No hay caso. Los argentinos tenemos una fuerte tendencia a no respetar las normas. Pero también a redactarlas de un modo dogmático, sin tener en cuenta eventuales situaciones, porque creemos en un Estado paternalista que hace y deshace con nosotros. El modo en que se aplicó la cuarentena es un buen ejemplo: el Gobierno priorizó su poder de policía y el miedo a la apelación a la responsabilidad de los ciudadanos.

El tristísimo episodio de Solange, cuyo padre presuntamente contagiado de coronavirus, no pudo entrar a Córdoba procedente de Neuquén para despedir a su hija que padecía un cáncer, es emblemático. Porque se aplicó a rajatabla una norma -y con formas increíbles: el hombre fue escoltado por varios patrulleros al volver a su provincia-, sin tener en cuenta los más elementales principios de humanidad.

Sería injusto culpar –al menos totalmente- a la policía. Sus efectivos cumplen órdenes. Pero si hay una grave responsabilidad del poder político que no contempló situaciones especiales. No alcanzó el caso de un hombre que en junio, cuando llevaba comida a su familia, murió aplastado por su auto al intentar sortear un terraplén levantado para evitar el tránsito entre San Luis y Córdoba.

Más allá de que el cuidado de la vida es un valor primordial, el contemplar casos especiales a la hora de la prevención no es un capricho. Hay principios morales que lo respaldan. Lo acaba de destacar el presidente de la comisión para la Pastoral de la Salud de la Iglesia católica, el obispo Alberto Bochatey, al ser consultado por Clarín sobre el episodio de Solange.

Bochatey citó un reciente documento de la Academia para la Vida del Vaticano sobre la pandemia, en el que se menciona el “principio de proporcionalidad”, en este caso entre las medidas de prevención y sus efectos colaterales. Y que podría traducirse en este caso en que las acciones para resguardar la salud no pueden conllevar situaciones inhumanas.

Pero además el documento considera –como también lo trajo a colación Bochatey- que el “principio de proporcionalidad” se fortalece ante la constatación de que –sin perjuicio del máximo esfuerzo preventivo- “el riesgo cero sigue siendo una imposibilidad”, por lo que “habrá que tener en cuenta también el costo de la vida privada y social”.

El episodio que protagonizó Solange y su padre puso sobre el tapete la ausencia de esa consideración, que no solo los afectó a ellos –si bien fue el caso de mayor dramatismo-, sino a muchos otros familiares que en estos cinco meses de cuarentena no pudieron despedirse de sus seres queridos y sus parientes murieron en soledad.

Tampoco muchos de ellos pudieron recibir una asistencia espiritual –e incluso, en el caso de los católicos, el sacramento de la unción de los enfermos, que para las personas de fe es muy importante-. Más aún, Bochatey señaló que la contención humana y religiosa puede llegar a tener efectos terapéuticos.

Pero no se tuvo en cuenta lo humano, y menos lo religioso. Ahora en la Ciudad de Buenos Aires se está estudiando un protocolo para el acompañamiento de los enfermos graves y su eventual despedida, mientras que desde hace unas semanas se permite la asistencia de los capellanes hospitalarios.

El sanatorio porteño Mater Dei se convirtió en el primero en contar con un protocolo para que los familiares puedan despedirse de sus seres queridos. O sea, es posible encontrar un punto de equilibro entre cuidar la vida y no caer en la cruel deshumanización.

Es tiempo de que nuestros gobernantes tomen nota.