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El debate por la reforma judicial quedó opacado por otras cuestiones, más o menos triviales, pero su tratamiento parlamentario sigue en pie y promete traer cola.
El gobierno ha decidido abrir la discusión doctrinaria para que otros especialistas puedan brindar su “aporte”, incluso los jueces de la Corte Suprema, pero es una trampa. Porque nada de lo que se haga es “vinculante” en la cuestión de fondo, como ya anticipó Alberto Fernández.
Ello significa que, digan lo que digan los consultados, el presidente hará lo que le venga en gana. Mejor dicho, lo que quiera Cristina.
Por otro lado, suena poco creíble el llamado a opinar que llevó adelante el jefe de Estado en las últimas horas. Porque ya dio pelos y señales de lo que busca modificar respecto del funcionamiento del Poder Judicial. ¿No tendría que haber hecho todas las consultas antes de avanzar en ese sentido? Ahora pareciera que es tarde.
Ciertamente, la idea de Alberto de reformar la justicia parece un hecho consumado. A piacere de su vicepresidenta, que es la que necesita zafar de puntuales expedientes que la aquejan.
Por eso la reforma es solo sobre el fuero Federal y la Corte Suprema. ¿Y la justicia Civil y Comercial? ¿Y los otros fueros? ¿No merecen ser reformados? ¿Acaso la Justicia no es un “todo” que funciona como un engranaje?
La respuesta es obvia: Cristina no tiene inconvenientes en esos otros terruños, solo en la justicia Federal y en la Corte. Ergo, solo se avanzará allí.
Por eso hay que seguir de cerca el derrotero de la reforma. Porque promete impunidad para varios, no solo para la expresidenta. Por caso, este martes Milagro Sala cometió un brutal “sincericidio” al decir que, “si no hay reforma judicial nunca vamos a poder recuperar la libertad”.
En tal contexto, voceros del gobierno salieron a aclarar que la movida “no tiene efecto retroactivo”, a efectos de tranquilizar respecto de la eventual impunidad judicial de Cristina y otros referentes K complicados por hechos de corrupción.
Se trata de una trampa discursiva —otra más— del kirchnerismo. Porque, si bien podría ser cierto, el fondo de la cuestión es otra: Cristina necesita sacarse de encima a puntuales jueces. Básicamente para garantizarse futuros fallos judiciales “amigables”.
Por eso, lo que se busca es diluir el poder de la Corte Suprema —la ampliación de ese cuerpo operaría a esos efectos— y copar la justicia Federal. Allí abrevan todas las complicaciones de la vicepresidenta.
Entonces, ¿qué importa la retroactividad de la norma si lo que se busca es remover a los magistrados díscolos, aquellos que suelen ser denostados en C5N y Página/12? Dos de ellos son los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Alberto podrá argumentar mil cuestiones para justificar la polémica reforma judicial, pero la realidad es la que se ha relatado. Que subyace por sobre cualquier excusa de ocasión.
Ya lo dijo alguna vez su jefe político, Néstor Kirchner: “No miren tanto lo que digo… sino lo que hago”.
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