La quita de recursos de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de la Provincia de Buenos Aires, revela el estado de quebranto del Estado Argentino. Un estado fallido que se quedó no sólo sin reservas sino también sin recursos y sin la generación de los mismos, un Estado que gasta sin cesar y que no encuentra nuevos recursos que le permitan salir de la situación de quebranto.

El presidente Alberto Fernández ni siquiera pudo sostener su relato donde justifica semejante quita de dinero. Alberto habló de que BA tuvo que ceder 8 puntos de coparticipación al resto del país y se quedó sin recursos. Cierto, y además sufrió por años el congelamiento del Fondo del Conurbano que el kirchnerismo le negó primero a Felipe Solá y luego a Daniel Scioli. Cierto.

Y entonces por qué razón no le pidió un punto de los 8 que le entregó al resto de las 22 provincias, en lugar de quitarle los fondos a la CABA que padece de los mismos problemas que BA. Dicho de otro modo, CABA y BA son los estados que más aportan a la torta de coparticipación de impuestos y los que menos reciben. Pero Fernández plantea un enfrentamiento entre ambas jurisdicciones.

La Fundación Libertad y Progreso (FLYP) afirmó que “considerando la participación de la CABA en la producción total del país, la capital recibía sólo 31% de lo que aportaba a la Coparticipación. El 69% restante se transfería a otras provincias. Con la decisión del Presidente de la Nación bajará aproximadamente 9 puntos porcentuales que se re-direccionarán a la Provincia de Buenos Aires. De esta forma, ahora CABA cederá a otras provincias alrededor del $78 de cada $100 de lo que le corresponde recibir”.

De todas formas, todos estos problemas se derivan de las malas gestiones provinciales a las que hubo que salvar en reiteradas ocasiones porque ni siquiera podían pagar los sueldos de sus empleados públicos. Y esas malas gestiones están apoyadas en un sistema ineficiente como la coparticipación federal de impuestos, un sistema que castiga a los eficientes y premia a los inútiles.

El trasfondo encierra que el modelo de la administración provincial está agotado y que es preciso hacer un salto en calidad y dirigirse hacia un modelo de regionalización, más austero y más eficaz. El trabajo de la FLYP propone modificar el régimen de coparticipación federal de impuestos siguiendo los siguientes parámetros:

* Transferir a los gobiernos provinciales la recaudación de los impuestos generados en su territorio comprendiendo los siguientes: Ganancias de personas físicas, Combustibles, Bienes Personales, Internos.

* Reemplazar el impuesto provincial a los Ingresos Brutos por otro a las Ventas Finales y calibrar la alícuota de éste con la del IVA (nacional) para lograr un resultado de distribución primaria entre la Nación y el conjunto de Provincias que no altere y que empalme con la que resulta del régimen de Coparticipación vigente.

* Suprimir así la coparticipación vertical entre Nación y provincias.

* Compatibilizar el resultado luego de la reforma, con la distribución secundaria establecida en el régimen actualmente vigente, mediante un Fondo de redistribución horizontal entre provincias, con porcentajes compensatorios que luego se mantendrán inalterados en el tiempo. Este Fondo se alimentará con el impuesto a la Transferencia de Combustibles. Esto hará posible la aceptación de la reforma ya que ninguna provincia ganará ni perderá en el empalme con el cambio.

* Al quedar inamovibles esos porcentajes, cualquier aumento de gasto de una provincia, por sobre su recaudación, le exigirá colocar impuestos provinciales adicionales. De esa forma: a) se alinearán los incentivos para que los gobiernos provinciales gasten menos y más eficientemente; b) Los ingresos tributarios de cada provincia serían previsibles; c) El Gobierno Nacional no podría ejecutar actos abusivos como reducir el porcentaje de distribución secundaria de una gobernación políticamente adversa (hoy la CABA).