de todo tipo pero que, aún así, no fueron suficientes para someterla a juicio político.

El presidente Macri elevó, entonces, el pliego de Inés Weinberg de Roca, pero nunca logró su aprobación en la cámara alta con lo que Casal pasó a desempeñarse como procurador adjunto, algo así como un procurador interino.

La comandante de El Calafate parece haber identificado al copamiento de la procuración como otra de las cabeceras de playa en las que está interesada, y si bien parece dificultoso que logre los votos necesarios para un juicio político a Casal, parece decidida a bombardearlo con denuncias hasta hacerlo renunciar.

En un movimiento bastante rápido y sincronizado, a tal punto que encontró a la oposición con reflejos muy lentos, Fernández desplegó a sus soldados en la cámara para que ametrallaran a Casal con pedidos de investigación.

Fueron varios los senadores que presentaron pedidos de explicaciones al procurador adjunto, desde mociones que lo intiman a que explique el nombramiento de fiscales hasta otras que le piden aclaraciones sobre las cuentas de la procuración, como así también las que versan sobre la aplicación de sanciones a sus subordinados.

Un particular acento fue puesto en la actuación de Casal en la causa de Dolores que lleva el juez Alejo Ramos Padilla y que investiga una supuesta organización espía integrada por el falso abogado Marcelo D’Alessio, periodistas como Daniel Santoro y el fiscal Carlos Stornelli.

Esa causa fue el producto de un “fórum shopping” kirchnerista que fue a dar con este partidario de Justicia Legítima en Dolores para implementar lo que en su momento se llamó “operativo puf”, que tenía como objetivo hacer caer la investigación en la causa de los cuadernos que, en su etapa de instrucción, llevaba en aquel entonces el juez Claudio Bonadio.

Esta ofensiva también motorizó la moción de que una serie de organizaciones de clara filiación kirchnerista sean escuchadas en la cámara para que expongan allí sus alegatos contra Casal, todo con la finalidad de seguir sumando presiones para que el procurador adjunto deje su cargo.

Como sabemos, la aspiración de máxima de Fernández es designar allí a Daniel Rafecas, el mismo juez que mandó archivar in limine la denuncia de Alberto Nisman que derivó en su muerte tan solo tres días más tarde de formularla.

Esa designación está completamente trabada y lo más probable es que la vicepresidente no la consiga. De por sí no cuenta con los votos propios necesarios para definirla y sería muy grosero que aplicara el mismo criterio que utilizó para crear una comisión investigadora de la compañía Vicentín. Allí, como fue de público conocimiento, cuando era obvio que la comandante perdía esa votación porque no tenía los dos tercios necesarios para crear ese organismo (de acuerdo a lo que manda el propio reglamento de la cámara), Fernández, en un arranque de democracia pura, cerró los micrófonos de la oposición y dio por creada la comisión con el voto de una mayoría simple.

Pero intentar, a los ojos de todo el mundo, una jugada parecida para instalar a Rafecas, sería demasiado burdo, aún para el kirchnerismo que precisamente se caracteriza por no hacerle asco a nada.

Movida entonces por la ceguera de la venganza, la señora avanza cuando más no sea para voltear a uno de los últimos muñecos de Macri que quedan incrustados en la estructura del Estado: No logrará imponer a Rafecas pero al menos destronará a Casal y pondrá allí a un secuaz propio con el mismo alcance de ser procurador adjunto.

Desde ese lugar, entonces, gobernará al cuerpo de fiscales, pudiendo desplazar a quienes no pasen la prueba ácida de kirchnerismo y colocando a fieles a su causa.

No hay dudas que el copamiento de la Justicia figura entre los objetivos más preciados de Fernández. Desde allí pretende monitorear la muerte de todas las causas abiertas contra ella, y probablemente orquestar un pedido de disculpas nacional por haberla acusado de robar el Tesoro Público.

Si la oposición va a mostrar el mismo grado de reflejos que mostró ayer para evitar que el kirchnerismo le pase por encima, no va a faltar mucho tiempo para que las huestes de Justicia Legítima gobiernen definitivamente al poder judicial. Llama la atención que los representantes del 41% de la sociedad se muestren tan timoratos, como a la defensiva, como dando por sentado que el triunfo kirchnerista en octubre pasado fue aplastante, cuando claramente no lo fue.

Esa suerte de complejo de inferioridad de la oposición está siendo aprovechado por la comandante que, cuando huele debilidad, no duda en hincar sus dientes.