El Gobierno no deja de pensar para adentro, continúa con la antinomia de ayudar a los más carenciados y despilfarrar dinero público sin importarle cómo va a hacer para comer el 60% de los chicos en Argentina.

Se trata de un Gobierno demasiado preocupado por la lealtad, el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, la demagogia y las legislativas del próximo año.

La gente, el pueblo, no aparece entre las prioridades del Gobierno. Más allá de ayudas como la ATP y el IFE, no hay muestras de que el oficialismo esté interesado en estar bien con los ciudadanos.

El botón de muestra lo publicó el ministro el Interior Eduardo “Wado” De Pedro en su cuenta oficial de la red social twitter al anunciar que cualquiera puede inscribirse en una plataforma y recibir en su casa un poster del Néstor Kirchner en el marco del 10º aniversario de su fallecimiento.

Ello implica toda una financiación, adquisición de producto, transporte y otros gastos que requiere una medida de tal magnitud.

en esto se gastan mis impuestos? me siento choreado, afanado, ultrajado, cagado... LPM https://t.co/cRRZ9CN0kZ

— Nicolás Sanz (@sanz356) October 24, 2020

Mientras, no hay plata para que casi el 50% de la población Argentina pueda comer dignamente, tampoco para que la Oficina Anticorrupción continúe siendo querellante en causas que complican a la vicepresidenta Cristina Fernández.

Sin embargo no es nada nuevo. Desde Tribuna de periodistas se viene contando cómo gasta recursos el Banco Central en cosas totalmente triviales, lo que resulta ser una paradoja.

Pero hay otro lado del vaciamiento irresponsable de las arcas públicas que refiere a la apropiación de fondos públicos.

Tampoco es algo novedoso, es un sistema cleptocrático que ya gobernó durante más de una década, dejando las huellas marcadas por todos lados, lo cual demuestra el nivel de impunidad con el que supo manejarse el kirchnerismo.

Hoy, ese sistema de apropiación de fondos estatales volvió. Las compras con sobreprecio por parte del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Daniel Arroyo (que por suerte no llegaron a concretarse) es una férrea muestra de ello.

Desde este portal se mostraron varias compras con sobreprecio por parte de la Dirección Nacional de Vialidad. Pero no sólo ello, sino que TDP impulsó una denuncia penal contra el Administrador General de ese organismo, Gustavo Héctor Arrieta.

Es que la lógica es la misma que con el despilfarro. Por ejemplificar, un paquete de arroz de un kilo, marca “cuchuflito” -diría la vice-, cuesta alrededor de 70 pesos. La mitad aproximadamente de ese valor se desprende de los impuestos.

Es decir, el valor real del paquete sería de unos 35 pesos, por lo que con lo que salé un kilo, de no tener carga implosiva, se podrían adquirir dos.

Con ello no se está diciendo que esté mal que se pueda engrosar la caja del Estado, de hecho es la manera más sana de sostener fiscalmente al país.

El problema se encuentra cuando esos simbólicos 35 pesos pasan a engrosar el bolsillo de un funcionario público, cuyo sueldo supera ampliamente el haber de un ciudadano medio que trabaja en el sector privado.

Es decir, en contramano a la lógica peronista, le sacan al que menos tiene para darle al que más gana. Esto demuestra que el relato k no deja de ser eso, un mero y vacío discurso sin injerencia en los hechos concretos.

Pero realmente es difícil sorprenderse, la propiedad privada de miles de personas se ve en peligro. El Gobierno apoya la usurpación ilegal de tierras y ello quedo refrendado luego de que la directora nacional para la Promoción y el Fortalecimiento para el Acceso a Justicia, Gabriela Carpineti, se presentara en apoyo a Juan Grabois y a favor de la toma de tierras.

No hay nada peor que la hipocresía por parte de quienes dicen representar al ciudadano de a pie. Al final el pueblo es quien tiene la última palabra.

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