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Hemos desarrollado una pequeña investigación sobre la
situación actual de la policía de la provincia de Santa Cruz en virtud de la
cantidad de quejas que venimos recibiendo todos estos meses sobre algunas
cuestiones que, si bien pueden ser menores para algunos estamentos de la conducción,
debería preocupar profundamente al gobierno, pues todo hace a la eficiencia con
que el agente de policía cumple con sus funciones en la calle donde debe
proteger al ciudadano, más aún hoy cuando la inseguridad ha invadido este rincón
del país.
Para ilustrarnos bien al respecto y asegurarnos que
aquellas cuestiones que se ventilan dentro de la fuerza eran realmente producto
de la realidad y no de la imaginación de algún agente despechado, los
periodistas de OPI comprobamos con al menos tres efectivos y un oficial retirado
todas y cada uno de los errores funcionales que comete la conducción policial
en Santa Cruz, especialmente en aquello que tiene que ver con dotar al efectivo
de los elementos necesarios, la seguridad y la comodidad adecuada para que pueda
cumplir efectivamente su función.
Lo importante es
ingresar
En este contexto nos han advertido que se ha dado el
ingreso de personas con antecedentes de violencia familiar o con hermanos que
poseen causas abiertas por robo. En general nos explicaban que no se realizan
las verificaciones socioambientales de los postulantes a agentes y directamente
los hacen ingresar a los cursos de preparación. Los oficiales deben pasar por
el adiestramiento de la Escuela de Policía que en este caso demanda un tiempo
considerable y es todo un proceso.
Por otra parte, el examen psicofísico que le piden a los
ingresantes no se lo practican en el Hospital Regional de Río Gallegos dado que
en el nosocomio los turnos que les dan a la gente es para un mes o más. Por tal
motivo los jóvenes deben salir a realizar el trámite médico a las clínicas
privadas con un costo para sus bolsillos de aproximadamente 600 pesos.
Otras de las advertencias que nos hicieron los efectivos
que consultamos es que en este momento la gran necesidad que tiene la Jefatura
de disponer de oficiales, hace que se deba promocionar la mayor cantidad de
aspirantes y es por ese motivo que inclusive
a aquellos que reprueban en más de un examen le siguen dando oportunidades para
lograr su ingreso.
Esto ha generado mucha disconformidad en los cuadros de
suboficiales ya que denuncian que los oficiales Ayudantes, es decir los recién
egresados de la Escuela de Policía, no saben absolutamente nada del trabajo
policial y señalaron que la superioridad usa a los cadetes como agentes de
policía, lo que es incorrecto y no hace a la preparación específica del
oficial para la futura conducción.
El personal señala que el sueldo de un Ayudante es el
mismo que el de un agente recién ingresado, con la diferencia que éste último
no debió pasar por la férrea disciplina de la Escuela. Esto motivó un fenómeno
muy particular: que los cadetes reprobados desistan seguir en la escuela de
policías y quieran ingresar como agentes rasos, situación en la que los
propios superiores están empeñados disuadirlos.
No son pocos los que ven en esta situación una futura
maniobra de la oficialidad para presionar al gobierno a que haga una diferencia
sustancial en el sueldo, fundamentándose en razones de jerarquía.
Boutique policial
Extrañamente para cumplir con sus funciones un servidor público
en Santa Cruz debe adquirir la ropa que usará en la calle, el correaje y los
borceguíes. El estado no les provee la indumentaria y sólo se limita a darle
el arma que utilizará junto a dos cargadores completos también provistos por
única vez.
Sin embargo lo que más molesta al personal es que la
Jefatura ya ha dispuesto un único lugar para efectuar la compra de la ropa y no
es precisamente un comercio de la ciudad sino un vendedor de la empresa RERDA
S.A. de Mendoza, que tiene autorización para instalarse con la mercadería en
el Museo Policial, en cercanías de la Jefatura, donde despliega las prendas que
vienen a comprar tanto los ingresantes como los policías en actividad.
