La Corte Suprema de Justicia es especialmente refractaria a ponerse en situaciones que la ubiquen en el centro de la polémica. Por eso resultó curioso cuando en mayo de 2017 emitió un fallo a favor de aplicar el 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. Una enorme incomodidad le generaron entonces las masivas movilizaciones realizadas por esos días en su contra, y hasta el intento por parte del kirchnerismo y la izquierda de llevar a juicio político a quienes habían emitido semejante fallo.

El tema, que sorprendió en esos días al Gobierno de Mauricio Macri, fue saldado a través de una ley consensuada entre oficialismo y oposición, en la que por una vez votaron juntos Cambiemos y el kirchnerismo, limitando el alcance del 2×1 de modo tal que ese beneficio no sea aplicable a los delitos de lesa humanidad.

Quedaron dudas por entonces respecto de las razones de semejante decisión del Máximo Tribunal. En el Gobierno de entonces señalaron a Ricardo Lorenzetti, quien manejaba la agenda de la Corte y siempre fue partidario de los fallos unánimes. En ese tema en cambio el resultado había sido 3 a 2. Esos tres votos fueron de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Muchos funcionarios de entonces interpretaron que Lorenzetti había generado esa situación a sabiendas de cómo votarían Rosatti y Rosenkrantz.

Lejos de haber menguado, las intrigas en el seno de la Corte Suprema siguen vigentes y exacerbadas. Confiaba en ello el Gobierno cuando salió a agitar el tema del escrache del fin de semana a Ricardo Lorenzetti en su casa de Rafaela. Pero una vez más erró el presidente al lanzar una fuerte embestida pública contra el titular del Tribunal por haber habilitado la discusión del per saltum. Ese mismo día la diputada Vanesa Siley presentó un pedido de juicio político contra Rosenkrantz, que este fin de semana ella misma se encargó de difundir.

Vanesa Siley, autora de un pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema.

A su vez, en vísperas de la reunión de la Corte, la ministra de Justicia -nadie más del riñón albertista que ella- advirtió que “sería un escándalo” que fallara a favor del reclamo de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. En rigor, la Corte aún no ha fallado; pero así como en la previa de la acordada del martes pasado en la Rosada confiaban en que el Tribunal se sacara de encima la papa caliente, ahora descuentan un fallo adverso.

Debiera aprender el Gobierno que ese tipo de presiones suelen generar el efecto contrario al buscado. Le pasa también con la oposición, a la que necesitaría fragmentar, pero sus acciones no hacen más que amalgamarla.

Un ejemplo claro es el Senado, donde más sufre la oposición su condición de minoría. Sin embargo fue el primer espacio en el que pudo ponerle límites al Gobierno, al demostrar a partir de una votación por un tema menor que el oficialismo no tenía los dos tercios.

En efecto, la Cámara alta es el espacio donde más podían quedar expuestas las debilidades de la oposición. Ejemplo: dos senadoras que ingresaron al cuerpo el 10 de diciembre pasado a través de las listas de Juntos por el Cambio, quedaron enemistadas con ese interbloque aun antes de asumir, porque los radicales quisieron quedarse con sus lugares. Sin embargo la hostilidad expuesta desde la presidencia de esa Cámara no hizo más que sumarlas a JxC a la hora de votar.

En esa Cámara no avanzan los consensos. A diferencia de Diputados, donde las sesiones son mixtas, permitiéndose la presencia de casi medio centenar de legisladores en sus bancas, en el Senado apenas están habilitados la presidenta provisional y los tres vicepresidentes. La oposición judicializó el nuevo protocolo impuesto por considerar que representa una reforma del reglamento de la Cámara y como tal necesitaría -dicen- el apoyo de todo el cuerpo. Por eso asiste a los debates, pero se retira a la hora de votar. Hubo la última semana un esbozo de acercamiento al acceder la presidencia del cuerpo a permitir la presencia de otros cuatro senadores, dos del oficialismo y dos de JxC. Pero este bloque pidió que fueran rotativos, de modo tal que pudieran ir cambiando los senadores presenciales durante el transcurso de cada sesión. El oficialismo no aceptó y así siguen empantanados.

