Es una pena que luego de 37 años de recuperada la democracia todavía muchas cosas que debe resolver la política -o no complicarlas con intereses subalternos- terminen siendo dirimidas en los estrados judiciales. Esto provocó por estos días que la Suprema Corte de Justicia quede a las puertas de tener que pronunciarse sobre dos presentaciones de gran resonancia pública que le abren la posibilidad de mejorar la escasa confianza de la sociedad en la Justicia.

En efecto: se trata de la presentación del Ejecutivo porteño por el reciente zarpazo del Gobierno nacional a una parte de los fondos coparticipables de la Ciudad sin seguir los mecanismos establecidos por la Constitución Nacional. Y del per saltum de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia -que intervinieron en causas como la de “los cuadernos”, que involucran a Cristina Kirchner- ante el intento del kirchnerismo de desplazarlos.

Ya en 2013 la Corte declaró inconstitucional la “Ley de Democratización de la Justicia” que impulsó el kirchnerismo para colonizar el Poder Judicial. Pero aún tiene pendiente una causa clave: la que inició el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por la reforma del Consejo de la Magistratura durante la presidencia de Cristina por considerarla un avance del poder político en el organismo que designa y remueve jueces.

La importancia del Poder Judicial en una república mereció en 1997 un documento de todos los obispos del país. Allí advertían, por lo pronto, sobre “una sensación (en el país) de querer vivir sin ley, o de poder modificarla para servir a intereses sectoriales”, y que ello “facilita la corrupción privada y pública”. Además, de “un estado de ánimo que lleva a pensar en la imposibilidad de superar la impunidad”.

Tras subrayar que “la administración de la justicia requiere hoy, sobre todo, una clara independencia de los demás poderes del Estado, y de las corporaciones profesionales, sindicales o económicas”, los obispos consideraban “urgente legislar para que los consejos de la Magistratura, tanto en el orden nacional como provincial, tengan una conformación independiente y equitativa”.

Huelga decir que el documento –que es más extenso y abarcador- tiene más de dos décadas después una gran vigencia. Los desafíos en materia judicial siguen siendo los mismos y los problemas se repiten. La tentación del poder político de turno de contar con un Poder Judicial a su medida continúa siendo muy fuerte y las movidas para escapar de su accionar, descaradas.

No obstante, la actual Corte conserva cierta confianza (en un país donde la imagen del Poder Judicial ocupa los niveles más bajos). En el caso del per saltum de los camaristas Bertuzzi y Bruglia, el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, dijo que ese organismo dará una respuesta “adecuada a derecho”, que parece inminente.

En cambio, seguramente llevará más tiempo la presentación del Gobierno de la Ciudad. Por eso, el Ejecutivo porteño se apresta a presentar un amparo en el fuero contencioso administrativo a los efectos de evitar el perjuicio por el recorte inmediato de los fondos, que implica 150 millones menos por día.

De ser los pronunciamientos adversos al kirchnerismo, como podría intuirse, el choque de la Corte con el oficialismo promete levantar polvareda. Y seguramente potenciará a quienes impulsan la ampliación de miembros del alto tribunal para sumar a simpatizantes del Frente de Todos.

Pero también constituirían una saludable expresión de independencia judicial, que llevaría a pensar que no todo está perdido en la República Argentina.