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SI HAY MISERIA QUE NO SE NOTE

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POLICÍA DE SANTA CRUZ: MODELO PARA ARMAR
POLICÍA DE SANTA CRUZ: MODELO PARA ARMAR

    Hemos desarrollado una pequeña investigación sobre la situación actual de la policía de la provincia de Santa Cruz en virtud de la cantidad de quejas que venimos recibiendo todos estos meses sobre algunas cuestiones que, si bien pueden ser menores para algunos estamentos de la conducción, debería preocupar profundamente al gobierno, pues todo hace a la eficiencia con que el agente de policía cumple con sus funciones en la calle donde debe proteger al ciudadano, más aún hoy cuando la inseguridad ha invadido este rincón del país.
    Para ilustrarnos bien al respecto y asegurarnos que aquellas cuestiones que se ventilan dentro de la fuerza eran realmente producto de la realidad y no de la imaginación de algún agente despechado, los periodistas de OPI comprobamos con al menos tres efectivos y un oficial retirado todas y cada uno de los errores funcionales que comete la conducción policial en Santa Cruz, especialmente en aquello que tiene que ver con dotar al efectivo de los elementos necesarios, la seguridad y la comodidad adecuada para que pueda cumplir efectivamente su función.


Lo importante es ingresar  

   
En primer lugar hemos podido saber que la necesidad de tomar personal para las filas policiales en la provincia es muy grande y que en cierta manera desde hace mucho tiempo este recurso es utilizado como salida laboral por muchos jóvenes que buscan sin vocación un trabajo seguro en el estado o bien ingresan otros que son “presentados” por funcionarios políticos que mediante un llamado telefónico suelen pagar algún favor personal o del partido.
    En este contexto nos han advertido que se ha dado el ingreso de personas con antecedentes de violencia familiar o con hermanos que poseen causas abiertas por robo. En general nos explicaban que no se realizan las verificaciones socioambientales de los postulantes a agentes y directamente los hacen ingresar a los cursos de preparación. Los oficiales deben pasar por el adiestramiento de la Escuela de Policía que en este caso demanda un tiempo considerable y es todo un proceso.
    Por otra parte, el examen psicofísico que le piden a los ingresantes no se lo practican en el Hospital Regional de Río Gallegos dado que en el nosocomio los turnos que les dan a la gente es para un mes o más. Por tal motivo los jóvenes deben salir a realizar el trámite médico a las clínicas privadas con un costo para sus bolsillos de aproximadamente 600 pesos.
    Otras de las advertencias que nos hicieron los efectivos que consultamos es que en este momento la gran necesidad que tiene la Jefatura de disponer de oficiales, hace que se deba promocionar la mayor cantidad de aspirantes y es por ese motivo que  inclusive a aquellos que reprueban en más de un examen le siguen dando oportunidades para lograr su ingreso.
    Esto ha generado mucha disconformidad en los cuadros de suboficiales ya que denuncian que los oficiales Ayudantes, es decir los recién egresados de la Escuela de Policía, no saben absolutamente nada del trabajo policial y señalaron que la superioridad usa a los cadetes como agentes de policía, lo que es incorrecto y no hace a la preparación específica del oficial para la futura conducción.
    El personal señala que el sueldo de un Ayudante es el mismo que el de un agente recién ingresado, con la diferencia que éste último no debió pasar por la férrea disciplina de la Escuela. Esto motivó un fenómeno muy particular: que los cadetes reprobados desistan seguir en la escuela de policías y quieran ingresar como agentes rasos, situación en la que los propios superiores están empeñados disuadirlos.
    No son pocos los que ven en esta situación una futura maniobra de la oficialidad para presionar al gobierno a que haga una diferencia sustancial en el sueldo, fundamentándose en razones de jerarquía.