La presidencia de la HSN había propuesto para esta sesión el tratamiento de dos temas ineludibles para la oposición: la ley que le rebaja la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y la de promoción de la economía del conocimiento. Sin acuerdo, la oposición dio el debate y se deslogueó al momento de votar. Con esta metodología todo se aprueba sin votos negativos.

En la Cámara baja el diferendo por la presencialidad alcanzó su punto extremo con esa recordada sesión a la que asistieron 94 diputados de Juntos por el Cambio… que figuraban ausentes por no estar logueados. Pero a los pocos días volvieron a sentarse todos y encontraron una solución consensuada. Es verdad también que en esa Cámara la relación de fuerzas es más ajustada, entonces la búsqueda de consensos es una obligación para Sergio Massa y Máximo Kirchner. Como sea, se acordó que para los temas más ríspidos las sesiones sean convocadas en un espacio donde pueda haber la mayor cantidad de diputados presentes, con distancia suficiente entre sí.

Empresarios con los que mantiene buen diálogo Alberto Fernández le expresaron días pasados sus reparos hacia el proyecto de aporte solidario.

El primer tema que amerita la presencialidad acordada será el aporte solidario y extraordinario, mejor conocido como el proyecto para las grandes fortunas. Se esperaba que se tratara la última semana, pero tal vez se postergó por la búsqueda del recinto adecuado donde debatirlo. O bien para no diluir el efecto de las medidas anunciadas el jueves por el equipo económico. Un intento oficial por recuperar la centralidad y volver a marcar la agenda.

Los empresarios recibieron los anuncios con beneplácito por ver a las autoridades diagramar algo que sea parecido al menos a un plan, aunque con cautela extrema. Ya se vivió intensamente en los dos últimos y tortuosos años de Cambiemos, cuando las sucesivas devaluaciones hundieron las expectativas de esa administración.

Hoy el Gobierno de Alberto Fernández se resiste a devaluar, pero el problema sigue siendo el dólar, más específicamente su escasez. Y en esa materia el Gobierno solo viene demostrando eficacia en extremar el cepo: cada vez son menos los habilitados para acceder al dólar ahorro.

Empresarios con los que mantiene buen diálogo Alberto Fernández le expresaron días pasados sus reparos hacia el proyecto de aporte solidario. La respuesta presidencial fue enviarlos a manifestarle sus sugerencias al diputado Carlos Heller, redactor del proyecto que se le atribuye a Máximo Kirchner. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja rechazó esas recomendaciones.

El presidente sobreactúa la independencia de los poderes cuando le hacen planteos sobre iniciativas que surgen en alguna de las dos cámaras, desligándose de las mismas. Quedó claro precisamente con el proyecto para las grandes fortunas, del que Fernández se anotició durante una entrevista que le hizo en abril el periodista Horacio Verbitsky.

En rigor, las opiniones tan diversas en el seno del oficialismo, muchas veces a contramano del pensamiento presidencial, no hacen más que expresar la diversidad de posturas en el muy diverso Frente de Todos. Volvió a manifestarse la última semana con el debate intenso generado en torno al uso de las pistolas Taser. O de manera más cruda cuando el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, defendió al régimen de Nicolás Maduro al hablar de “posturas sesgadas” en ese organismo respecto de la situación en Venezuela en materia de derechos humanos. Por una vez se dejó trascender desde lo más alto del Gobierno que esa postura no era compartida por la Cancillería, ni mucho menos por el presidente Fernández. Raimundi dijo haber aclarado con el presidente el tema, “para desmontar cualquier operación y sellar la posición argentina”. Lo cierto es que este lunes en Ginebra el embajador argentino ante la ONU, Federico Villegas, sí votará a favor el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Pero Raimundi sigue en su cargo, contrariamente a lo que puede sugerir el sentido común. Pasa que una medida en contrario alteraría el equilibrio interno del tan diverso Frente de Todos, aun a riesgo de perjudicar la autoridad presidencial. Y esas cuestiones, inexorablemente, terminan repercutiendo en la confiabilidad de un gobierno que necesita como nunca reforzar ese elemento.