La Argentina está de nuevo muy cerca de desperdiciar una oportunidad. El presidente Alberto Fernández tenía todo dado para impulsar una reforma judicial que honrara sus promesas de regeneración institucional. Pero su propuesta llegó cargada de suspicacias y no mejora la causa principal de la debacle del poder judicial argentino: su politización. Al contrario, puede exacerbarla.

El 29 de julio, el presidente expuso los detalles de su proyecto, que incluye la fusión de fueros, un aumento sustancial de juzgados y fiscalías federales y la convocatoria de una comisión de “notables” para que propongan mejoras al funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el juicio por jurados.

Hasta ahí, la iniciativa parece atinada. El problema comienza cuando se analizan los detalles que hacen sospechar de otra avanzada política sobre un poder del Estado célebre por su maleabilidad hacia la coalición gobernante de turno.

La oposición y los expertos independientes formularon una serie de críticas que pueden resumirse en estas diez razones por las que la reforma de la justicia argentina podría terminar en un descalabro.

Primero: la comisión de notables no incluye a ningún exintegrante de la Corte ni del Consejo, ni del Ministerio Público Fiscal. Es decir, opinarán sobre cómo mejorar una instancia quienes no la conocen por dentro.

Segundo: la comisión de notables tampoco incluye a ningún representante de los colegios de abogados que a diario fatigan los pasillos de los tribunales argentinos, quienes a veces esperan durante años que la Corte resuelva sus reclamos.

Tercero: la comisión sí incluye a algunos abogados, pero dos de ellos son el defensor de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su exsocio y defensor del extitular del organismo recaudador de impuestos, figuras icónicas del kirchnerismo que afrontan juicios orales por presunta corrupción. Para mostrar su ecuanimidad, podrían sostener que la comisión también incluye a quien fuera la candidata del expresidente Mauricio Macri a la Procuración General de la Nación, Inés Weinberg de Roca, pero eso no hace más que subrayar el tinte político de la iniciativa oficial.

Cuarto: la comisión de notables sí incluye a hombres y mujeres con laureles académicos y un currículum envidiable, pero que en su mayoría también ha expresado su afinidad con el kirchnerismo.

Quinto: uno de los ejes de discusión sobre la Corte es si corresponde ampliar su número de integrantes, algo que ya se probó poco relevante. La Corte tuvo 5 integrantes hasta 1960, subió a 7 hasta 1966, se redujo a 5 hasta 1990, escaló a 9 hasta 2005 y bajó hasta solo 3 antes de repuntar a los 5 actuales. Nada de eso sirvió para resolver los problemas de fondo que afrontaba el Poder Judicial argentino.

Sexto: la reforma propone la creación de más juzgados federales justo cuando la justicia argentina avanza hacia el sistema acusatorio; esto implica dejar las investigaciones en manos de los fiscales. ¿Para qué, entonces, sumar más jueces si lo que se necesitan más son fiscales?

Séptimo: la reforma llevaría a contar con 46 jueces federales penales en la ciudad de Buenos Aires —para unos 3 millones de habitantes; a razón de un juez por cada 65.000 porteños— y solo 198 juzgados federales —de los cuales solo algunos tendrán competencia penal— en el resto del país para 41 millones de argentinos (esto es: un magistrado por cada 207.000 ciudadanos), lo que acentúa la disparidad entre la metrópolis y el interior. Si como dice el refrán, “Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires”, ahora atenderá en los tribunales porteños.

Octavo: la reforma dispone que durante el tiempo que demore designar por concurso a los jueces titulares —trámite que suele tomar años—, esos juzgados quedarán en manos de magistrados que ocupan el cargo de manera temporal —llamados jueces subrogantes— hasta que se designen los definitivos, quienes serán seleccionados por un Consejo de la Magistratura teñido de vicios políticos y que acumula denuncias por la manipulación de los concursos.

Noveno: la reforma ignoró o desatendió “los datos de la realidad” sobre cómo funcionan algunos de los juzgados involucrados en la posible reforma, una omisión que llevará a la “dilapidación de recursos”, además de resultar inconstitucional, según alertaron, por unanimidad, los doce jueces que integran la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Décimo: la propuesta de reforma no tomó en cuenta que enviar jueces nacionales al fuero federal afectará el desarrollo de las investigaciones sobre los delitos comunes en la ciudad de Buenos Aires. Así, para corregir —si eso ocurre— las falencias del fuero federal para los funcionarios políticos, afectarán la vida cotidiana de los ciudadanos, según alertaron los doce jueces de la Cámara de Apelaciones.

Estas no son las únicas razones que ensombrecen la anunciada reforma judicial. Hay muchas más. Entre ellas, que los jueces subrogantes quedarán a cargo —y solo ellos— de todas las denuncias que se presenten contra funcionarios del gobierno que los nombró, incluyendo al presidente. Y a los nuevos juzgados que se crearían con la reforma se suma la enorme cantidad de juzgados ya existentes, pero vacantes, que el presidente podrá llenar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el distrito más populoso del país.

Para que quede claro, una reforma judicial es necesaria. Las estadísticas del Poder Judicial nos recuerdan la rampante impunidad en la Argentina. Por ejemplo, apenas el 2 por ciento de los investigados por la justicia federal en la ciudad de Buenos Aires llega a afrontar un juicio oral. Y menos del 1 por ciento termina condenado. La comisión aporta propuestas valiosísimas y el nivel de sus integrantes abre una puerta a la esperanza. Pero una reforma tal como está planteada podría acentuar la politización ya existente en el Poder Judicial.

Desde 1947, los miembros de la Corte Suprema presentaron la renuncia masiva o fueron destituidos solo ocho veces. En un país caracterizado por la inestabilidad, la corrupción, la impunidad, es esencial darle certidumbre al Poder Judicial y elegir a los nuevos jueces por su idoneidad. Para lograrlo se necesita un Consejo de la Magistratura más eficiente y transparente. Eso pasa por eliminar la discrecionalidad política, el “amiguismo” y el contubernio que hace que no siempre los mejores postulantes ganen los concursos y que los jueces que garantizan la impunidad continúen en sus cargos. La pregunta, entonces, es si la política está dispuesta a perder el control de los tribunales.

(*) Columna publicada originalmente en The New York Times