Indudablemente Cristina Kirchner continúa siendo la figura central de la política argentina. No muchos dirigentes (probablemente ninguno) pueden lograr lo que ella consiguió con su carta por el 27 de octubre.
Su escrito despertó múltiples interpretaciones entre devotos y críticos, generó una ola de rumores y volvió a colocar a la vicepresidenta en el centro de la escena. Cristina no habla con los medios de comunicación (ni siquiera con periodistas afines), por lo que sus extensos silencios suscitan interrogantes respecto a qué piensa sobre la gestión del gobierno, cómo percibe la actual crisis y cuál es el rol que ocupa en el proceso de toma de decisiones. Su carta no necesariamente brinda respuestas nítidas (porque la vicepresidenta muchas veces se maneja en el terreno de lo equivoco), pero presenta definiciones significativas que vale la pena examinar. Propongo, como ella, hacerlo a través de tres certezas.
Primera certeza: Cristina sigue siendo Cristina. La vicepresidenta continúa con su victimización y su diagnóstico respecto del lawfare. Es cierto, sugiere un consenso amplio para resolver el problema de la economía bimonetaria, pero no sin antes acusar al empresariado argentino de tener un prejuicio antiperonista y a los medios hegemónicos por atacarla. A pesar de que su percepción de la realidad es la misma, la vicepresidenta revalida el pragmatismo que mostró en 2019, cuando eligió a Alberto Fernández (quien en el pasado la había criticado en duros términos) como candidato a presidente e impulsó la creación del Frente de Todos. Se encargó específicamente de recordar que ella construyó dicha coalición con aquellos que “prometieron cárcel a los kirchneristas” y “publicaron libros en mi contra”, en clara referencia a Sergio Massa y Vilma Ibarra, con quienes el presidente Fernández se mostró inmediatamente después, camino al acto por el décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, alimentando los rumores.
Segunda certeza: ratifica la autoridad presidencial, al tiempo que toma distancia de los posibles errores cometidos por el gobierno. La expresión “funcionarios que no funcionan” generó una ola de conjeturas y sospechas. ¿A quién se refirió específicamente? En este punto, el juego de lo equivoco adquiere su máxima expresión y la generalidad termina siendo un llamado de atención para todos. La tensión obligó al presidente Alberto Fernández a referirse a la frase, reconociendo: “sé que hay ministros que van más lentos que otros, pero también hay que entender que la pandemia nos afecta de distinta manera”. De ser así, ¿hasta cuándo es admisible esa lentitud o falta de funcionamiento a la que alude Cristina? Argentina lleva ocho meses de pandemia y el equipo de gobierno ha tenido tiempo de adaptarse a esta nueva normalidad, tal como lo ha hecho el resto de la ciudadanía. La lista de los supuestos apuntados por Cristina es variopinta, pero en todos los casos se trataría casualmente de dirigentes que no pertenecen al kirchnerismo más puro. Con sus aciertos y errores, este es el gobierno de Alberto Fernández y ella se encarga de dejarlo en claro al ratificar la autoridad presidencia. Si alguien tenía alguna duda respecto a quien ejerce el liderazgo, Cristina lo pone de manifiesto: “en la Argentina el que decide es el presidente”. Sus palabras pueden ser leídas como un intento por fortalecer a Alberto Fernández y un reconocimiento a su mayor jerarquía institucional. No obstante, se ha hecho otra interpretación: puede que Cristina sea consciente de los peligros y desafíos de la actual crisis económica e intenta acotar el eventual costo político. De todas formas, de ser este análisis correcto, lo cierto es que el tal propósito no es posible de lograrse. Ella es una parte fundamental de este gobierno y la fundadora de la coalición, por lo que, en caso de haber un ajuste caótico, su prestigio inevitablemente también se vería dañado. Ni Sergio Massa, ni Cristina Kirchner, por más que ambos intenten diferenciarse, saldrían inmunes si el gobierno fracasa.
Los riesgos económicos a los que se enfrenta el Frente de Todos, nos conduce a la tercera certeza: Cristina llamó a un acuerdo amplio para resolver el problema de la economía bimonetaria y con su convocatoria cambió por completo el escenario político. La vicepresidenta brindó un diagnóstico poco claro, que elude la dimensión fiscal, elemento clave pare comprender los fundamentos de economía bimonetaria. Su ausencia preocupa y hace presumir que las conversaciones serían sumamente difíciles cuando se parte de diagnósticos tan disimiles. Sin embargo, la mera convocatoria en boca de Cristina no de deja de ser una sorpresa y libera un obstáculo que previamente existía: si alguien consideraba que la vicepresidenta se transformaría en una barrera para un acuerdo, esto queda en principio descartado. La responsabilidad pasa a ser ahora de Alberto Fernández y, en segundo lugar, de la oposición. Por el momento, no existe una convocatoria formal desde la Casa Rosada, y el gobierno continúa con los parches provisorios sobre la economía bimonetaria.
Cuando por el 9 de julio el presidente Fernández se mostró junto a referentes empresariales, la vicepresidenta lo reprobó a través de un artículo de Alfredo Zaiat. La cuestión puede ser ahora distinta: Cristina advierte los riesgos de la actual coyuntura y probablemente sepa que no podrá evitar los costos políticos si la crisis se agudiza. La carta puede ser utilizada por el presidente Fernández como un espaldarazo para invitar a una convocatoria amplia que discuta un nuevo pacto fiscal en la Argentina y establezca las bases para el despliegue de un plan económico consistente que marque un camino lógico y sustentable. A pesar de la relativa calma cambiaria, el país permanece en una situación de extrema fragilidad. La crisis obliga a considerar la convocatoria de Cristina como sincera y no como una mera cuestión retórica. Un acuerdo económico y social dotaría al sistema político de mayor fortaleza para evitar el colapso.