El caso ya es conocido. El falso abogado Marcelo D´Alessio, fue denunciado a fines de enero de 2019 por extorsión por el empresario agropecuario Pedro Etchebest, quien afirmó que D´Alessio lo extorsionó en nombre del Fiscal Federal Carlos Stornelli, que llevaba adelante en ese entonces la investigación de los “cuadernos” de la corrupción durante la era k. La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal a cargo de Alejo Ramos Padilla alegando que la reunión dónde se habría llevado a cabo la extorsión ocurrió en la ciudad de Pinamar, cuya jurisdicción depende de Dolores. El juez decidió procesar al Fiscal y también al periodista de “Clarín”, Daniel Santoro, entre otros.

Finalmente, el pasado 11 de diciembre, luego de diversas etapas procesales, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolvió revocar el procesamiento de Santoro, al que se investigaba por presunta extorsión y espionaje ilegal, dictándole “la falta de mérito para procesar o sobreseer a su respecto”, según el fallo de los camaristas Alejandro Tazza, Eduardo Jimenez y Rafael Julián. Sobre la situación procesal del fiscal Carlos Stornelli, el Tribunal marplatense revocó la mayoría de las acusaciones de Ramos Padilla por asociación ilícita, dejando firmes dos de los cargos: la de la cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira y la de buscar información sobre la pareja de su exesposa.

La decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata se produjo luego que el fiscal Juan Manuel Pettigiani dictaminara que Stornelli no había cometido los delitos de asociación ilícita, extorsión y espionaje ilegal, razón por la cual había requerido el sobreseimiento de su colega de Comodoro Py.

Pero sobre el hijo de Pedro Etchebest, de nombre Matías Albano, también pesa un procesamiento. El titular del Juzgado Federal 3 de Mar del Plata, y subrogante del 1, Santiago Inchausti, imputó en agosto de 2018 a quien originó el proceso contra Santoro y Stornelli por reducción a servidumbre de 17 bolivianos que trabajaban en su campo para la explotación de kiwis ubicado en las cercanías de Sierra de los Padres, pero le fue dictada finalmente la falta de mérito. En cambio, su hijo quedó procesado y hasta estuvo detenido en el penal de Ezeiza entre el 30 de agosto y el 17 de septiembre de 2018, según revela el periodista Luis Gasulla.

Actualmente la causa está virtualmente “congelada”, a cargo de la Fiscalía 2, que está subrogada por el titular de la agrupación judicial K Justicia Legítima en Mar del Plata, Daniel Adler, ante la renuncia de Nicolás Czizik. “El expediente está totalmente dormido”, cuenta una altísima fuente judicial. Y añade con cierta sugestión: “No se movió una hoja desde 2019”.  La denuncia en el juzgado de Ramos Padilla fue radicada el 28 de enero de aquel año.

Pese a que en dicho proceso consta que los trabajadores vivían en “casillas precarias con camas, sin baños y colchones en mal estado”, el mismo funcionario afirma que “la causa está floja de papeles, hay que reconocerlo. Pero es sugestivo que no avance”, agregando que “es mucho más llamativo si se tiene en cuenta que desde el Ministerio Público, en la época de Gils Carbó, se le dio mucha importancia a las causas por trata de personas”. Y señala enigmático: “Se lo podría investigar a Etchebest por la millonada que tiene en máquinas agrícolas en su campo, cómo las obtuvo”. Al ser requerido por este asunto, opta por el silencio. En su momento, se dijo que el empresario habría estado ligado a la desaparecida ONCCA, un organismo estatal vinculado a la actividad agropecuaria que estuvo envuelta en un escándalo de corrupción por el otorgamiento de subsidios truchos, cuando el titular de dicho organismo era Ricardo Echegaray, un hombre de fuerte arraigo en Mar del Plata.

Para refrendar el dato sobre la apertura de expedientes por trata que hacía referencia la fuente, basta con repasar unos números: en 2016, durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) impulsó la apertura de más de 1.650 causas, mientras que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) decidió 383 intervenciones. Ambas fueron creadas en 2013.

