Este jueves, la jueza María Romilda Servini volvió a rechazar un planteo del ex presidente Mauricio Macri contra la decisión de entrecruzar sus comunicaciones con otros ex funcionarios, en el marco de una causa que investiga supuestas presiones sobre el Grupo Indalo para torcer su línea ideológica y eventualmente apoderarse de la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Al mismo tiempo, la magistrada dio intervención al Colegio Público de Abogado de la Capital Federal para que evalúe la conducta del representante de Macri, Pablo Lanusse, quien en los escritos presentados la acusó de inclinar la cancha en favor de Carlos Beraldi y de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y advirtió que su decisión le provocaba "tristeza y náuseas".

Servini había ordenado inicialmente un entrecruzamiento telefónico y estudio de comunicaciones desde el 1 de enero del 2016 y al 31 de agosto del 2019, sobre los teléfonos de Macri, José Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, así como de un grupo de empresarios.

Las defensas apelaron y la Cámara Federal consideró que la jueza no había especificado un rango de fechas y ordenó que antes de llevar a cabo el peritaje debía precisar el objetivo, sumado a que debía resguardar la información privada.

Luego, la magistrada decidió continuar con la prueba por considerar que la decisión de la Cámara no estaba firme, y por ello la defensa de Macri la acusó de "desobediencia" a sus superiores.

"En relación con el primer agravio, debo decir que tal situación de ´desobediencia´ nunca ocurrió, ya que el Superior no emitió orden alguna, sino que encomendó un curso de acción en relación a la diligencia probatoria", sostuvo la jueza, para quien sus superiores "validaron la utilidad (de la prueba) y pertinencia a los fines del proceso, eso sí, limitaron su período temporal, aunque no de una manera precisa, sino sólo señalando que debería circunscribirse ´a los momentos relevantes´, según la hipótesis fijada en el caso".

"El Tribunal de Alzada en ningún momento ordenó la destrucción del material probatorio, por el contrario, sugirió que una vez que arribaran los primeros resultados del informe, estos no sean directamente accesibles a las partes y auxiliares de la justicia sin un previo filtro para establecer cuáles datos son ajenos al legajo –a fin de eliminarlos– y cuáles sí podían destinarse como material probatorio", agregó Servini.

Sobre la conducta de Lanusse, dijo que tuvo "descalificativos" que "no pueden pasar inadvertidos porque agravian la Magistratura".

"De ahí a expresar que las resoluciones o decisiones le causan náuseas, y que resultan funcionales, acomodaticias y motivadas a/en los intereses de personas ajenas al expediente, como por ejemplo la actual Vicepresidenta de la Nación -llegando incluso a copiar las publicaciones que hiciesa en la red social "Twitter"-, que nada tiene que ver con la causa que nos ocupa, exceden el trato y decoro que todo letrado debe guardar durante el ejercicio de su profesión", consideró la jueza.