Según informa la Agencia de noticias Télam, la “Defensoría del Público” acaba de lanzar un nuevo “observatorio” llamado “Nodio”, dedicado a “registrar, analizar y prevenir el caudal de informaciones y contenidos maliciosos y falsos en los medios de comunicación masivos”.

En su página web oficial, la Defensoría del Público informa que Nodio es un “observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales, que tendrá como objetivo proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias.”

La “Defensora del Público”, Miriam Lewin, sostuvo en el lanzamiento de esta nueva policía ideológica que “...integrantes de las audiencias nos expresaron su preocupación por la circulación de mensajes cargados de violencia y desinformación en redes sociales y en medios. En un tiempo de aislamiento, en el que medios y redes son nuestra ventana al mundo, la difusión de mensajes favorables a la dictadura cívico militar, misóginos, sexistas, racistas, xenófobos, homofóbicos intoxican el debate democrático y refuerzan opiniones que promueven la polarización, cancelan la diversidad y pueden conducir, incluso, a la violencia física.”

Como podrá advertirse, por lo general, todo intento fascista de represión de las libertades públicas pretende legitimarse en causas que poseen consenso social. No hay duda de que la mayor parte de los argentinos repudia las dictaduras militares y las dictaduras en general, entre otras cosas, porque ese tipo de regímenes anularon la libertad de expresión.

No hay derechos absolutos, y este concepto también alcanza a la libertad de expresión. Ahora bien, las restricciones a dicha libertad deben ser posteriores a la exteriorización de las opiniones, y con fundamento en la comisión de delitos o daños al honor de las personas, debidamente probados en juicio. Las autoridades políticas nada tienen que hacer en este asunto.

En todo caso, quienes sí tienen mucho que hacer son los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, los intelectuales, y la ciudadanía en general, contribuyendo al debate público de ideas. Debate que difícilmente puedas llevarse adelante, mediante la censura o la amenaza de un escrache estatal.

En efecto, el sólo hecho de que una autoridad administrativa utilice el aparato estatal, que se sostiene con los impuestos de la ciudadanía, para cuestionar las opiniones o expresiones que no son del agrado de quienes gobiernan, ya es una forma de presión indebida sobre la libertad de los argentinos. La sola presencia de esta policía del pensamiento puede dar lugar a formas de autocensura inadmisibles en un sistema democrático y republicano, con fundamento en la indefinición de los contenidos que se pretenden acallar desde el Estado.

Para dar algunos ejemplos: ¿Qué sería un mensaje favorable a la última dictadura militar? Algunos de los fascistas que nos gobiernan, consideran que el sólo hecho de decir que no hubo 30.000 desaparecidos y que el número se acerca más al establecido por la Conadep es un apoyo a la dictadura. ¿El Estado cuestionará la reproducción efectuada por la ciudadanía de datos que fueron brindados oportunamente al público por la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Qué sería un mensaje misógino? ¿Cantar el tango “Tomo y obligo”? Ese tango dice, entre otras cosas: “Tomo y obligo, mándese un trago; / de las mujeres mejor no hay que hablar, / todas, amigo, dan muy mal pago / y hoy mi experiencia lo puede afirmar. / Siga un consejo, no se enamore / y si una vuelta le toca hocicar, / fuerza, canejo, sufra y no llore / que un hombre macho no debe llorar.” ¿Será cuestionado públicamente por el Estado el último tango que cantó Carlos Gardel antes de subirse al avión que lo llevara sin escalas a la inmortalidad? ¿El libro de la propia Miriam Lewin, titulado “Putas y guerrilleras, que refiere a los abusos sobre las mujeres detenidas ilegalmente por la última dictadura militar, también sería impugnable”? ¿Será racista o sexista hacer chistes de contenido racial o sexual? ¿Refutará públicamente el Estado los chistes de gallegos o de homosexuales? ¿Habrá xenofobia cuando algún dirigente político se pronuncie a favor de un sistema más restrictivo de la inmigración? ¿Podrá un ciudadano decir libremente que no quiere que ingresen al país extranjeros con antecedentes penales?

La complejidad de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías requieren de audiencias más capacitadas, con mayor criterio. Pero eso no se logra levantando el dedo acusador desde el poder. Eso se logra educando, abriendo las escuelas cerradas por la infectadura e instruyendo a los niños en compresión de textos, enseñándoles a pensar por sí mismos, sobre la base del conocimiento y sin el adoctrinamiento del que suelen ser víctimas por parte de maestros ligados a la mafia sindical docente.

Ningún funcionario ha sido designado para señalarnos lo que es moralmente o políticamente correcto, ni para prevenir o cuestionar desde el poder nuestras opiniones. Deberían, en todo caso, ocuparse, los servidores públicos, de sus propias condiciones morales. Porque sus conductas pasadas y presentes hacen a la credibilidad de las instituciones que administran. Miriam Lewin, ex montonera y actual “Defensora del Público” se preocupa porque la libertad de expresión pueda dar lugar a violencia física, pero la violencia no la genera la libertad, sino el autoritarismo del que ella fue y es parte.