Con un enorme operativo que incluyó la participación de unos 4 mil efectivos, la Policía bonaerense, comandada por Sergio Berni, desalojó el predio tomado en Guernica. Hubo fuertes enfrentamientos con detenidos y heridos, y algunos desalojados prometieron volver, por lo que una guardia policial permanece en la zona para intentar impedirlo. Entre los últimos que resistían, se entremezclaban las historias de vida desgarradoras con la utilización de algunos grupos radicalizados que se opusieron en todo momento a la negociación llevada adelante por Andrés Larroque.

El componente político peculiar fue que las críticas más duras hacia Berni (y por lo tanto hacia Kicillof) por el operativo de desalojo provinieron de dirigentes cercanos, o incluso pertenecientes, al Frente de Todos (Ofelia Fernández, Gabriela Cerruti, Luis D’Elia, Eugenio Zaffaroni, Hebe de Bonafini).

El mismo día, la Justicia de Entre Ríos falló a favor del exministro Luis Miguel Etchevehere, sus dos hermanos varones y su madre, y ordenó la restitución del campo Casa Nueva. Los militantes que responden a Juan Grabois se retiraron del lugar despacito y sin chistar, pero Dolores Etchevehere fue detenida durante algunas horas tras resistirse a abandonar el campo. Un final precipitado para el Proyecto Artigas, que ni siquiera llegó a cosechar los primeros perejiles.

Aunque Guernica, Villa Mascardi (donde los mapuches aún permanecen) y el campo de la familia Etchevehere, se transformaron, por su atención mediática, en símbolos de las tomas de tierras, se trata solo de tres casos que constituyen un fenómeno mayor, que no es nuevo en la Argentina, y se está replicando con peligrosa fuerza a lo largo y ancho de país. Las ambigüedades del gobierno nacional alimentan la problemática de las tomas y aumentan el costo de cualquier situación. El mensaje contradictorio atenta contra el propio gobierno, ya que una vez producida las usurpaciones no encuentra respuestas rápidas y debe responder luego con mayores costos políticos, tal como sucedió en el predio de Guernica. Recordemos que la propia Sabina Frederic afirmó en agosto (cuando la problemática comenzaba a intensificarse) que la toma de tierras no era un tema de Seguridad. Dos meses después, su par bonaerense desplegó 4 mil policías para desalojar un terreno ocupado. La contradicción de criterios es evidente.

Tantas veces se compara de manera sesgada y simplista el recorrido que está haciendo la Argentina con la Venezuela chavista, que hemos pasado por alto lecciones que pueden extraerse del resto de América Latina. En el fenómeno de la toma de tierras, el espejo correcto es Paraguay y debemos evitar coronarlo con el mismo desenlace.

En mayo de 2012, la finca Campos Morombi de la localidad de Curuguaty, a 240 kilómetros de Asunción, fue ocupada por un centenar de campesinos que protestaban por la escasez de tierras agrícolas. No era la única ocupación, tal como sucede en la Argentina, el fenómeno de las tomas en Paraguay es recurrente y por ese entonces se multiplicaba. El gobierno del presidente Fernando Lugo no reaccionaba: no podía negarse a la demanda de grupos sociales organizados que integraban su electorado y a los que había prometido mejorar su calidad de vida y entregarles tierras, pero al mismo tiempo debía mantener el orden y atender el reclamo de los productores, que aportaban el 35% del PBI. Finalmente, en junio el Ministerio del Interior paraguayo ordenó el desalojo del campo situado en Curuguaty, lo cual terminó en tragedia: 11 campesinos y 6 policías resultaron muertos como resultado de los violentos enfrentamientos. El suceso agravó el clima de tensión y disparó la crisis política que terminó con la caída del gobierno de Lugo. Lección aprendida: el fenómeno de las tomas, una problemática multicausal que en última instancia implica poner en duda a la propiedad privada y en contradicción a la forma de producción capitalista, puede mutar en crisis políticas y sociales severas si no se lo afronta a tiempo y con responsabilidad.

Con el frustrado Proyecto Artigas, llama la atención la ingenuidad no solo de Juan Grabois, sino también del presidente Alberto Fernández que se encargó de mencionar que valora sus ideas. El diagnóstico y el método de Grabois u otras figuras públicas que patrocinan las tomas atrasa varias décadas. En el siglo XXI, la economía del conocimiento es la que genera mayor valor. Las propuestas de estos grupos, en caso de ser sinceras, deberían estar orientadas a mejorar el acceso a la educación para los segmentos más pobres de la ciudadanía.

En el pasado, la tierra era un factor elemental de producción, que posibilitaba una vida digna, pero la realidad cambió diametralmente. Seguir poniendo en agenda estos temas retroalimenta el problema porque los esfuerzos estatales y la atención del presidente Fernández deberían estar dirigidos hacia otros objetivos. En el mientras tanto, los mensajes equívocos que trasmite el gobierno nacional pueden ser interpretados por dirigentes radicalizados como un espaldarazo para actuar impunemente, utilizando a quienes menos tienen para obtener un rédito político. La revolución real no implica, como propone Grabois, sembrar unos plantines de perejil, sino brindar una educación de calidad, en particular relacionada a la ciencia y la tecnología. Solo eso permitirá activar los mecanismos de ascenso social y sacar a millones de argentinos de la pobreza.

La utopía agroecológica que supone el Proyecto Artigas, en el mejor de los casos, significaría un ingreso de subsistencia y una autoexplotación para grupos vulnerables que hace mucho tiempo no tienen en la Argentina la oportunidad de experimentar un proceso de movilidad social ascendente. Solo una economía estable, abierta, competitiva y dinámica puede implicar al menos un piso de igualdad de oportunidades. Pero con una educación de excelencia y políticas apropiadas para promover la economía del conocimiento, estos sectores hasta ahora marginados podrían ser protagonistas de una gran transformación. Bienvenidas las huertas ecológicas y los plantines aromáticos en balcones y jardines. Pero las sociedades progresan gracias al capital humano, al capital social y a la infraestructura institucional. Esa es la verdadera revolución por la que deberíamos militar.