El pasado viernes 18 se presentó, por el canal de Youtube (ver al pie) de la Fundación Apolo, el libro de José Magioncalda, abogado y columnista de Tribuna de Periodistas, que lleva el título “Publicidad Oficial en Argentina: entre el deber de informar y la tentación proselitista”. El evento contó con la participación de la periodista Silvia Mercado, y de los dirigentes Darío Lopérfido y Yamil Santoro, entre otras personalidades.

La tapa misma de la obra de Magioncalda está condenada a despertar polémicas: su ilustración reproduce un cartel de obra pública de los que se utilizaran durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con la imagen de la hoy vicepresidente tachada en rojo.

Con rigurosidad histórica y jurídica, el autor se explaya sobre el concepto de publicidad oficial, sobre su utilización durante el primer gobierno patrio, y sobre sus abusos durante la “tiranía” de Juan Manuel de Rosas, durante el “régimen” del primer peronismo y durante la última era democrática.

A continuación, transcribimos un extracto del flamante libro de Magioncalda:

“La difusión de la imagen y el nombre del gobernante, cuando no apunta al bien común, no sólo vulnera la ética pública, en tanto constituye la utilización de bienes públicos con fines netamente personales o de facción, sino que, además, ataca al sistema democrático y republicano de gobierno. El discurso estatal que importa este tipo de propaganda, transmite a la ciudadanía la idea de que el gobernante es dueño del estado y los ciudadanos son clientes que reciben beneficios del líder. Esconde que las realizaciones derivan de una tarea colectiva que nace en el momento en que los contribuyentes pagan impuestos, continúa cuando el Congreso presupuesta, y finaliza cuando el ejecutivo lleva adelante las obras en cuestión (preferentemente, bajo la atenta mirada de los órganos de control).

Si la obra estatal se presenta como producto del líder, el papel de las instituciones queda reducido a meras trabas burocráticas que el caudillo logró sortear, y el papel del ciudadano se reduce al de un pasivo beneficiario de obras que solo debe agradecer servilmente.

Del mismo modo, cuando el funcionario omite información concreta en la publicidad oficial, desviándola de sus fines, priva al ciudadano de algo que le pertenece. Porque la información que detenta el Estado no es del Estado ni del funcionario, es de la ciudadanía.

Así, la incultura cívica que generan estas prácticas constituye el sustento propagandístico del líder de turno, pero también de una nefasta escala de valores que pone al gobernante por encima de las leyes.