El régimen sanitario, sostenido en los DNU presidenciales, invierte de algún modo aquel principio constitucional que establece que todo lo que no está prohibido está permitido. En efecto, el Presidente mantiene, desde el 20 de marzo del corriente año, la prohibición de toda actividad que implique algún tipo de contacto entre personas o algún tipo de circulación por la vía pública, a excepción de aquellas actividades que expresamente se habiliten.

Una persona, solo una persona, es dueña de lo que en algún momento fuera nuestra libertad. Porque si bien es cierto que los DNU requieren de la aprobación de ambas Cámaras del Congreso, cierto es también que los decretos siguen vigentes hasta que el Legislativo los rechaza, y que esa posibilidad suele no ocurrir, porque las normas de emergencia normalmente pierden vigencia antes de que se cumplimente la totalidad del trámite legislativo.

En estos ciento cincuenta días de autoritarismo sanitario las instituciones están en caída libre. La producción y el trabajo están ampliamente cercenados. La educación es una sombra del desastre que ya era. El masivo y en algunos casos inhumano sacrificio social, ni siquiera alcanza para que el personal de salud perciba una remuneración que no sea miserable. Y las enfermedades que no sean Covid son puestas en un segundo plano pese a que, en muchos casos, también son susceptibles de provocar la muerte.

Parece que fue hace una eternidad, pero no, fue hace pocos meses que Sergio Moro, el ex Juez que encarceló corruptos en Brasil, fue censurado en la Universidad más importante del país. Uno de los firmantes del petitorio fascista que provocó la censura fue el propio Presidente de la Nación y, además, operador local de la mafia de los dictadores latinoamericanos.

Pero el ataque a la libertad de expresión no quedó ahí. Hubo también ciberpatrullaje y persecución a ciudadanos, algunos de ellos periodistas, casi como preparando el terreno para la cláusula “Parrilli” que hizo agregar la dueña del Instituto Patria al reciente proyecto de reforma judicial.

Un nuevo y gravísimo intento de censura que pretende ser institucionalizada a través de una norma de alcance general. ¿Cómo funciona? Se impone a los jueces la obligación de denunciar lo que la norma denomina “presión mediática”, eufemismo que en realidad significa que los magistrados denuncien a los periodistas que incomodan al poder.

Pese a las restricciones de circulación, el pasado 17 de agosto, miles y miles de argentinos salieron a las calles a manifestarse contra la reforma judicial y contra distintos aspectos del régimen sanitario. Igual que en la anterior gran manifestación que se diseminó en varios puntos del país, algunos manifestantes fueron imputados por la Justicia. Se los acusa de violar las normas sanitarias.

Parece contradictorio, pero esa vulneración de los DNU que implican las manifestaciones callejeras, son el único contrapeso a los desbordes del Ejecutivo, al servilismo del Legislativo y a la evidente inacción del temeroso Poder Judicial, que no ha tomado prácticamente ninguna decisión relevante contraria a la destrucción de alguna de las libertades públicas que hemos padecido los ciudadanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en sus manos una presentación realizada por el autor de esta nota en representación de la Fundación Apolo, donde se denuncia que luego de haber transitado dicha ONG todas las instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema, el Estado Argentino ha desconocido el derecho a manifestarse en la vía pública.

El Congreso de la Nación no debe esperar lo que tienen para decir los organismos internacionales. Por el contrario, tiene que devolvernos ya el derecho a manifestarnos en la vía pública. Hoy este derecho (anulado por decisión presidencial) se trata de una potestad invaluable que hace al control de los poderes públicos, y que adquiere una relevancia mayor cuando dichos poderes funcionan al compás de la emergencia y la restricción de derechos.

Solange, una chica que ha muerto sin ver a su padre y a su tía, como consecuencia de la inflexibilidad criminal del régimen sanitario, tuvo fuerzas antes de morir para denunciar el maltrato del Estado a sus familiares. Y además, tuvo el coraje de regalarnos una frase que deberíamos hacer propia y adoptar como un legado cívico: “Hasta el último suspiro tengo mis derechos”.

Sería indigno que no hagamos realidad esas palabras.

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