La reforma judicial inició su recorrido final. No vale la pena enumerar otra vez sus dimensiones. El Congreso deberá decidir si finalmente se reorganiza la distribución del trabajo judicial mediante la fusión y absorción de fueros.

Aunque el cambio más trascendente en términos de visibilidad es la pérdida de poder de Comodoro Py, lo concreto es que la intervención que se plantea el gobierno es fuerte. Habrá que ver cómo responde el parlamento, pero el imaginario que contiene el proyecto apunta a una justicia diferente.

De todas maneras, como cualquier política pública, es tan o más importante la implementación que el diseño de la nueva arquitectura. La implementación quedará en manos del Ministerio Público Fiscal y de la Corte Suprema.

La Procuración espera un procurador a la altura de los objetivos del artículo 120 de la Constitución Nacional. Aunque el presidente Alberto Fernández nominó al juez Daniel Rafecas, el Senado aún no se expidió. Quizá la reforma judicial acelera los tiempos porque para hacer realidad la reforma es necesario un procurador.

La Corte Suprema, por su lado, deberá implementar la eventual reforma en medio de una discusión sobre su futuro de la comisión que creó el Poder Ejecutivo. El elenco de notables es plural y combina razonablemente diferentes miradas sobre la administración de justicia.

Si se piensa el punto fuera de cualquier interés partidario, es evidente que la Corte necesita una reforma y dada la importancia institucional de ese tribunal, que es la cabeza del Poder Judicial, es saludable que el gobierno haya abierto la discusión a la sociedad. Una comisión es un paso interesante en ese sentido, pero no debería ser el único.

Mientras tanto la justicia sigue dando ejemplos que justifican su reforma. El juez Rodolfo Canicoba Corral tuvo desde hace bastante tiempo en sus manos el expediente vinculado a la renegociación de contratos de autopistas que roza al conglomerado de empresas de la familia Macri. Al mismo tiempo que el juez vaciaba los cajones de su escritorio, indagó y procesó al ex ministro de Hacienda Nicolas Dujovne, al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, al ex Director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y al ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. Todo en un tiempo récord.

Los acusados se quejan, pero es verdad que todos los acusados se quejan. Sin embargo, es innegable que aun cuando el juez tenga la razón, aún cuando estemos frente a un desfalco, es poco prolijo que ese expediente haya dado pocas muestras de vida durante el gobierno macrista, que haya despertado en medio de la pandemia y cuando el juez ya había presentado su renuncia. Estos son los verdaderos desafíos de la reforma judicial, porque las leyes en sí mismas no hacen milagros.

El Consejo de la Magistratura también es protagonista de la reforma. Tiene en sus manos para resolver la cuestión del traslado de jueces de la época en que el macrismo imponía su voluntad en el cuerpo. La discusión de fondo se redujo a la tensión derivada de la grieta.

La pregunta obvia es por qué los reglamentos del Consejo y el requisito del acuerdo que requiere la Constitución Nacional no se hizo cuando se dispusieron los traslados. La pregunta siguiente también es obvia: ¿Cuál es el temor al camino de la ley?

La conclusión para el ciudadano de a pie es terrible porque, en el fondo, se trata de actores judiciales que discuten la conveniencia de cumplir la ley. Este aspecto lejos de ser un problema es un síntoma que se expande como una incógnita sobre el futuro de la reforma y ese síntoma es la puerta de entrada para entender el lawfare.