Este jueves, la Fundación Apolo, a través de su Equipo de Activismo Judicial, denunció a Rafael Ramón Prieto, socio del Ministro de Educación de la Nación (Dr. Nicolás Trotta) por los delitos de falsedad ideológica de instrumento público y defraudación agravada contra la Administración Pública.

En la presentación, que lleva las firmas del representante legal y del presidente de la Fundación Apolo (José Magioncalda y Antonio Fratamico, respectivamente), se sostiene que el señor Prieto falsificó la declaración jurada que presentó antes de que el Estado Nacional contratara su empresa de manera directa: “Debió haber consignado que era socio del Ministro de Educación, pero omitió deliberadamente informar su afinidad con el funcionario nacional en dicha declaración, que la normativa exige para evaluar la existencia de conflictos de interés”.

No obstante, en el mismo escrito se dice: “No podemos detenernos únicamente en la posible falsificación de esta declaración jurada al omitir información tan relevante. Tal «descuido» guarda estrecha relación con la finalidad de evitar dilaciones en la contratación directa de la que se benefició la empresa del denunciado”.

“Por eso mismo, en este orden de ideas —avanza el mismo documento— entendemos que también debe investigarse, además, la presunta defraudación agravada por haberse cometido en perjuicio de la Administración Pública, ya que la omisión deliberada en la declaración jurada del señor Prieto indujo a error al impedir alertarse de activar los procedimientos tendientes a analizar los conflictos de interés y llevó a que la Administración Pública contratara de manera directa una empresa del socio de un Ministro de la Nación”.

Esta irregularidad, que detectó la Fundación Apolo mediante un simple pedido de información pública, “exhibe la ineficacia de la Oficina Anticorrupción a la hora de controlar las irregularidades administrativas. Dicho organismo, que depende del Poder Ejecutivo Nacional y que, supuestamente, decidió retirarse de las causas penales para dedicarse a evitar ilícitos como este denunciado, pareciera no estarse ocupando, siquiera, de aquellas cuestiones sobre las que dice hacerse cargo”, culmina el mismo escrito.

La causa (CFP 7491/2020) quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3, a cargo del Dr. Daniel Rafecas, aunque podría recaer, finalmente, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 2, a cargo del Dr. Sebastián Ramos, que interviene en la causa que también inició la Fundación Apolo contra Nicolás Trotta.