“¡Cuidado con la ira de los centuriones!”. Robert McNamara

El kirchnerismo no está acostumbrado a perder el dominio de la calle, que supo colonizar con el transporte de pobres que, a todas luces, ignoraban el motivo de la convocatoria pero asistían extorsionados y empujados por pagos en efectivo y en especie. El espectáculo de la gigantesca marcha ciudadana del lunes 17 en todo el país lo conmovió y la única respuesta del Gobierno, más allá de las habituales y patológicas descalificaciones de funcionarios y pseudoperiodistas militantes, fue doblar la apuesta y acelerar en pos de la rápida aprobación de una reforma judicial tras la cual la sociedad sólo ve la impunidad para Cristina Fernández y sus cómplices.

Presumo que esperar algo diferente era casi ridículo, toda vez que lo único que interesa a la Vicepresidente es ese objetivo. No le importa la crisis socio-económica, salvo porque pone en serio riesgo, en las elecciones de 2021, el mantenimiento de su omnímodo poder; y nada ha dicho sobre el hambre, la pobreza y la indigencia, la inseguridad, la violencia y el narcotráfico o la desaparición de personas en democracia, ya que no constituyen para ella prioridades; las ignora olímpicamente, aunque se trate de las principales preocupaciones de sus propios votantes.

Dos cosas llamaron la atención en el banderazo: el marcial saludo de un policía a la ex Ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, y las advertencias a los gobernadores Juan Schiaretti y Omar Perotti, que resonaron fuerte en Córdoba y Santa Fe, para rechazar que los diputados de esas provincias acompañen al oficialismo en su tentativa de aprobar la bastarda reforma judicial. Si a esto último, que ya produjo declaraciones en tal sentido de los cordobeses, le sumamos que los tres legisladores que responden a Roberto Lavagna adelantaron que no lo harán, me parece que Sergio Massa, el aceitoso, tendrá serias dificultades para lograr el quórum necesario para la aprobación en la Cámara baja. Será crucial, entonces, que controlemos uno a uno a los diputados de los bloques no kirchneristas, al menos para que sufran una enorme condena social y política que les impida hasta salir a la calle si acompañaran al oficialismo en su proyecto demoledor.

De todas maneras, Cristina Fernández busca el conflicto y continuará avanzando, cual aplanadora, en varios frentes: en el Tribunal de Enjuiciamiento de la Procuración, para reemplazar a uno de sus miembros y llegar a destituir al Procurador General interino, Eduardo Casal; y en la comisión de juristas encabezada por Alberto Beraldi, defensor penal de la multiprocesada Vicepresidente, que asesora al Presidente para modificar el número de jueces de la Corte Suprema y las funciones de ésta.

En el Senado se esmeró y consiguió que el oficialismo firmara en comisiones el proyecto de reforma judicial en el que incluyó una grave mordaza a la prensa y a la libertad de expresión; una vez más, un atentado contra la democracia. Ese texto llegará a la Cámara esta semana, y el bosque kirchnerista de brazos enyesados le dará media sanción sin problemas, aunque en las redes ya se está convocando a una nueva marcha para ese día. Y todo eso sin contar la moratoria impositiva, y la consecuente impunidad, sancionada a la medida de Cristóbal López y Fabián de Souza, que se robaron por años el impuesto a los combustibles, para financiar la compra de empresas de todo tipo, casinos entre ellas, y medios de comunicación que pusieron al servicio del “relato” de su benefactora.

¿Qué alternativas tiene Cristina Fernández? A las muchas investigaciones a su respecto que se están llevando silentemente en otros países, se ha sumado un factor crucial: la detención, en Cabo Verde, del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. Es el dueño de todos los secretos financieros del chavismo y, cuando sea deportado a Estados Unidos, se convertirá en colaborador del Departamento de Justicia y describirá con precisión los oscuros negocios que vincularon a Hugo Chávez y a su “hijo”, a Néstor y Cristina Kirchner, a Irán y a Hezbollah, responsables de los atentados de la Embajada y la AMIA. Tal vez, también cuente qué fue de las enormes fortunas en efectivo desaparecidas de la Argentina; si fuera así, a nuestra Vicepresidente no le quedarán muchas opciones, ya que sus fueros la protegen sólo fronteras adentro.

Si la gravísima crisis que se expondrá en toda su magnitud cuando la actividad se normalice totalmente -algo que ya inevitable para Alberto Fernández y sus “científicos”- no fuera suficiente, la insistencia de la Vicepresidente en evitar condenas a cualquier precio, aunque ello implique el fin de la República democrática, puede complicar aún más, mucho más, el panorama. Los argentinos no estamos dispuestos a perder la libertad, algo que sucederá si ella consigue hacerse con el control total de la Justicia.

La sociedad ha despertado, está movilizada, resistirá estos nuevos atropellos y, en la medida en que se ha adueñado de la calle, será allí donde se dirimirá este conflicto, aún con gran violencia, si fuera necesario.