El kirchnerismo arremete otra vez contra la libertad de expresión. Lanzó un organismo de vigilancia sobre los contenidos de los medios y las redes sociales. Lo bautizó con la ampulosa denominación de “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales” o “Nodio”, apócope de la frase “no odio”.

Funcionará en la Defensoría del Público, que depende de la Comisión Bicameral de Medios, una rémora de la ley de medios de 2009, de funciones difusas y presupuesto generoso.

Marcelo Longobardi, sobre la creación de Nodio: “El país tendrá una gestapo informativa”

La titular de la Defensoría, la periodista Miriam Lewin, definió el propósito principal de Nodio: “proteger” a las personas mediante la “detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión”.

Un comisariato político sobre los medios y las redes sociales.

Controlar la información y las opiniones que circulan en la sociedad es una antigua obsesión del poder. Una herencia perversa de los absolutismos, que cada tanto acecha a las democracias.

Los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional consagran la libertad de expresión e impiden al Estado cualquier intervención que la limite o regule. Las convenciones internacionales, incorporadas al texto, contienen normas similares.

Los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión ya están contemplados en la legislación penal, tipificados como calumnias, injurias, apología del delito y actos discriminatorios.

Los jueces son los únicos facultados por la Constitución para evaluar y sancionar los desvíos. Establecer qué es una noticia u opinión “maliciosa” no es potestad de funcionarios inquisidores ni de presuntas vanguardias iluminadas.

La concepción del nuevo organismo es elitista, autoritaria y paternalista. Además de inconstitucional.

El kirchnerismo tiene un sólido prontuario de iniciativas para censurar y manipular la información, subordinar a medios y periodistas y atacar a quienes lo rechazan.

El gobierno de Cristina y sus militantes más extremos parieron varias iniciativas. Escraches sistemáticos. Ley de medios, que atomizaba empresas de comunicación y regulaba el mercado publicitario para desfinanciarlas o hacerlas dependientes de la pauta oficial. La delirante propuesta de impulsar una CONADEP el periodismo para juzgar el desempeño de los profesionales de la actividad.

El incipiente ciclo de Fernández-Fernández implementó el “ciberpatrullaje” que realizan las fuerzas de seguridad analizando contenidos de las redes sociales. Y el portal Confiar de la agencia oficial de noticias Telam, con el propósito de “detectar y exponer noticias falsas” sobre el Covid; iniciativa que tuvo la calurosa aprobación púbica del presidente.

Subyace en estas acciones una idea hegemónica de la política. Cristina la expuso en noviembre de 2018 cuando postuló una “nueva Constitución”. Propuso terminar con la división de poderes –a la que juzgo “anticuada”— y “regular a los poderes fácticos”, entre los que mencionó al periodismo y los medios.

El control de la información y de la administración de Justicia son componentes centrales de lo que Cristina define en Sinceramente, su manifiesto, como “el verdadero poder, el poder total”.