La instrucción contra los Etchebest comenzó a partir de una denuncia del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, muy activa en Mar del Plata. La titular de dicho Programa, la psicóloga Zaida Gatti, consideró a comienzos de este año quela ciudad “tiene un altísimo nivel de trata de personas”, al tiempo que destacó “la desarticulación de redes afincadas” en el distrito. Pese a ello, llama la atención que no haya información pública sobre la causa 29.337/2018 contra el denunciante de Stornelli, y así mismo que no muestre avances, a pesar que en Mar del Plata dichos procesos cuentan con mucha exposición en los medios. Los casos más rutilantes fueron “Madaho´s”, que causó la renuncia del camarista Jorge Ferro, “La Casita Verde”, “Quinta Gareca”, y “La Posada”, entre muchos otros. Todos a cargo del único juez federal penal de la ciudad, Santiago Inchausti, el mismo que procesó a Pedro y Matías Etchebest.

La Provincia asistió 10.000 casos de víctimas del delito de Trata con fines de explotación sexual y laboral a través de sus programas de Acceso a la Justicia, Asistencia a la Víctima y Rescate y Acompañamiento, durante los primeros nueve meses de Pandemia de Covid-19, según un informe presentado por la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima, a cargo de Lucía Iañez.

La República Argentina asumió el compromiso de luchar contra el delito de Trata de Personas promulgando el 29 de abril de 2008 la ley 26.364, llamada “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas”, que permitió incorporar el delito de Trata de Personas al Código Penal de la Nación. En el marco de dicha norma, se creó en el mes de agosto, también de 2008, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que a partir del 2012 pasó a ser el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas (PNR). El objetivo es realizar el rescate, acompañamiento y asistencia médica, social, psicológica y jurídica a las víctimas.

Según estadísticas oficiales, se rescataron y asistieron un total de 15.271 víctimas en el período comprendido desde abril de 2008 hasta el 30 de junio de 2020, y en la Línea 145, correspondiente al Programa de Rescate, se recibieron un total de 17.077 denuncias vinculadas al delito de trata y explotación de personas, en el período 2012- 30 de junio de 2020. En lo que respecta a las distintas jurisdicciones que conforman nuestro país, Mar del Plata es aquella que más sentencias de carácter condenatorio presenta, exactamente con un total de catorce (14) sentencias condenatorias –no posee ninguna absolutoria-, sobre 10 que presentan las jurisdicciones de Rosario, Paraná y Comodoro Rivadavia, que son las que continúan en mayor cantidad y con respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tan sólo presenta dos sentencias condenatorias. Pese a ello, la causa por la presunta explotación laboral en el campo de los Etchebest permanece “dormida”.

El patrimonio de la familia Etchebest continúa siendo un misterio. En Mar del Plata se estima que hay 400 hectáreas de kiwi. El dato más contundente que refleja la producción de la ciudad es que allí se produce el 80% del kiwi nacional que se consume en el país. Plantar una hectárea de dicha fruta cuesta entre 30 y 40 mil dólares y luego hay que esperar cinco años para empezar a cosechar los frutos. Además, la unidad productiva no puede ser muy chica, salvo que el productor tenga una actividad similar en paralelo. Pero para el que empieza de cero, es difícil que lo haga en menos de diez hectáreas. Y eso significa una inversión de gran magnitud. Pedro Etchebest posee 48 hectáreas.

En el Boletín Oficial se publicó el 5 de mayo de 2010 la constitución de la firma South Star International SA, cuyas autoridades son Matías y Pedro Gastón Etchebest, hijos del empresario. Comenzó con un capital social de $12.000 y tiene domicilio en la calle Bolivar 3330 de la ciudad de Mar del Plata. Sus actividades descriptas son de lo más diversas: desde venta al por mayor de frutas y bienes muebles e instalaciones para la industria, hasta servicios de asesoramiento empresariales y reparación de edificios residenciales.

Otras vinculaciones

Conviene hacer un poco de historia. Para lo cual habría que remontarse a fines de 1999, cuando el gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo una presentación por delitos de lavado de dinero proveniente de la venta de estupefacientes por parte del Cártel de Juárez, en la llamada Operación Casa Blanca. El 8 de diciembre de ese año, el Jefe de Cancillería de la Embajada de México en la Argentina, Jorge Luis Olivares Novales, denunció ante el Departamento de Investigaciones Patrimoniales del Narcotráfico de la Policía Federal que el cártel mexicano había lavado en el país más de U$S20 millones de dólares. Una parte de ese dinero estuvo destinado a la adquisición, entre otros inmuebles, de Rincón Grande, estancia de 1.000 hectáreas situada en el km 28,5 de la ruta 226, a mitad de camino entre Mar del Plata y Balcarce, cerca de Sierra de los Padres. Allí habría vivido un tiempo el propio Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los cielos, líder de la organización.