Boutique policial  

   
Una de las principales quejas que hemos recibido por parte de la gente con la que hablamos, ha sido la disposición de la Jefatura para que cada agente de policía se compre su uniforme.
    Extrañamente para cumplir con sus funciones un servidor público en Santa Cruz debe adquirir la ropa que usará en la calle, el correaje y los borceguíes. El estado no les provee la indumentaria y sólo se limita a darle el arma que utilizará junto a dos cargadores completos también provistos por única vez.
    Sin embargo lo que más molesta al personal es que la Jefatura ya ha dispuesto un único lugar para efectuar la compra de la ropa y no es precisamente un comercio de la ciudad sino un vendedor de la empresa RERDA S.A. de Mendoza, que tiene autorización para instalarse con la mercadería en el Museo Policial, en cercanías de la Jefatura, donde despliega las prendas que vienen a comprar tanto los ingresantes como los policías en actividad.
    “Es como una boutique – nos decía uno de nuestros interlocutores – allí te venden todo lo que precisás y si querés comprarlo en otro lado no podes porque Rerda es quien está autorizado para hacerlo”.
    RERDA SA  es una sastrería civil y militar con domicilio en San Martín 1665 en la ciudad de Mendoza, empresa proveedora de uniforme que está desde hace mucho tiempo en la provincia. La trajo el Jefe de Policía Wilfredo Roque en su otra Jefatura, durante la gobernación de Néstor Kirchner y su primer contrato fue para la provisión de la denominada “tricota” de policía, después terminó haciendo todo el uniforme, inclusive hasta el correaje. Hoy en la nueva administración Roque, luego de la caída de Sergio Acevedo, volvió la empresa en la cual cada policía paga entre 1000 y 1300 pesos por su equipo el que debe costear personalmente.
    “Yo realmente compro la ropa obligado porque no me gusta andar con la pilcha gastada o los pantalones remendados; me parece una vergüenza que un agente del orden esté desalineado. Además es una de las recomendaciones que te hacen y hasta por la que te sancionan, sin embargo a nadie le importa que el policía esté bien vestido, por eso no nos bancan la ropa”, cuestionaba uno de nuestros entrevistados que lleva más de 20 años en la Fuerza.
    También nos señalaban que llamativamente aún no terminó el curso de Agentes y ya se los envía a comprar el equipo a la proveeduría montada en el Museo Policial. “Esto implica que todos van a ingresar, más allá de cualquier cuestión que se cruce en el medio”, decía otro policía que renegaba constantemente porque debido a la enorme necesidad que existe de personal, se allana el camino a cualquiera sin analizar cuestiones fundamentales de su persona o entorno, y es precisamente a quien le entregan un arma y lo ponen en la calle.


20 balas hasta la jubilación  

   
Increíblemente una de las quejas que más nos impactó es la que se refiere a la provisión de municiones para las armas que portan los policías. De acuerdo a los testimonios recogidos, todos coinciden que al ingresar fue el único momento en que la institución policial les proveyó dos cargadores completos (20/30 balas) para sus pistolas y de allí en más nunca les asignó ni mensual ni anualmente un cupo de municiones tanto para práctica como para renovación.
    El cuestionamiento que hacen en primera instancia es por qué debe el agente de policía pagar la munición cuando ésta, en realidad, es una parte del equipamiento obligatorio del agente. Luego sostienen que esto ocasiona una sensible disminución en la aptitud del policía, dado que por razones económicas el agente deja de lado las prácticas en polígonos y pierde ejercicio con el arma, volviéndolo más vulnerable a él y más riesgoso para el ciudadano común a quien debe proteger.


¿Las balas?: En el mercado negro, por favor  

   
Sin embargo esto no es todo. Aún queriendo comprar la munición en las armerías que existen en plaza el policía no puede armarse, estos comercios se niegan a venderles balas tanto para la 9mm como en calibre 7,62 para el Fal, porque al ser “armas de guerra” el portador necesita la denominada “Tarjeta de Consumo” que entrega el Renar a los legítimos Usuarios, condición que no está avalada por el sólo hecho de ser policía.
    “Yo he ido vestido de policía, con mi arma reglamentaria y mi identificación y documentos a una armería aquí en Río Gallegos a comprar munición para la pistola Browning y no me han querido vender”, decía el agente y agregaba “¿Cómo termina todo esto?, fácil, compramos las mismas balas pero en el mercado negro.” Uno de ellos que está retirado sostuvo “Es inadmisible que la Jefatura o el gobierno de la provincia no arbitre los medios para que mientras una persona tenga estado policial pueda tener acceso a la compra de munición. La pregunta es ¿Y para qué le dan un arma entonces?”, señalaba.
    Los policías que hablaron con OPI redondearon una cifra de aproximadamente 100 o 120 pesos para indicar lo que gasta el agente de policía que desee ir a practicar con su pistola para no perder la aptitud en el manejo y disparo de la misma.
    Sin embargo aquí también nos hicieron una aclaración, ya que si un agente quiere asistir al polígono de tiro que está en el interior de la Escuela de Policía Victoriano Taret, sobre la ruta 3 a unos 13 Kms de Río Gallegos, debe costear el traslado hasta allí y una vez en el polígono pagar 10 pesos por la utilización de las instalaciones.
    Como si esto fuera poco y a pesar de que el 60% del personal de la policía de Santa Cruz reside en Río Gallegos, la ciudad no posee Instructor de Tiro, para lo cual Jefatura debe traer a dos instructores que viajan desde Caleta Olivia y pagarles los viáticos respectivos.


Poli-rubros  

   
Sobre sus excedidas responsabilidades de servidores públicos nos aseguraron: “Desde hace unos cuántos meses cada vez que reportamos un accidente o un herido al Hospital Regional (R. Gallegos) nos preguntan si es grave o leve” señalaba un agente que está en la calle “Si no es grave nos piden que le llevemos al herido en el patrullero porque no tienen disponibilidad de choferes en el hospital” apuntaba no sin antes hacer consideraciones respecto de la responsabilidad que les cabe si llega a suceder algún imprevisto. Relataron respecto de esto que a varios les tocó transportar a personas con cortes por peleas o choques menores y que lo hacen como forma de allanar una situación que el propio estado no contempla en caso de emergencias, desde lo sanitario situación que equipararon con lo que les pasa a ellos dentro de la policía. 

 

Rubén Lasagno
OPI Santa Cruz

 

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