La polémica por la reforma judicial no solo no ha cesado, sino que promete traer cola. Esta semana, por caso, seguirá el debate parlamentario para avanzar en una movida que, entre otras cosas, propone ampliar la estructura judicial nombrando aproximadamente 300 nuevos magistrados y funcionarios judiciales.

¿Qué implicancias financieras tiene nombrar un nuevo magistrado o funcionario judicial? Es la pregunta que intenta responder el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el cual, tomando como referencia un salario inicial de unos $300 mil y considerando el régimen jubilatorio especial del sector, llegó a las siguientes conclusiones:

-Durante la vida laboral (estimada en unos 25 años) el costo para abonar los salarios del magistrado o funcionario judicial son unos $145 millones.

-Cuando se retira, en jubilaciones (considerando la expectativa de vida) se suman otros $85 millones.

-Cuando fallezca habrá que abonarle al cónyuge pensión por unos $40 millones.

Estos datos muestran que contratar a un nuevo magistrado o funcionario judicial es una decisión que le implica al Estado un compromiso de pago (sumando salarios, jubilaciones y pensiones) de aproximadamente $270 millones: “Por ser un empleado del Estado con estabilidad en el cargo se trata de un compromiso mucho más férreo y rígido que la deuda pública. La deuda se puede “defaultear” o reprogramar, pero el salario, la jubilación y la pensión del magistrado o funcionario judicial y su cónyuge no se pueden dejar de pagar y difícilmente se dejen de actualizar. Si se proyectan crear unos 300 nuevos cargos judiciales de alto rango, se está hablando de un compromiso fiscal de unos $81.000 millones”, advierte IDESA en su informe.

Antes de incorporar un nuevo empleado público, el análisis previo debería ser muy riguroso y transparente. Existe la tendencia a considerar como costo solo la remuneración mensual: “Se pasa por alto que, debido a la estabilidad y otras regulaciones, la decisión tiene implicancias financieras que perduran por varias décadas. Mientras que para las contrataciones de bienes, obras y servicios los procedimientos suelen ser muy estrictos, para la contratación de empleados públicos escasean las evaluaciones y los procedimientos son muy poco rigurosos. En el caso de magistrados y funcionarios judiciales, el costo sobre el presupuesto público es más gravoso aun, por sus elevados salarios y su régimen jubilatorio especial. Aumentando 300 nuevos cargos se agregan $600 millones anuales de déficit previsional a la ANSES en el futuro”, de acuerdo al mismo documento.

Para IDESA, para responder al legítimo reclamo de una justicia más ágil y transparente no se necesitan más jueces sino un profundo cambio de gestión: “El presupuesto del Poder Judicial nacional es de $68 mil millones de los cuales el 95% son salarios. Esto explica la poca predisposición y capacidad financiera para invertir en tecnología y el fuerte apego a métodos de trabajo muy arcaicos. Por eso los expedientes se acumulan, las causas se eternizan y los empleados viven aquejados porque no tienen espacio físico y herramientas de trabajo. Bajo estas condiciones –y más allá de las intencionalidades políticas de la reforma propuesta–, contratar más jueces implicará multiplicar los problemas”, culmina en su informe.

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