Los contactos de Carrillo en la Argentina habrían sido el corredor inmobiliario Nicolás Di Tullio, el empresario petrolero Ángel Salvia y el financista Aldo Ducler. Pero lo cierto es que la certificación de esas relaciones se dificulta: los cuatro están muertos. Di Tullio falleció en agosto de 2012 en un accidente automovilístico y Salvia fue acribillado el 6 de mayo de 2007 en Coronel Vidal, presuntamente por el marido de su amante. El primer juez que tuvo en sus manos la causa por la denuncia del gobierno mexicano fue el jubilado Rodolfo Canicoba Corral.

Uno de los querellantes que aceptó Alejo Ramos Padilla en la causa donde procesó a Stornelli y Santoro fue Roberto Porcaro, un personaje muy conocido en las zonas de Necochea y Mar del Plata, según publicó este mismo medio el 28 de marzo de 2019.

Porcaro supo desempeñarse, en los albores de la democracia, como Gerente de Petrolera Mar del Plata, en donde tenía participación Ángel Salvia, presunto testaferro del mencionado Amadeo Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez. Ya en tiempos menemistas, participaron ambos, Porcaro y Salvia, de Rutilex Hidrocarburos Argentina S.A., más conocida como RHASA, donde utilizaron un predio ubicado en avenida Juan B Justo y Reforma Universitaria para montar allí una estación de servicio de la firma. Presuntamente, Porcaro y Salvia colocaron al frente de la sociedad a un camionero semi analfabeto, de nombre Mario, y obtuvieron un préstamo a través de sus contactos políticos, que nunca habrían pagado. Ya con Néstor Kirchner en el poder, crea la agrupación “Compromiso K”, donde también militó Pedro Etchebest.

El Fiscal José María Campagnoli, que fue el primero que se animó a investigar a Lázaro Báez, logró llegar con su pesquisa hasta Roberto Porcaro, a partir de la comprobación de un depósito de un millón de dólares que habría recibido el dirigente de Necochea a través de la operadora de Bolsa Financial Net.

Aquí los caminos comienzan a cruzarse. Ante el avance de las investigaciones, la entonces Procuradora Alejandra Gils Carbó intentó apartar a Campagnoli, disponiendo la conformación de un Jury de enjuiciamiento. Aquel fallido Jury fue presidido por Daniel Adler, Fiscal ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. Se trata del mismo representante del MPF que hoy procura la causa contra Etchebest.

Debido a la falta de avances en la investigación conexa a “La Ruta del dinero K”, que involucraba a Roberto Porcaro, el Fiscal Campagnoli presentó una denuncia en la cual imputó a los funcionarios judiciales intervinientes en la pesquisa radicada en Necochea, entre ellos el Juez Bernardo Bibel, quien integró la Cámara de Mar del Plata cuando el Tribunal de Alzada resolvió confirmar a Ramos Padilla al frente de la instrucción por presunto espionaje. También involucró a Adler, “por la irregular tramitación de la causa en claro beneficio de los imputados”. Ante un nuevo impulso del expediente, el Fiscal de Justicia Legítima se excusó de intervenir al advertir que se encontraba implicado en la causa. Lo mismo hizo Ramos Padilla, quien fuera designado para instruir el sumario abierto a partir de la denuncia de Campagnoli. La razón alegada fue por “compartir con los imputados diversos espacios profesionales”. Pero Bibel nunca se excusó.

Además, cabe recordar que el Juez de Necochea había sido severamente cuestionado el 3 de abril de 2019 en una presentación que hiciera el Fiscal subrogante en Bahía Blanca, Gabriel González Da Silva, por las mismas razones por las que lo hiciera su colega José María Campagnoli. Directamente se solicitó que Bibel sea apartado de aquella instrucción.

No sólo no fue removido del caso, sino que además el 30 de diciembre de 2019, a pocas horas del comienzo de la feria judicial y 20 días después de asumido el nuevo gobierno del kirchnerismo, resolvió dictar la falta de mérito para los imputados, entre ellos el dirigente K Roberto Porcaro.