En medio de rumores de lo más variopintos que han circulado en los últimos días, una misión del FMI comenzará el próximo martes una visita al país en el marco de las negociaciones con motivo de una multimillonaria deuda que la Argentina mantiene con ese organismo.

El Gobierno que lidera Alberto Fernández pugna por reestructurar un pasivo de unos 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras haber alcanzado semanas atrás un exitoso acuerdo con acreedores privados, en lo que significó una cucarda para la gestión oficial.

La llegada de la misión del Fondo es vista como un gesto de empatía del organismo que preside la búlgara Kristalina Georgieva hacia la Argentina y se producirá apenas días después de que la Casa Rosada anunciara una serie de medidas en busca de atraer el ingreso de dólares al país -por intermedio de exportaciones- y fomentar aquí el ahorro en pesos.

Esos anuncios, de todos modos, fueron considerados como "insuficientes" por sectores de la estructura productiva doméstica, vinculados con la explotación agropecuaria por ejemplo, y también por ejecutivos de firmas que operan en Wall Street y en el mercado argentino: son "parches" para el corto plazo, coincidieron en general.

De cualquier manera, el Gobierno parece haberse embarcado en estos días en la cruzada de tratar de generar confianza, en medio de un contexto sumamente complejo por el que transita la Argentina, tanto debido a la pandemia de coronavirus como a la crisis económica que afecta al país.

Se espera justamente que los integrantes de la comitiva del FMI, Julie Kozack, directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de misión para la Argentina, junto con Trevor Alleyne, representante residente del organismo en el país, dediquen parte de su estadía en Buenos Aires para "medir" el clima político, económico y por qué no también social de estas latitudes.

De acuerdo con economistas que advierten con una marcada caída de la actividad productiva en 2020 a causa de la epidemia de Covid-19 y una eventual recuperación en forma de "raíz cuadrada" cuando el país logre avanzar hacia una "nueva normalidad", generar certidumbre es crucial para comenzar a encender una luz tenue al menos allá a lo lejos, al final del túnel.

Claro que en medio de las diversas versiones que pulularon en los últimos días con relación a eventuales cambios en el Gabinete económico nacional, se trata de una premisa que supone un desafío adicional para el Gobierno, mientras intenta evitar que un mayor drenaje de las reservas internacionales del Banco Central provoque complicaciones incluso más acuciantes para el sistema financiero doméstico.

Indicadores económicos acuciantes

A todo esto, la pandemia de coronavirus continúa causando estragos en el país, sobre todo en el interior, por más que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se hayan flexibilizado las medidas de confinamiento tendientes a evitar una propagación más acelerada de la enfermedad.

La epidemia, conjuntamente con una cuarentena que se mantiene vigente desde el 20 de marzo pasado, asestó un golpe a la mandíbula a la debilitada economía argentina y en este contexto la pobreza trepó al 47,2% -de la población- en el segundo trimestre del año, de acuerdo con un estudio del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP).

Este dato, se sumó a indicadores -desfavorables- conocidos días atrás sobre Producto Interno Bruto (PIB), con un desplome histórico, y desempleo, que experimentó una suba esperable, aunque al mismo tiempo preocupante, con motivo de la parálisis laboral que propició la emergencia sanitaria.

Y en medio de este escenario intrigante por el que transita el país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó un pedido de "per saltum" para revisar la situación de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, tras haber sido apartados de sus actuales cargos.

El máximo tribunal dejó así en suspenso una decisión que tomó el Poder Legislativo, por intermedio del Senado, y que ratificó el Poder Ejecutivo, mediante un decreto del presidente Fernández, lo que podría suponer un conflicto institucional, independientemente de las sospechas sobre motivaciones políticas para proceder con el desplazamiento de los magistrados.

Bruglia, Bertuzzi y Castelli han intervenido en causas por presuntos actos de corrupción en las que está involucrada la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, esto no significa que sus traslados -rechazados por el Senado- se hayan producido oportunamente en un marco de legalidad.

La Corte aún debe expedirse sobre la cuestión de fondo, pero en principio, al abrir el "per saltum", intervino en decisiones que tomaron los otros dos poderes del Estado, en el marco de un alboroto político global -en este caso específico- que también damnifica ese proceso necesario por el que debe transitar el país para que sus instituciones generen confianza.

Viendo y considerando el contexto, el gobierno nacional deberá esmerarse para torcer el rumbo de las expectativas de la población en cuanto a su situación laboral, económica y social de cara al corto plazo, cuando en cualquier momento las elecciones de medio término de 2021 empiezan a ubicarse a la vuelta de la esquina, con o sin pandemia, con o sin crisis.