El mensaje de Cristina Kirchner del 27 de octubre ha abierto una etapa epistolar en la República Argentina. Esta semana se conoció una carta del bloque de senadores del Frente de Todos dirigida a Kristalina Georgieva, con críticas y exigencias al organismo que ella dirige. En la misiva piden que no se condicionen las políticas económicas del Gobierno y acordar pagos en “varias décadas”, lo cual parece como mínimo sumamente optimista y como máximo una total fantasía. En términos concretos, el gobierno argentino negocia un programa de Facilidades Extendidas que buscará posponer los vencimientos por 10 años, es decir comenzar a devolver el préstamo recién a partir del 2025.

Resulta improbable que la carta haya amedrentado al FMI o resultado útil para mejorar el rumbo de las negociaciones. De hecho, el efecto logrado podría haber sido precisamente el opuesto. ¿Se trató entonces de un mensaje enviado a las disputas internas del Frente de Todos? ¿Hay quienes quieren despegarse del ajuste encarado desde la Casa Rosada? Es una posibilidad ya que, mientras los representantes del FMI, supuestos destinatarios, se han vuelto a Washington sin ni siquiera inquietarse, dentro del Gobierno sí generó desconcierto y fue interpretada como un obstáculo más en una negociación que, aunque marcha bien, promete ser sumamente compleja.

Podría también tratarse de una cortina de humo para disimular el fuerte recorte en el gasto público, que afecta en particular (aunque no solo) a los jubilados. La retórica encendida y las alusiones al pasado utilizadas por los senadores intentan girar la atención de la opinión pública y convencer de que el único culpable de la situación actual es Mauricio Macri. Sin embargo, incluso dentro de esta lógica, parece no haber sido el momento ni el mecanismo adecuado para desplegar esta estrategia, debido al riesgo implícito de que se ensucien las negociaciones y causar un daño autoinfligido. Lejos de despejarle el camino, a Martín Guzmán le suman nuevas e innecesarias obstrucciones, que a su debido tiempo seguramente deberá explicar ante los funcionarios del FMI.

La carta de los senadores (que se habría elaborado con el beneplácito de Cristina Kirchner, quien preside el cuerpo) rechaza con cierta cuota de miopía la posibilidad de que el FMI imponga un ajuste, en momentos en el que el ajuste ya comenzó, impulsado desde adentro por el presidente Fernández, en un marco en el cual la única política de Estado es colocar parches e ir improvisando al calor de los acontecimientos. En el gobierno se atemorizaron con la vorágine cambiaria de octubre (cuando la cotización del dólar blue rozó los $200 y la del CCL alcanzó los $180) y a partir de ese momento la política económica adquirió un nuevo enfoque. Se utiliza a la inflación para aplicar un fuerte ajuste en el gasto público y, nuevamente, quienes más sufrirán serán los jubilados. También juega su papel la discrecionalidad que otorga nuestro sistema hiperpresidencialista: en 2020 los jubilados recibieron únicamente aumentos por decreto, de la misma forma en que se otorgan y se suspenden los IFEs. Ahora los jubilados recibirán un desdichado 5%, sin que nadie se haya ocupado de aclarar cómo se obtiene esa cifra, en tiempos en los que se discute con virulencia la fórmula de actualización pasada y futura. Esta discrecionalidad extraordinaria con la que cuenta el Poder Ejecutivo le brinda la posibilidad al oficialismo de manejar a su gusto los tiempos de ajuste y alivio en materia de asistencia social, tarifaria y de subsidios, lo cual puede convertirse en una herramienta decisiva en años electorales. En este sentido, si el gobierno prevé que debe ajustar el gasto, lo más probable es que las peores noticias aparezcan en el primer semestre de 2021 y no en medio de la contiende electoral. ¿Habrá PASO? Esto puede cambiar el escenario, ya que anticiparía el calendario electoral y achicaría el margen de acción del gobierno.

Los parches provisorios y la improvisación que despliega el Frente de Todos se ponen de manifiesto con el aporte solidario de las grandes fortunas (aquellos patrimonios superiores a los 200 millones de pesos). El proyecto de ley, que por un momento pareció descartado y fuera de agenda, finalmente obtuvo media sanción en Diputados y va camino a ser aprobado en el Senado. El proyecto impulsado por Máximo Kirchner y Carlos Heller obtuvo 133 votos a favor y 115 en contra. De los 133 que votaron a favor, 19 corresponden a diputados de otras bancadas, incluyendo a dos legisladores pertenecientes a Juntos por Cambio (los jujeños Gabriela Burgos y Jorge Rizzotti). El recuento final confirma que el oficialismo debe pactar con otras fuerzas para poder legislar en la Cámara de Diputados. En términos recaudatorios probablemente no cambie la ecuación, pero representa un triunfo simbólico para el gobierno en el medio de un ajuste que genera un fuerte descontento y por eso necesita enviar mensajes a su base de sustentación.

El mayor riesgo que corre el presidente Fernández es que el ajuste que se está implementando termine golpeando con fuerza a una sociedad exhausta sin que esto devenga en un reordenamiento satisfactorio de las cuentas públicas por la falta de planificación con la que se toman las decisiones. A pesar del pragmatismo mostrado en las últimas semanas, el gobierno continúa sin mostrar una hoja de ruta clara, en un contexto en el cual la situación sigue siendo extremadamente frágil, e improvisa parches y medidas cortoplacistas a medida que los problemas surgen. A la larga o a la corta, el ajuste se sufre y no se compensa con impuestos simbólicos o cartas acusadoras.