Ocurrió el 19 de noviembre de este año, pero pasó totalmente desapercibido. Ese día, un ciudadano llamado Alexis Rubén Molina Aupi, en el marco de la ley 27.275 de acceso a la información pública, solicitó precisiones sobre la vacuna rusa contra el coronavirus.

Puntualmente, lo que pidió el hombre son los detalles del procedimiento de contratación, resultado de las fases de prueba y el plan de vacunación programado.

La respuesta llegó a los pocos días y dejó sin palabras a Molina Aupi: le dijeron que los detalles de la contratación eran"confidenciales".

Todo quedó registrado en una nota (ver al pie) que le envió Juan Manuel Castelli, director Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles al Subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa.

Dice textualmente la misiva enviada por Molina Aupi:

Me dirijo cordialmente a ustedes en mi carácter de ciudadano de la Nación, con el propósito de solicitar se me brinde de forma completa, transparente y comprensible toda la información referente a la adquisición de vacunas para el tratamiento de COVID19, Sputnik V, que el Gobierno Nacional se encuentra tramitando, según información de público conocimiento.

El presente pedido de información pública abarca las cuestiones referentes a la contratación que está llevando a cabo el Gobierno Nacional, incluyendo sus fundamentos, los detalles incluso presupuestarios, antecedentes normativos y de hecho y la evaluación de la oferta completa que justifica la contratación; así como también solicito la información de índole científico-sanitario sobre la investigación y desarrollo de la vacuna, detallando los estudios y pruebas realizadas en cada fase de investigación y/o prueba, sus resultados y grado de eficiencia/eficacia obtenida.

A su vez solicito se me informe detalladamente los posibles efectos adversos que se han detectado en las pruebas de la vacuna.

Por último es relevante se me brinde el detalle y fundamento de la estrategia de vacunación planificada en el país.

Destaco que legalmente el Estado Nacional se encuentra en la obligación de responder a la presente y no se me puede exigir ninguna justificación para requerir esta información pública y tan importante en la situación actual. Pero si de igual manera se me inquiere un fundamento para mi solicitud, indico que el mismo es mi lógica, respetable y atendible preocupación por la Salud Pública, el tratamiento eficiente de la pandemia, el respeto a la población de la Nación y la transparencia debida en el accionar de toda la Administración Pública, la que no debe ser dejada de lado en la situación actual, sino todo lo contrario. Es por lo anterior que, tratándose el caso de un "contrato a riesgos" y "extraordinario" según palabras de la Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, que resulta lógicamente más imperiosa la necesidad de hacer valer el derecho de acceso a la información pública que posee todo ciudadano de la Nación.