Una vez más, ha trascendido que Alberto Fernández tiene en la mira a la Corte Suprema de Justicia. Estaría preparando una “comisión de notables” que analizaría opciones para reformarla. Me pregunto entonces, ¿qué problema tiene Alberto con la Corte? ¿No tiene nada más útil y urgente para pensar y hacer, en medio de una pandemia con destrucción económica sin precedentes? ¿En qué planeta viven quienes nos gobiernan?

Parece que no se conforman con no bajarse los sueldos, sino que además destinan tiempo y recursos escasos a una politiquería cortoplacista.

Esta preocupación por la Corte no viene, claramente, de una presión social. La población tiene la mente en cuestiones mucho más urgentes, como conservar su empleo o asegurarse la alimentación del día de mañana. Además, según los especialistas, la Corte Suprema es uno de los pocos órganos de la Justicia ampliamente reconocidos como independientes y competentes.

Lo anterior se debe a que, para designar o remover a un integrante de la Corte, la Constitución sabiamente exige la aprobación de dos tercios del Senado. Es decir, para ser nombrado hay que pasar por importantes filtros y obtener un consenso amplio, que trascienda las fronteras ideológicas y políticas. Asimismo, una vez en su puesto, los jueces de la Corte tienen la tranquilidad de saber que ningún gobierno podrá destituirlos de manera discrecional. Mientras hagan su trabajo razonablemente bien, seguramente permanecerán en su cargo. Esto les permite ser independientes de los gobiernos y preocuparse únicamente por su prestigio como jueces y (suponiendo que la tienen) su vocación de servicio.

Es cierto que la sociedad tiene una imagen negativa del Poder Judicial en su conjunto, y que ella repercute en la imagen pública de la Corte. Sin embargo, es lógico que así sea, cuando la gran mayoría de los jueces dejan mucho que desear: se acomodan según cómo soplen los vientos políticos, patean los juicios durante años y priorizan el dogma del garantismo penal sobre el sentido común de justicia, lo que favorece la impunidad y las puertas giratorias. La sociedad, que no tiene tiempo ni formación para prestar atención a detalles técnicos, no discrimina entre Corte Suprema, cámaras y jueces, expresando un malestar con el Poder Judicial en general.

“Lo que prevalece es lo que piensa la opinión pública sobre el desempeño del Poder Judicial en general y no tanto sobre la Corte, cuyas decisiones son sofisticadas y técnicas”, ha afirmado el ex camarista León Arslanian. “La mala imagen de la Justicia afecta al común de la gente, que no separa ni distingue entre la generalidad de los tribunales, los juicios a los funcionarios que aparecen en los medios y la Corte Suprema”, ha expresado, en sintonía, Ricardo Gil Lavedra en diario La Nación.

El Consejo de la Magistratura, que designa y destituye a los jueces, es un órgano altamente politizado y paralizado, que no cumple su función: deja en su lugar a los malos jueces (como en su momento Oyarbide) y molesta a los que investigan al poder. La reforma que trama el kirchnerismo parece estar destinada a extender a la Corte la dinámica del Consejo de la Magistratura, cuando deberíamos hacer exactamente lo opuesto.

La Corte Suprema fue, de hecho, el principal obstáculo que tuvo el cristinismo, cuando era gobierno, para avanzar sobre los medios de comunicación y lograr la impunidad social. Por eso, todo hace pensar que la preocupación por la Corte Suprema surge del kirchnerismo duro, no de la sociedad. Están buscando venganza, como así también preparar el terreno para que, en un eventual nuevo intento, logren instaurar el autoritarismo que no pudieron materializar en su primer gobierno. Un autoritarismo de extrema izquierda que es capaz de arrasar con cuanta institución exista, como lo hemos visto en Venezuela.

¿Alberto está de acuerdo con esto? ¿O para “tranquilizar a las fieras” decide crear una comisión que estudie el tema y no llegue a nada? Lo primero sería terrible, pero lo segundo también sería preocupante. Pues, querría decir que se le está haciendo el juego al cristinismo al instalar en el debate público que la Corte Suprema es un problema, cuando no lo es.

Al contrario, deberíamos aplicar la receta de la Corte Suprema, que nos ha funcionado llamativamente bien para estándares argentinos, al Consejo de la Magistratura. Que el Senado deba aprobar con mayoría de dos tercios a los miembros del Consejo de la Magistratura. Tendríamos entonces un órgano seleccionador y removedor de jueces que gozaría de prestigio e independencia. Veríamos concursos transparentes y un correcto orden de mérito. Los argentinos empezaríamos a estar en condiciones de amigarnos con nuestro Poder Judicial, órgano central de la democracia, la república y el Estado de Derecho, vital para contar con instituciones eficientes y con un desarrollo económico y social sostenido.

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