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La Corte Suprema está divida. Y esa división anticipa una semana agitada en materia judicial. Aunque nadie se atreve a vaticinar en qué sentido votaría cada miembro del “supremo” respecto al “per saltum” presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, todo parece indicar que no habrá consenso sobre la decisión de los traslados que ya fueron revocados por el Senado.
Sería imposible imaginar una escenario de unanimidad frente a un tema tan complejo. Los tres magistrados le habían solicitado a la Corte que declarara la inconstitucionalidad de la resolución parlamentaria que los terminó desplazando de sus cargos y determinó su regreso a los tribunales originarios para los que habían sido nombrados por concurso.
Esta semana los cortesanos se cruzaron en forma virtual por zoom. El encuentro estuvo plagado de frases altisonantes y silencios inquietantes. Y sólo lograron ponerse de acuerdo en que el próximo martes habrá convocatoria con temario excluyente.
Carlos Rosenkrantz, presidente del tribunal, llamó a sus pares y se amparó en el artículo 71 del Reglamento para la Justicia Nacional, que lo autoriza a convocar a reuniones en acuerdos extraordinarios. Si hubiera sido por los demás ministros posiblemente hubieran demorado el tratamiento del tema.
La Cámara de Casación ya había rechazado la idea de tratar las licencias de Bruglia y Bertuzzi y en su escrito aclaró que “sólo se va a atener a lo que resuelva la Corte”. Es decir, los jueces se pasan la pelota caliente unos a otros sabiendo que están frente a un tema que esta semana explota políticamente.
La postura del gobierno fue clara. De hecho, en las últimas semanas, el Ejecutivo dejó sin efecto, a través de tres decretos, los traslados de los camaristas. Los tres deberán regresar a sus juzgados originales.
Tanto Bruglia como Bertuzzi eran integrantes del Tribunal Oral Federal 4 cuando fueron trasladados por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri en 2018. El nuevo destino fue la Cámara Federal porteña, un lugar estratégico ya que es la primera instancia de apelación de los juzgados federales ubicados en la Ciudad de Buenos Aires.
Por allí pasan todas las causas de corrupción que suelen eclipsar al poder de turno. El caso de Castelli es similar, ya que había sido trasladado, pero al Tribunal Oral N°7 de Comodoro Py.
Algunos cortesanos se enfurecieron cuando vieron sus nombres en los carteles de la protesta que cientos de personas llevaron a las puerta de la sede del máximo tribunal. La llamaron la “marcha de las antorchas”. Pero más se ofuscaron cuando supieron que otra vez comenzaban a ser el blanco de una furibunda campaña de desprestigio en las redes sociales mediante la viralización de datos personales que luego suelen tener su curso en organizados grupos de whatsapp.
Los miembros de la Corte ven la mano de la política detrás de esta acciones virtuales. También observaron con preocupación la comparación que hicieron algunos analistas con la Corte Suprema de 1930, aquella que convalidó el golpe de estado contra el presidente Hipólito Yrigoyen.
Mediante la polémica "Acordada del 30", aquel máximo tribunal terminó legalizando el golpe de Estado de José Félix Uriburu, perpetrado el 6 de septiembre contra el gobierno radical. La Corte de entonces estaba integrada por José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna. Y esa decisión tan cuestionada le dio inicio a la denominada “doctrina de los gobiernos de facto”, que sirvió para darle legitimar los quiebres institucionales posteriores.
Incluso algo similar sucedió con la acordada del 7 de junio de 1943 que convalidó el golpe del 4 de junio de ese año que terminó con el gobierno de Ramón Carrillo acusado de fraude electoral.
Para los actuales cortesanos la exagerada comparación constituyó un límite que no están dispuestos a soportar. Como sea, este martes se verán las caras nuevamente vía zoom para definir un tema clave que traerá polémica cualquiera sea la definición.
