La reforma judicial obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, aquel área comandada y presidida por la vicepresidenta Cristina Fernández.

No importó el implore de la ciudadanía. Mucho menos las marchas del 17, 26 y 27 de este mes. Las razones son claras: Cristina está dispuesta a avanzar a paso firme. No importa quien esté a favor o en contra, simplemente interesa zafar de la cárcel.

No le preocupa tanto su destino personal, sino el de sus hijos, y sobre todo el de Florencia Kirchner, quien no dispone de fueros. No así máximo, quien no sólo los ostenta sino que además representa una gran cuota de poder, pero no solamente en la Cámara de Diputados encabezando el bloque oficialista, sino a nivel político en general.

Es la cabeza de La Cámpora, la figura del cristinismo en sí mismo. Aquel grupo de muchachos –y no tan muchachos- dispuestos a inmolarse por la ex presidenta.

Pero además, Máximo Kirchner tiene un duro trabajo encomendado por delante. Será el encargado visible de negociar la salida de la Reforma Judicial en la Cámara Baja con los diputados de otras bancadas.

No le será para nada fácil, ya que no puede cambiar el espíritu del proyecto, de hacerlo, no serviría para los fines impuestos. Es una labor prácticamente imposible de llevar adelante, pero es eso o la casi inexorable celda, no hay muchas más opciones.

Nadie se pone de acuerdo. Desde Juntos por el Cambio, ineludiblemente, se rechazará. Los diputados que responden al mendocino José Luis Ramón también votarán en contra, desde el lavagnismo tampoco acompañarán.

Es que, tal cual comentan algunos dirigentes de los distintos bloques, la reforma planteada por el oficialismo no dispone de los consensos básicos necesarios para tratar un tema institucional tan delicado como el que Cristina intenta capitalizar.

Mientras todo esto sucede, el presidente vuelve a atacar contra el Gobierno porteño: "Soy el más federal de los porteños. Nos llena de culpa ver a la ciudad de Buenos Aires tan opulenta, bella, desigual e injusta con el resto del país" deslizó Alberto Fernández en un acto en Santa Fe.

Parece que la “amistad” entre Horacio Rodríguez Larreta y el jefe de Estado duró poco. Es que la Ciudad de Buenos Aires tiene un color político que el kirchnerismo detesta. Desde sus inicios y salvo por los gobiernos de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman, la CABA fue gobernada por la Unión Cívica Radical y por el Pro, que ya lleva cuatro mandatos al frente de la Jefatura de Gobierno.

Rodríguez Larreta no tardó en contestarle y manifestó en una entrevista radial que "si en la Capital nos ha ido bien, lo que tenemos que hacer es igualar para arriba, que en todo el país se trabaje para lograr un mismo nivel de desarrollo".

No es la primera vez que el oficialismo dispara contra la Caba. A fines del año pasado, en el marco de la asunción de Fernando Espinoza a la Intendencia de La Matanza, CFK aseveró  que "en Capital hasta los helechos tienen luz y agua, mientras en el conurbano chapotean en agua y barro".

Lo curioso es que sendos Fernández viven en Recoleta, una de las zonas más céntricas de la Capital Federal. Sucede de la misma forma cuando se expresan contra el capitalismo pero twittean desde un Iphone. O como cuando Alberto pide cuidarse y que la palabra “cuarentena” desaparezca del vocabulario habitual pero se reúne con personajes, como Hugo Moyano o Juan Manzur, sin distanciamiento ni protección de ningún tipo. Pero esa, es otra historia.

En fin, la cuestión en sí misma representa el discurso barato y berreta que viene sosteniendo la actual conducción gubernamental. Aquel en el que cualquiera puede ser participe, pero de nada sirve si no se oye el resto de las voces.

¿O no pidió acaso Alberto en su asunción que si el pueblo veía que se estaba equivocando, éste salga a las calles a expresarse? Ello sucedió, sin embargo nadie oyó.

Ello queda a la vista luego de que trascendiera que el Gobierno querría avanzar con un aumento del 41% -llamativo porcentaje- al Impuesto a las Ganancias. Justo en un momento donde el privado se hunde.

Mientras, en el Estado no hay un guiño. Una señal. Algún gesto que tranquilice los ánimos ya irritados de la sociedad. Todo lo contrario, se han pagado bonos siderales a empleados del Congreso, algunos Gobernadores e intendentes incluso han aumentado sus haberes y al que se sigue presionando es al privado. Siempre al privado.

Y mientras todo ello sucede, la vicepresidenta pide cobrar un tercer haber por parte del Estado sin pagar Ganancias, justo el impuesto que ahora el Gobierno buscaría incrementar… ¡Una locura!

Si bien el jefe de Gabinete Santiago Cafiero desmintió que ello sea así, ya no se puede confiar en las palabras del Gobierno. Lo ocurrido con Vicentin es la muestra férrea de ello y permite dar algún viso de razón.

Nuevamente, el Gobierno de turno desoyó. Aún no entendió que la gente de a pie de a poco va dejando de confiar. El 48% de los votos que supo recibir Alberto Fernández en las Generales del 2019 menguó drásticamente.

Pero poco importa, porque lo verdaderamente relevante es terminar el trabajo sucio, para eso llegaron nuevamente a la Casa Rosada.

No hay chance. Todo se trata de la hipocresía de un Gobierno plagado de incoherencias.

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