“Es como una boutique – nos decía uno de nuestros
interlocutores – allí te venden todo lo que precisás y si querés comprarlo
en otro lado no podes porque Rerda es quien está autorizado para hacerlo”.
RERDA SA es
una sastrería civil y militar con domicilio en San Martín 1665 en la ciudad de
Mendoza, empresa proveedora de uniforme que está desde hace mucho tiempo en la
provincia. La trajo el Jefe de Policía Wilfredo Roque en su otra Jefatura,
durante la gobernación de Néstor Kirchner y su primer contrato fue para la
provisión de la denominada “tricota” de policía, después terminó
haciendo todo el uniforme, inclusive hasta el correaje. Hoy en la nueva
administración Roque, luego de la caída de Sergio Acevedo, volvió la empresa
en la cual cada policía paga entre 1000 y 1300 pesos por su equipo el que debe
costear personalmente.
“Yo realmente compro la ropa obligado porque no me gusta
andar con la pilcha gastada o los pantalones remendados; me parece una vergüenza
que un agente del orden esté desalineado. Además es una de las recomendaciones
que te hacen y hasta por la que te sancionan, sin embargo a nadie le importa que
el policía esté bien vestido, por eso no nos bancan la ropa”, cuestionaba
uno de nuestros entrevistados que lleva más de 20 años en la Fuerza.
También nos señalaban que llamativamente aún no terminó
el curso de Agentes y ya se los envía a comprar el equipo a la proveeduría
montada en el Museo Policial. “Esto implica que todos van a ingresar, más allá
de cualquier cuestión que se cruce en el medio”, decía otro policía que
renegaba constantemente porque debido a la enorme necesidad que existe de
personal, se allana el camino a cualquiera sin analizar cuestiones fundamentales
de su persona o entorno, y es precisamente a quien le entregan un arma y lo
ponen en la calle.
20 balas hasta la
jubilación
El cuestionamiento que hacen en primera instancia es por qué
debe el agente de policía pagar la munición cuando ésta, en realidad, es una
parte del equipamiento obligatorio del agente. Luego sostienen que esto ocasiona
una sensible disminución en la aptitud del policía, dado que por razones económicas
el agente deja de lado las prácticas en polígonos y pierde ejercicio con el
arma, volviéndolo más vulnerable a él y más riesgoso para el ciudadano común
a quien debe proteger.
¿Las balas?: En el
mercado negro, por favor
“Yo he ido vestido de policía, con mi arma reglamentaria
y mi identificación y documentos a una armería aquí en Río Gallegos a
comprar munición para la pistola Browning y no me han querido vender”, decía
el agente y agregaba “¿Cómo termina todo esto?, fácil, compramos las mismas
balas pero en el mercado negro.” Uno de ellos que está retirado sostuvo “Es
inadmisible que la Jefatura o el gobierno de la provincia no arbitre los medios
para que mientras una persona tenga estado policial pueda tener acceso a la
compra de munición. La pregunta es ¿Y para qué le dan un arma entonces?”,
señalaba.
Los policías que hablaron con OPI redondearon una cifra de
aproximadamente 100 o 120 pesos para indicar lo que gasta el agente de policía
que desee ir a practicar con su pistola para no perder la aptitud en el manejo y
disparo de la misma.
Sin embargo aquí también nos hicieron una aclaración, ya
que si un agente quiere asistir al polígono de tiro que está en el interior de
la Escuela de Policía Victoriano Taret, sobre la ruta 3 a unos 13 Kms de Río
Gallegos, debe costear el traslado hasta allí y una vez en el polígono pagar
10 pesos por la utilización de las instalaciones.
Como si esto fuera poco y a pesar de que el 60% del
personal de la policía de Santa Cruz reside en Río Gallegos, la ciudad no
posee Instructor de Tiro, para lo cual Jefatura debe traer a dos instructores
que viajan desde Caleta Olivia y pagarles los viáticos respectivos.
Poli-rubros
Rubén Lasagno
OPI Santa Cruz